El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto de procesamiento contra el exalcalde del PSOE de la localidad de Lebrija Antonio Torres, un histórico del partido que gobernó durante 24 años.
Lo hace por su presunta contratación "irregular" en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de la Junta de Andalucía, donde llegó a percibir emolumentos, prestaciones y salarios por valor de 491.203 euros durante ocho años sin que conste que trabajara realmente.
Según reza en el auto, consultado por EL ESPAÑOL, el juez también procesa al ex director general técnico de la citada fundación Fernando Villén. Este tiene otra cuenta pendiente con la justicia por la presunta utilización de varias tarjetas bancarias de la entidad entre 2004 y 2009 en varios puticlubs de la comunidad. En aquellas fechas gobernaba el PSOE bajo el mando de Manuel Chaves, condenado posteriormente por el fraude millonario de los ERE.
El juzgado ha acordado continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas por la contratación del exalcalde cuando dejó la alcaldía en 2003 por su "ilícito" mantenimiento en distintos puestos de trabajo "sin contenido material concreto, creados y atribuidos ad hoc".
Todo ello para justificar y proporcionar, asegura el juez, la ilícita prestación de servicios laborales. Su único mérito fue su afinidad y vinculación personal y política con el ex director general técnico de dicha fundación.
Los delitos
El magistrado considera que los hechos investigados podrían ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Por ello, ha acordado dar traslado a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.
El exdirector de la extinta Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo (Faffe), Fernando Villén.
El instructor relata en el auto que el ex primer edil carecía de aptitudes para poder desempeñar las supuestas funciones, como técnico, que le habrían de ser atribuidas. En concreto, fue contratado como directivo el 1 de julio de 2003 con un contrato de duración temporal, prorrogado y convertido en indefinido con fecha de efectos 1 de diciembre de 2004.
La retribución total era de 46.750 euros anuales y disfrutó durante todo ese tiempo de los beneficios de un alta ficticia en la Seguridad Social como empleado en la Faffe hasta la extinción de ésta y su integración, en mayo de 2011, en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
El exalcalde pidió el puesto
El instructor señala que fue el exalcalde el que se dirigió el entonces director de la Faffe para que le diera un puesto de trabajo tras perder las elecciones. Este accedió y creó un ‘novedoso’ cargo directivo, inexistente en realidad. Es decir, le proporcionó un puesto ad hoc que denominó Dirección de Relaciones Externas, un departamento que carecía de estructura, funciones, sede física y de personal adscrito.
De hecho, el exalcalde ni tan siquiera acudía a la sede de la fundación, nunca participó en reuniones, ni desempeñaba trabajo alguno --era desconocido por otros trabajadores y directivos--, aunque sí se procuró tarjetas de visita o presentación. El juez culmina el auto diciendo que su escasa actividad se limitaba a puntuales contactos con algún político o autoridad.