El historial delictivo de Juan Francisco Trujillo es largo. Más conocido como el 'chófer de la coca' era el conductor de confianza del que fuera director general de Trabajo ya fallecido Javier Guerrero y condenado por el caso ERE, junto a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Trujillo ya ha estado en prisión por evasión fiscal, precisamente por no declarar las ayudas que recibió de casi 1,5 millones, por las que será juzgado el próximo mes de septiembre. Sólo en la causa de estas ayudas fraudulentas llegó a estar imputado por 11 delitos.
La primera vez que pisó la cárcel fue en la campaña electoral de las elecciones andaluzas de 2012. La instructora del caso ERE, la juez Mercedes Alaya, lo envió a prisión tras escuchar que gastaba 25.000 euros mensuales procedentes de ayudas de los parados andaluces en cocaína junto a su jefe. De ahí, su apodo.
Le contó con detalles que compartió "maratonianas jornadas" con Guerrero y que él mismo elaboraba las bolsitas con la droga que compraba en las Tres Mil Viviendas. Algo que el propio Guerrero negó posteriormente con aquella famosa declaración cuando dijo que sus únicos vicios eran los cigarrillos de Malboro y los gintonics de Beefeater.
Javier Guerrero fue el brazo ejecutor de la trama de los ERE y quien manejó sin control hasta 679 millones de euros repartidos en ayudas y subvenciones fraudulentas de la partida 31-L, más conocida como 'el fondo de reptiles'. Lo hizo durante casi diez años a través de un sistema creado al margen del Presupuesto andaluz y de los interventores, con la supervisión de superiores suyos.
Casi 1,5 millones de euros
En concreto, será juzgado por recibir casi 1,5 millones de euros, por mediación de su jefe, que nunca se destinaron a proyectos de inversión para los que fueron solicitados. Realmente los gastó, según su propia declaración, a la adquisición de fincas, un piso, y el resto a la compra de cocaína, alcohol, antigüedades, regalos... que compartía a la vez con el propio Guerrero.
Trujillo era personal laboral fijo de la Junta con categoría de conductor, asignado a Guerrero. Según la Fiscalía, ambos idearon la constitución de sociedades mercantiles con el fin de financiar falsos proyectos de inversión con fondos públicos de la citada partida 31L.
El Ministerio Fiscal precisa que estas sociedades eran Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena. Según la investigación, fue el propio exdirector el que suscribió el 5 de febrero de 2004 un documento en el que certificaba que se había concedido sendas subvenciones de 450.000 euros a dichas empresas.
Asimismo, asevera que Guerrero y Trujillo, de común acuerdo y con ánimo de ilícito enriquecimiento, decidieron que Isidoro R. E., presentara como promotor ante la Dirección de Trabajo un proyecto, sin fecha, para el emplazamiento de otro proyecto, una granja avícola. Para ello necesitaba una subvención más de 450.000 euros.
Anticorrupción afirma que, en la tramitación del pago de estas cantidades como ayudas o subvenciones a las tres sociedades mencionadas, se prescindió total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, concediéndose por Guerrero sin competencia legal para ello.
La Fiscalía añade que el chófer, como persona autorizada en las cuentas bancarias de las tres sociedades, dispuso del total de 1.350.000 euros transferidos por la agencia IDEA, ya desaparecida, como si de una caja única se tratara sin ejecutar ninguno de los proyectos de inversión.
14 años de prisión
El próximo mes de septiembre, Trujillo volverá a sentarse ante un tribunal. La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha fijado para los días 5, 9, 14, 15, 16, 23 y 30 del citado mes el juicio de esta pieza separada de la macrocausa de estas ayudas autonómicas.
También se sentarán en el banquillo el administrador de una de las empresas del exchófer, Isidoro R. E., y el que fuera directivo de Vitalia Antonio A., Éste último ya está condenado por la pieza separada relativa a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco). El propio Javier Guerrero no lo hará al haber fallecido hace año y medio.
Así figura en una diligencia de ordenación emitida el pasado 21 de marzo por dicha instancia judicial y recogida por Europa Press. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido 14 años de cárcel, 30 años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 1.475.028,01 euros para el exchófer de Guerrero. Para los otros dos, seis años de prisión.
En el escrito de acusación, agrega que, en abril de 2007 y al no disponer de liquidez para poder atender todos los gastos reflejados anteriormente, Guerrero y Trujillo contactaron con el otro acusado para que se preparara una póliza de seguros. En ella debía figurar como persona asegurada y beneficiaria la madre del exchófer y como tomadora la Dirección de Trabajo.
La Fiscalía sostiene que, para poder acceder a esta cantidad, Trujillo imitó la firma de su madre, que recibió en su cuenta bancaria 120.028,01 euros. Una cantidad, que tanto él como Guerrero supuestamente siguieron gastando a su antojo y sin control.