Así se desmadraron las fundaciones de la Junta: sobresueldos, plantillas largas y dinero marroquí

Las auditorías de las dos primeras ya se han hecho públicas, no así la de la tercera, pero hay materia suficiente para hacerse una idea clara del desmadre en que se convirtió la Administración paralela montada por el PSOE.

El informe sobre la Fundación Legado Andalusí es demoledor y revela lo excesivo de tener una plantilla de 20 trabajadores para la labor que realizan. La auditoría también desvela los sobresueldos que se han percibido sin justificación y las generosas nóminas que perciben algunos técnicos, muy superiores a su categoría profesional.

Creada en 1995, algunos de sus objetivos fundacionales son “dar a conocer la civilización hispano musulmana, sus manifestaciones artísticas, sus monumentos y nuestras relaciones históricas y sociales con el mundo árabe". También, "integrar las distintas aportaciones culturales, difundir el papel de España y Andalucía como puente cultural entre Oriente y Occidente, y sus relaciones con el Mediterráneo e Iberoamérica".

La inspección estima que el presupuesto dedicado a “actuaciones culturales e históricas coherentes con los fines de la Fundación” sólo supone en los últimos ejercicios “menos del 8% de los gastos totales”, por lo que “el grado de cumplimento de este indicador es muy bajo”. Asimismo, destaca que sólo es capaz de generar un 9% de ingresos. El resto lo aporta íntegramente la Junta de Andalucía. “Esta falta de inversiones por no generar beneficios, impide que se puedan presentar proyectos europeos”.

Pero, además, la fundación destina un 88,53% de su presupuesto al pago de nóminas: 945.705 euros. La auditoría estima que “este dato es alarmante y no hace más que constatar que el problema principal que presentan los presupuestos de la propia Fundación es el destino mayoritario de sus ingresos a sufragar los sueldos y salarios de los trabajadores”.

“Además del sobre dimensionamiento de la plantilla, algunos de los trabajadores realizan funciones o actividades diferentes a los de la categoría profesional que figura en sus contratos, por lo que existe una falta de planificación en la definición de los puestos”, continúa el informe.

Los auditores ponen varios ejemplos, como el de una trabajadora contratada bajo la categoría profesional de técnico de gestión, con un salario según el III Convenio Colectivo Interprovincial de la Empresa Pública Turismo Andaluz, S. A. Según este convenio, el salario base mensual que debería percibir como técnico de gestión Nivel II es de 1.904,76 euros. “En cambio, su salario base mensual es el propio de un jefe de área, 2.617,99 euros”. Y añade que “se puede comprobar que las funciones desempeñadas no son acordes a las propias de una jefatura”.

"Nuestros símbolos"

La auditoría destapa un caso aún más sangrante: el de un trabajador con un contrato laboral perteneciente al grupo I como jefe de unidad, “pero no desempeña ninguna función propia de esa categoría profesional, sino más bien las propias de un auxiliar administrativo”, sin la asunción de responsabilidades que justifiquen el salario propio de un jefe administrativo. Por ello, el salario atribuido en concepto de jefe de unidad, que asciende a 36.651,93 euros, “resulta excesivo para el trabajo efectivamente desempeñado”.

El informe señala que estas irregularidades afectan a cuatro de los cinco técnicos calificados como Grupo I, pues perciben salarios no acordes con las funciones que desempeñan. “El encuadramiento profesional, los contratos y las funciones desarrolladas deben equilibrarse de forma inexcusable”, para que sean más acordes con la media del mercado, eliminándose todos los complementos que sean superfluos”.

Pero hay más. “La carga de trabajo de al menos el 50% del personal está muy por debajo de lo razonable”, es decir, se trabaja poco. De hecho, el auditor plantea la posibilidad de prescindir de la mitad de los trabajadores. Y en la inspección han salido a la luz “numerosos complementos inadecuados, desvirtuados y excesivos”.

Cuando el Gobierno de Juanma Moreno anunció la supresión de esta fundación, conforme iba conociendo los primeros resultados de la auditoría, el PSOE le acusó "devastar nuestros símbolos". La sentencia es de la parlamentaria Teresa Jiménez, que preguntó "qué iba a pasar con el personal" tras la fusión.

Tres Culturas

En cuanto a la Fundación Tres Culturas, los resultados de su auditoría no se han publicado todavía en el Portal de Transparencia, pero pondrá de manifiesto lo que ya indican los análisis financieros: que los gastos de personal implican "un porcentaje muy elevado" del total de gastos de la Fundación. En el ejercicio 2019 ascendieron a 1.552.557,74 euros.

Dedicada a poner en marcha proyectos culturales que promuevan el diálogo, la paz y la convivencia entre los pueblos del Mediterráneo, se creó a partir de una iniciativa bipartita entre la Junta de Andalucía y el Reino de Marruecos, que es, además, su principal fuente de ingresos.

La propia Fundación tiene publicadas en su web las auditorías financieras de 2017, 2018 y 2019. De un total de 17.910.934,36 euros de presupuesto, el rey Mohamed VI aportó en 2018 y 2019 16.227.326,82 al fondo propio de la Fundación. El resto lo aportan los otros miembros del Patronato, en mucha menor cuantía.

Cabe reseñar que en el portal pueden consultarse las auditorías a partir de 2012, si bien éstas, en no más de tres folios, nunca han detallado el origen de las subvenciones que recibe.

La entidad aprobó en marzo del año pasado su primer Convenio Colectivo, lo que evidencia que en sus 25 años de existencia los trabajadores han carecido de una normativa propia que estipulara el funcionamiento de la plantilla, que asciende a 31 trabajadores.

Fundación Barenboim

El tercer ente llamado a desaparecer para fusionarse es la Fundación Barenboim-Said. Constituida en 2004, su objeto fundacional es “promover el espíritu de paz, diálogo y reconciliación, fundamentalmente a través de la música”.

Con 19 trabajadores, algunos de ellos a tiempo parcial, y un presupuesto anual de poco más de un millón de euros, el informe pone de manifiesto que el coste “es equilibrado" y destaca que hay un amplio porcentaje del gasto anual "destinado a la realización de las actividades fundacionales”.

Entre sus debilidades, señala la falta de capacidad de autofinanciación, fallos en la capacidad de desempeñar una adecuada dirección de la organización, “por la falta de personal, que hace que las actividades se atiendan sin un orden o priorización estratégica”.