Un exconsejero condenado por los ERE: las ayudas eran a "demanda" sin "convocatoria específica"

Las piezas separadas del caso ERE siguen juzgándose en la Audiencia de Sevilla. En estos días se está celebrando el tercer juicio de la macrocausa por las ayudas, en este caso, de ocho millones de euros a las empresas del corcho de la Sierra Norte de Sevilla.

En el mismo se están juzgando únicamente a los beneficiarios como cooperadores necesarios de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y no las autoridades que las otorgaron.

Entre los primeros se encuentran Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente socialista de la Junta José Rodríguez de la Borbolla y exalcalde de Cazalla de la Sierra por el PSOE, como socio mayoritario de las empresas investigadas. También el actual alcalde de la localidad, el socialista Sotero Manuel Martín Barrero, dos empresarios y un responsable bancario.

Entre los segundos, los exconsejeros socialistas de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, ambos condenados a siete años de prisión en la pieza política del caso ERE, junto a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. 

No son juzgados dos veces

Tanto Viera como Fernández se han sentado en el banquillo como testigos, en aplicación del principio "non bis in ídem", según el cual una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos. Y el primero ha señalado, a preguntas del Ministerio Fiscal, que "no existía una convocatoria específica" de estas ayudas, sino que la Administración actuaba "a demanda".

El que fuera consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico entre los años 2000 y 2004 ha defendido que, en aquellos tiempos, el "proyecto político" del PSOE contemplaba medidas de apoyo para empresas en situaciones de dificultad.

Por ello, se incluyeron políticas para atender esas situaciones en el acuerdo de concertación social firmado entre la Administración andaluza, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos mayoritarios.

"Los empresarios lo sabían"

Ante las preguntas de la fiscal sobre el conocimiento general o no de tales ayudas, Viera ha respondido que merced a ese "diálogo social", resultaba "lógico pensar que los empresarios lo sabían". "La CEA lo sabía y firmó ese acuerdo", ha insistido respecto al pacto de concertación social.

En cuanto a los requisitos, Viera ha recordado que estaban establecidos a partir de una situación de crisis empresarial, citando casos como el del cierre de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) o la crisis de la cuenca minera de Huelva.

También Viera ha defendido que como consejero, él "en ningún caso" trabajó con los expedientes y documentos relacionados con las ayudas, pues tales aspectos estaban encomendados a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, que ostentaba el fallecido Javier Guerrero.

"Normativa suficiente"

Por su parte, Antonio Fernández, primero viceconsejero de Empleo y después consejero del ramo en sucesión de Viera, ha coincidido en que para la distribución de los fondos de la partida presupuestaria 31L no había "bases publicadas" en ningún "boletín oficial".

Los requisitos rezaban en el acuerdo de concertación social con la patronal y los sindicatos, lo que considera una "normativa suficiente". Fernández, quien también fue condenado por las ayudas a la empresa Acyco en el primer juicio que se celebró tras la pieza política, ha asegurado que él no tomó decisiones de ningún tipo, sino la misma Dirección General de Trabajo.