La 'Administración B' del PSOE engendró los ERE, Invercaria, el 'caso Avales' y Bahía Competitiva

El informe permite aflorar un entramado de casi un centenar de entes -entre fundaciones, consorcios, empresas públicas y agencias-, una auténtica Administración B' que engendró la mayoría de los casos de corrupción socialista en Andalucía. 

Su funcionamiento, sin los controles de la Intervención General y sin la transparencia y la profesionalidad exigible a los funcionarios, permitió generar casos como el de los ERE, Invercaria, Avales, Bahía Competitiva...

Especial protagonismo tuvieron, en este punto, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, conocida como IDEA, y la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), integrada actualmente en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). 

La Faffe llegó a tener un personal de 1.200 trabajadores y fue un coladero donde se le dio un puesto de trabajo a exdirigentes socialistas, familiares y afines al partido. Se fusionó en 2011 con el SAE. En 2016, el por entonces consejero de Empleo, Miguel Ángel Vázquez, llegó a admitir públicamente: "No se puede permitir que haya personal cobrando y mano sobre mano". O sea, de brazos cruzados. 

El consejero socialista emplazaba así a la oposición a apoyar un plan que dotase de funciones a los centenares de empleados que había asumido y que no podían tener atribuciones porque no eran funcionarios.

De Faffe a IDEA

La Faffe tuvo una existencia de ocho años. Sobre ella pivotó un caso de corrupción que lleva su nombre, cuantificado en 55 millones de euros. Saltó a la opinión pública en el ocaso del gobierno socialista. Hubo pago de viajes nunca realizados, anticipos de caja, comilonas cargadas al fondo de reptiles e incluso facturas falsas, como la que sirvió para pagar el cáterin de la caseta de UGT en la feria de Sevilla.

También hubo una caja B, de donde se financiaban tarjetas black con las que se abonaron más de 30.000 euros en prostíbulos en el año 2010. Casi la mitad de ellos se gastaron en una sola noche, en el Club don Ángelo de Sevilla.

Por su parte, la Agencia IDEA, surgida de la antigua IFA (Instituto de Fomento de Andalucía), era la caja pagadora de los ERE fraudulentos y la que servía para avalar los préstamos concedidos por Invercaria, otra empresa pública cuya gestión sigue judicializada por malversar, presuntamente, 28 millones de euros.

La Administración B montada por el PSOE también fue el soporte del caso Avales, en el que entidades financieras ejecutaron avales fallidos por los que tuvo que responder la Junta entre 2010 y 2013 por un importe de 82,44 millones. De ellos, la Junta sólo pudo recuperar 9,11 millones, según un informe de la Cámara de Cuentas andaluza.

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía fue el motor de otro caso de corrupción, el de Bahía Competitiva. Estalló en 2011, al solicitar el Ministerio de Industria la justificación de 14 millones de euros de los fondos Reindus, destinados a la reindustrialización de la Bahía de Cádiz.

Fue entonces cuando salió a la luz que un empresario gallego, Alejandro Dávila Oubiña, había creado tres empresas ficticias para hacerse con esos 14 millones de euros que jamás se recuperaron. La instrucción del caso duro diez años. Fue imputado Antonio Perales, gerente de Bahía Competitiva, a su vez, sobrino del fallecido Alfonso Perales, conocido dirigente socialista.

Los ERE

Pero el caso más conocido de la corrupción del Gobierno andaluz durante los años de gobierno socialista fue el caso ERE, posible gracias al IFA, y posteriormente, a la agencia IDEA.

En 2001, y con Manuel Chaves, como presidente, la Junta de Andalucía aprobó en el Parlamento la creación de una partida presupuestaria, denominada 31L dedicada a respaldar a las empresas inmersas en expedientes de regulación de empleo. Durante diez años, y con cada presupuesto andaluz, la 31L iba dotada con 721 millones de euros, que IDEA repartía a discreción bajo la batuta de la Consejería de Empleo y con el dedo ejecutor de la Dirección General de Trabajo.

El Gobierno autonómico desoyó los informes de la Intervención General de Hacienda de la Junta de Andalucía, que desde 2005 advertía de las "deficiencias" en el traspaso de fondos de la Agencia IDEA a la Consejería de Empleo y a la de Innovación.

El mayor caso de malversación de fondos públicos en España se saldó con la condena de dos expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Constó de Expedientes de Regulación de Empleo fraudulentos, prejubilaciones falsas de familiares y exdirigentes, pero también de mordidas, comisiones e incluso de gasto de dinero público en cocaína. Y todo con implicación de aseguradoras y de los sindicatos UGT y CCOO.

Para la posteridad quedan las declaraciones del presidente de la Junta, Manuel Chaves, que al principio de estallar el caso lo atribuyó a "cuatro o cinco golfos", o la denominación de la partida 31L como "fondo de reptiles" que utilizó el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, ante los agentes de la Policía Nacional. 

También queda para la historia la frase "mi hijo tiene dinero suficiente para asar una vaca" realizada por la madre del ex sindicalista Juan Lanzas, que hizo una fortuna como mediador entre la Junta y las empresas beneficiarias de los ERE. 

Al presentar el informe de las auditorías, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, aseveró que "todos los andaluces merecen el mismo respeto y las mismas oportunidades para acceder a un puesto de trabajo en la administración andaluza".

Reacciones

Fuentes del Gobierno andaluz aseguran a EL ESPAÑOL que el PSOE "tejió un anillo de empresas, agencias y fundaciones que sirvieron en buena medida para recolocar a afines al Partido Socialista y para gestionar con opacidad y saltándose muchos controles. El caso más claro es el de los ERE fraudulentos".

Las mismas fuentes han recordado que los socialistas andaluces "apartaron a la Intervención General y ningunearon sus informes”, mientras que ahora "se ha puesto a la Intervención General al frente, coordinando las auditorías del sector público instrumental".

Quienes han criticado estas auditorías, que han llevado dos años de trabajo, han sido los sindicatos CCOO y UGT. Las califican de "tendenciosas" y de "obsoletas e incompletas".

El flamante secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha afirmado, por su parte, que estamos ante "informes políticos, mal llamados auditorías" que no reúnen "los requisitos mínimos de objetividad".

Espadas también ha advertido que desde el PSOE andaluz no aceptarán una "reducción drástica de empleo público, con la pérdida de puestos de trabajo en organizaciones administrativas o del sector publico, sencillamente porque ahora haya quien quiera adelgazar".