El Gobierno andaluz aprueba la rebaja fiscal de la Ley de Tributos Cedidos con el apoyo de Vox

El Gobierno de la Junta de Andalucía (PP y Cs) ha logrado sacar adelante con el apoyo de Vox la aprobación de la Ley de Tributos Cedidos, que supone la materialización de una importante rebaja fiscal en la comunidad autónoma andaluza.

Es fruto de dos proposiciones de Ley, una presentada por PP y Cs y otra presentada por PP y Vox que se unificaron en una sola el pasado mes de mayo. La medida ha contado con el rechazo de PSOE, Unidas Podemos por Andalucía y los diputados no adscritos.

La antesala a la postura de rechazo del Grupo Socialista a la Ley de Tributos Cedidos tuvo lugar en el punto anterior, el de la enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Tasas, presentada por el Grupo Socialista, que se ha quedado solo en la votación recabando 34 votos a favor, 62 en contra y 11 abstenciones.

La Ley de Tasas actualiza los precios públicos de los servicios prestados por la Junta de Andalucía tras 33 años sin modificarse. Ha sido, según el consejero de Hacienda, Juan Bravo, “fruto de un trabajo administrativo y técnico” que ha durado “cinco años”. La ley elimina cuatro tasas por servicios públicos que ya no existían y baja otras 36.

Por ello, y al pasar ya al debate del punto de la Ley de Tributos Cedidos, Alejandro Hernández, diputado de Vox, se dirigió a la bancada del PP para reprocharles la confianza depositada en el PSOE en la negociación del presupuesto andaluz para el próximo año. Hernández advirtió que su formación iba a apoyar al Gobierno andaluz (PPy Cs) tanto en el rechazo a la enmienda presentada por el Grupo Socialista “porque la Ley de Tasas es un proyecto de Vox”, como a la aprobación de la Ley de Tributos Cedidos.

Por su pare el consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha señalado que se trata de "una bajada de impuestos que sitúa a Andalucía entre las comunidades autónomas con una fiscalidad más favorable", y ha enfatizado su “carácter social”, ya que es especialmente sensible con determinados colectivos.

El consejero ha incidido en que las medidas recogidas en la Ley se marcan como objetivo “fomentar el acceso a la vivienda, apoyar a las familias y a las personas con discapacidad, a los creadores de empleo: empresarios, emprendedores y autónomos, y hacer frente al reto demográfico en municipios de menos de 3.000 habitantes”, entre otros. Finalmente, la Ley se ha aprobado con 58 votos a favor y 55 en contra.

Las deducciones

La medida fiscal supone ampliar el umbral de deducciones tanto en la tributación individual (de los 19.000 euros actuales se pasa a los 25.000) como conjunta (de 24.000 euros a 30.000). La inversión por vivienda individual la deducción sube del 2% al 5% para viviendas protegidas y con un comprador menor de 25 años.

También quedan establecidas las deducciones para el alquiler de la vivienda habitual. Será de un 15% con un límite máximo de 600 euros al año para inquilinos menores de 35 años, mayores de 65 o víctimas de terrorismo o violencia de género. El límite anual para personas con discapacidad queda fijado en 900 euros.

En cuanto a las familias, la Ley de Tributos Cedidos recoge que las familias con hijos al cargo podrán deducirse 200 euros por cada hijo, tanto nacido como adoptado. Además, si la familia reside en un municipio de menos de 3.000 habitantes, la deducción será de 400 euros, al considerarse habitantes de zonas en riesgo de despoblación.

En el caso de que la adopción será internacional, la deducción aumenta hasta los 600 euros por cada hijo adoptado, si bien en este caso el límite de tributación sube hasta los 80.000 euros en caso de ser individual o a los 100.000 si es conjunta.

Las familias numerosas podrán deducirse 200 o 400 euros, en caso de ser de categoría general o de categoría especial, respectivamente. Igualmente, la Ley prevé una deducción del 15% en gastos de idiomas e informática, con un límite de 80.000 euros.

En el impuesto sobre Patrimonio los cambios afectan sólo a las personas con discapacidad. Así, cuando la discapacidad está entre el 33% y el 65%, el mínimo exento pasa de los 700.000 euros anuales a los 1.250.000 euros. Para grados mayores de discapacidad, la exención llega hasta los 1,5 millones de euros.

También queda modificado el Impuesto de Sucesiones y Transmisiones. En Sucesiones, no computará el patrimonio preexistente, y los coeficientes no superarán, por lo general, el 45%. Por primera vez quedan equiparadas las parejas o las uniones de hecho, inscritas oficialmente, a los cónyuges.

En las herencias a favor de hermanos, tíos y sobrinos se reduce el tipo hasta un 45%. Si la herencia recibida es una vivienda habitual, se pasa de una escala en función del valor del inmueble del 95% al 100% a un único porcentaje del 99% en todos los casos.

En cuanto al Impuesto de Transmisiones patrimoniales, pasa a ser un tipo único del 7%; en los actos jurídicos notariales, el gravamen queda fijado en un 0,3% en todos los casos.