Susana Díaz en su toma posesión junto a Chaves y a Griñán.
Las auditorías de la Junta destapan 37 años de "engorde artificial" de la Administración andaluza
El Gobierno andaluz avisa: "Si se derivan consecuencias administrativas o penales, tendrán que asumirlas aquellos que tomaron decisiones".
28 julio, 2021 02:18Noticias relacionadas
"Duplicidad de funciones y competencias", "externalización frecuente de actividades en las que la propia Administración tenía competencias", "solapamientos que dificultan el cumplimiento de los propios fines de la Administración", "caos organizativo", "mala organización en la gestión de bienes y activos", "irregularidades en la contratación", "sueldos por encima de la media del mercado", "entes que podrían ser extinguidos o integrados en otros, por falta de actividad o por no cumplir los objetivos que se marcaron para su creación", "entes y fundaciones que durante años o bien no han desarrollado actividad alguna, o bien no cumplen su fin como ente público o bien no responden a sus objetivos fundacionales, "engorde artificial de la Administración"... Este es el panorama desolador que dibuja el informe de las 54 auditorías encargadas por la Junta para analizar la gestión del PSOE en las cuatro décadas en las que gobernó Andalucía.
El rosario de irregularidades, cuanto menos, "deshonestas" según el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, aparece recogido en el informe que resume inicialmente las auditorías de la denominada "Administración paralela". Un entramado en el que, según el informe, había desde duplicidad de cargos y competencias, a sueldos con diferencias salariales de hasta 30.000 euros para un puesto administrativo de la misma categoría.
Aprobado en el Consejo de Gobierno, el documento resume en 37 folios los más de 6.000 que han servido de base para las auditorías efectuadas a cerca de un centenar de entes públicos, entre fundaciones, consorcios, empresas públicas y agencias de todo tipo.
Algunos de estos organismos no tienen ni siquiera ocupación real, como el Parque Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor (Sevilla), sin actividad desde hace años y sin que jamás haya albergado a empresa alguna en sus más de 150.000 metros cuadrados.
Dada la enormidad de la red, se ha podido analizar solo un año, 2018, el último de gobierno socialista. La magnitud de la documentación es tal que se ha dividido en 16 lotes para poder ser auditada por distintas empresas.
Millones de la UE
El informe inicial, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, indica que resulta "especialmente llamativo el caso del SAE", el Servicio Andaluz de Empleo, cuyo papel "como intermediador para resolver la situación de los andaluces en desempleo ha sido muy ineficiente", arrojando un dato demoledor: en 2018 presentó 12 ofertas de empleo por cada 1.000 demandantes de media.
El documento destaca que el SAE "sí ha servido para resolver el horizonte laboral de todos los extrabajadores de la Faffe" (Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo). Creada en 2003, la Faffe funcionó como una agencia de colocación inmensa, con más de 1.200 empleados, en su mayoría afines al PSOE, como exalcaldes y familiares.
En la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) el análisis advierte de 7,8 millones de euros de los fondos europeos Feder "que ha habido que descertificar por irregularidades en el gasto".
También se pone el foco sobre el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), "por obligaciones con antiguos acreedores de los consorcios integrados: no constan pagos en el período 2016 a 2018".
El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Regeneración, Juan Marín, ha advertido de que, si de los informes de las auditorías "se derivan consecuencias administrativas, penales, o del tipo que sean, tendrán que asumirlas aquellos que tomaron decisiones", porque desde la Junta pondrán "en conocimiento de la autoridad competente todas las irregularidades" que se detecten "para que se tomen decisiones".
El descontrol en el personal de algunas de estas 92 entidades, con duplicación de cargos y funciones, se pone de manifiesto por cuanto todas ellas reúnen 66 convenios colectivos distintos, de los cuales 43 son propios y 23 sectoriales. Entre ellos destaca el Servicio Andaluz de Empleo, cuyo personal se rige hasta por 14 convenios distintos.
Los seguros
La falta de control administrativo del sector instrumental andaluz se refleja igualmente en la contratación de los seguros. El personal de estos entes, según ha podido saber EL ESPAÑOL, venía disfrutando de seguros privados de vida, accidentes y de responsabilidad civil que eran formalizados directamente por cada ente, generando un gasto total de 921.441 euros anuales.
Desde 2018, la Administración autonómica ha adscrito ya al 98% de los empleados de empresas y fundaciones públicas al seguro de la Junta de Andalucía, ahorrando así 462.500 euros.
Hasta 2018 existían entidades cuyos empleados disfrutaban incluso de pólizas de seguro médico privado, como la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el personal cooperante en el exterior, la Empresa Pública de Gestión de Activos (EPGASA), la Fundación Pública Andaluza Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada, con diez trabajadores o el Servicio Andaluz de Empleo para el personal de la Escuela de Formación de Gelves (Sevilla).
En definitiva, lo que se ha hecho es "poner orden" en todos estos seguros que cada empresa o agencia contrataba de forma individual, según fuentes del Gobierno de la Junta.
Juan Marín, al informar de todos estos datos, ha sido rotundo: "Ya nadie va a volver a cobrar más o menos porque tenga un carné político, ni va a entrar en la Junta si no es con un procedimiento regulado por la ley".
