Ya no hay escapatoria. Con toda probabilidad, el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ingresará a principios del próximo mes de diciembre en prisión para cumplir su condena de seis años de cárcel por el caso ERE. Sólo el indulto o la rebaja del delito de malversación que el Gobierno negocia con ERC podría librarle de esta pena, pero tendrá que ingresar.
"No hubo un gran plan, pero sí hubo un gran fraude". Aquellas palabras que pronunció el expresidente socialista a las puertas del Tribunal Supremo, donde fue citado a declarar por su condición de aforado (era senador), cayeron como un jarro de agua fría en Andalucía. También en el PSOE andaluz y en Ferraz hace ahora siete años.
Fue en abril de 2015, después de que la jueza Mercedes Alaya lo preimputara junto a Manuel Chaves y otros cinco ex altos cargos socialistas por el caso ERE. Alaya tomó esta decisión al considerar que Griñán tuvo pleno conocimiento del sistema que se había establecido en la Junta para repartir casi 680 millones de euros de manera arbitraria, sin ningún control administrativo.
Él admitió que "algunos controles pudieron fallar", pero no que hubiera una auténtica estructura fraudulenta y que, en cualquier caso, la Intervención de la Junta nunca le alertó. De hecho, desde su entorno aseguran que no encuentra respuesta a las preguntas que siguen martirizándole: "¿De qué se me acusa?" "¿Por qué se me condena? Yo no he hecho nada, no he consentido nunca nada".
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Cuatro años después, en 2019, la Audiencia consideró probado el relato de hechos realizado por la juez Alaya. La Audiencia condenó a Griñán seis años y un día de prisión por un delito de malversación y a quince de inhabilitación por otro de prevaricación. Tres años después el Supremo confirmó esta pena. Y, ahora, a principios de diciembre Griñán deberá ingresar en prisión, junto a otros siete ex altos cargos condenados.
Este martes, el mismo día que recogió la notificación por la inhabilitación, la Audiencia comunicó a su defensa que deniega la suspensión de la ejecución de su ingreso en prisión y le da diez días de plazo para ingresar en la cárcel. "No concurre circunstancia alguna que aconseje la suspensión de la pena", mantienen en el auto los magistrados.
Este plazo comenzará a contar cuando la resolución sea firme. Aún cabe recurso de súplica, para lo que el tribunal concede a las defensas dos días hábiles, que empiezan a contar este miércoles y finalizan el viernes. Tras ello, la Sección Primera dará traslado de los recursos a la Fiscalía Anticorrupción y a la acusación popular, que ejerce el PP, con el fin de que puedan formular alegaciones, en un breve plazo.
Una vez entregados todos los informes y la citada resolución adquiera firmeza, el tribunal estipulará la fecha tope de ingreso en la cárcel. Fuentes judiciales consultadas por EL ESPAÑOL aseguran que la próxima semana puede estar resuelto todo el trámite, por lo que a principios del próximo mes, como muy tarde, Griñán tendrá que ingresar en prisión.
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De nada han servido los alegatos de su abogado, incluyendo la petición de indulto al Gobierno, el incidente de nulidad al Supremo, el recurso al Constitucional y la apelación a otras circunstancias personales como la edad (tiene 76 años) o su estado físico, para frenar la cuenta atrás. Los magistrados dejan estas circunstancias en manos de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, una vez que empiece a cumplir la pena.
Otra cuestión distinta sería que el Gobierno resolviera a favor en los próximos meses el indulto solicitado por su familia. Cuando el expresidente de la Junta entre en prisión, se estipulará la liquidación de su condena y se realizará una estimación del tiempo de cumplimiento.
Si hubiera indulto, habría que revisar esa liquidación y comprobar la pena exacta que le quede por cumplir. Si es inferior a dos años, sí podría aplicarse la suspensión.
La malversación
La modificación del delito de malversación, que reclaman ERC y Unidas Podemos, también podría beneficiarle. Si Pedro Sánchez aceptara esta propuesta, el expresidente andaluz podría pedir la revisión de su condena y quedaría liberado del delito que le va a llevar a prisión.
Desde que fue condenado, los socialistas se han aferrado a que ese tipo de malversación no supuso ningún lucro personal. "Pagan justos por pecadores", llegó a afirmar Pedro Sánchez. Sin embargo, tras el cambio de guión de ERC, no se le apunta directamente al asegurar ahora que su negociación será de forma "quirúrgica" para que ese delito vaya ligado al nuevo delito de sedición denominado "desórdenes públicos agravados".
En cualquier caso, Griñán tendrá que elegir en los próximos días la cárcel en la quiere comenzar a cumplir su pena, al estar abocado a entrar en prisión tras el auto de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, el mismo tribunal que lo condenó en 2019.
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