El Ayuntamiento de Higuera de la Sierra, condenado por despedir a una embarazada

Rosario (nombre ficticio) se había hecho una inseminación artificial tras varios años intentando ser madre. Dada su ilusión, en su trabajo todos sabían que había comenzado con un tratamiento de fertilidad previo a la inseminación.

Una vez efectuada, el ginecólogo le recomendó que se quedase en casa unos días, y  le dio una baja temporal por incapacidad para favorecer la implantación de la célula embrionaria. Que estuviera tranquila, sin esfuerzos, sobresaltos ni disgustos.

Eso fue el 26 de febrero de 2016. Quince días más tarde, el 10 de marzo, recibió una carta notificándole el despido, según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Ahora, los tribunales le han dado la razón por segunda vez a Rosario y el Alto Tribunal andaluz ha ratificado como nulo el despido, ya que cuando éste se produjo estaba embarazada. La parte demandada no ha recurrido... porque, al mismo tiempo que recurría la primera sentencia, llamó a Rosario para que se incorporara a su puesto de trabajo.

La rocambolesca historia de este despido no proviene de un malvado empresario, sino del Ayuntamiento de Higuera de la Sierra (Huelva), gobernado por el PSOE. El consistorio argumentó que no podía regirse por los criterios de una empresa privada al ser una administración pública, y que habían aplicado recortes salariales a los funcionarios. El juez estima que ser un Ayuntamiento no le exime de cumplir con el Convenio Colectivo Estatal de Educación infantil, y que a todos los efectos, "en tanto que explota o regente (...) la guardería infantil, tiene la condición de empresario".

El caso ha estado judicializado durante seis años, y hoy aún colea. Todavía se está calculando el abono salarial que se le adeuda a Rosario por el tiempo que estuvo sin trabajar, más indemnización e intereses.

El secretario del Ayuntamiento era quien firmaba aquella carta en la que que le comunicaba su despido como personal laboral indefinido en la Guardería Municipal, alegando que el consistorio se veía obligado a ello para aplicar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, porque necesitaba ahorrarse su sueldo.

"Pero lo cierto es que al poco tiempo contrataron a otra monitora", cuenta A., por aquel entonces miembro del sindicato CSIF, cuyos servicios jurídicos se encargaron del caso de Rosario. "Así que, si era por motivos económicos, no tendrían que haber contratado a nadie en su lugar".

Tras ganar en primera instancia, a Rosario, sorprendentemente, la llamaron un día del Ayuntamiento y le dijeron "que para pagarle estando en su casa, que se incorporara al trabajo. Lo hicieron así porque sabían que iban a perder el caso", explica A.

El de Rosario no fue el único despido. Hay otros cuatro más. Son ‘los cinco de Higuera’ pues además de a esta mujer, se despidió a Francisco, el enterrador del pueblo, al jefe de Servicio y al electricista municipal. Dos de ellos se avinieron y aceptaron las condiciones del despido objetivo.

Luego, "tanto el puesto de Francisco como el de electricista se adjudicaron a empresas externas, con lo que el supuesto ahorro no fue tal. Porque se excusaron en la no viabilidad económica, pero contrataban luego para cubrir los puestos" sostiene A.

Antonio es otro de esos cinco. "Los despidos fueron un poco a dedo. Yo denuncié y gané: despido improcedente". Antonio es discapacitado, y tras el despido, es vendedor de cupones de la ONCE. Estuvo 11 años trabajando en el Ayuntamiento, los últimos cuatro, como encargado del área de Servicios, dentro de la plantilla de personal laboral indefinido.

"A mí me despidieron y yo tenía una discapacidad. Me tuvieron que indemnizar, pero lo que me dieron no era lo que me correspondía, así que el caso sigue judicializado. Hoy todavía no me han pagado todo lo que me deben", sostiene Antonio a EL ESPAÑOL.

Antonio no tiene ninguna duda de que los despidos "fueron por motivos ideológicos. Porque además nuestros puestos los cubrieron metiendo a otros. El electricista que está ahora es el padre de una concejala, que es autónomo". Eso mismo sostiene A., quien advierte que, cuando despidieron a Rosario, "metieron a una que iba en la lista del PSOE".

Mario Domínguez es el portavoz del PP, el único grupo de la oposición que tiene el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Higuera de la Sierra. "Cuando esto ocurrió se formó un enorme alboroto. Sobre todo, por lo que le hicieron a Rosario. El alcalde decía que no era cierto que estuviera embarazada, pero lo estaba, por inseminación, y ella lo avisó. La cosa era que se sabía que la echaban porque entró a trabajar durante el mandato del anterior alcalde, que no era del PSOE".

A. es la quinta damnificada y también está a la espera de sentencia. En su caso, tiene una enfermedad que le ha causado una incapacidad permanente y total. A ella no la despidieron, pero le adeudan salarios, por los que demandó al Consistorio. "Lo de pagar… antes de dejar de trabajar me debían las vacaciones y me las pagaron a los dos años". Ahora, tiene pendiente el abono del cien por cien del salario durante las bajas que precedieron a la incapacidad. "Demandé, recurrieron y aún no tengo sentencia. En estos años todavía no he visto un euro".

EL ESPAÑOL contacta con el Ayuntamiento de Higuera de la Sierra para recabar su versión. Al otro lado de la línea, y tras relatar el asunto, responden que no hay nadie. La persona encargada de asuntos de Personal está de vacaciones y tampoco está el alcalde. "Llame después de las Navidades, pero no el lunes 27, sino ya cuando pasen los Reyes".