La falta de apoyos de algunos de sus socios hace retroceder al Gobierno con la malversación

Varios partidos socios del PSOE, empezando por Unidas Podemos e incluyendo a Compromís o Más País, entre otros, tienen dudas de que esa modificación del Código Penal pueda ser bien entendida por los ciudadanos y que no suponga algún tipo de beneficio para condenados por corrupción.

A esas dudas aritméticas une Moncloa su propia dura sobre la repercusión en la opinión pública y las consecuencias en decenas de procesos por corrupción.

Según confirmó este martes el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, el Gobierno ya negocia con ellos una “reforma quirúrgica” para que no afecte a casos de corrupción. Sin embargo, fuentes de Moncloa explican que no hay decisión tomada y que es muy difícil tocar ese delito sin “efectos colaterales”.

Fuentes socialistas explican que si ocurriera algo parecido a lo que ha pasado con la ley del “sí es sí”, es decir, que haya reducciones de penas por aplicación retroactiva de las nuevas condenas, en este caso a corruptos, el revés político para el Gobierno sería enorme.

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Este martes, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, fue ambigua como siempre y no respondió a ninguna de las preguntas sobre la reforma del delito de malversación, más allá de generalidades.

El Gobierno pidió a ERC que presentara como enmiendas para discutir en el trámite parlamentario lo que excediera del acuerdo sobre la sedición. El Gobierno esperaba a conocer la posición del resto de grupos y también poder avanzar en los estudios técnicos.

Hay que recordar que Moncloa optó por la vía de la proposición de ley de los grupos parlamentarios que elude los informes técnicos de órganos consultivos como el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal, que podrían advertir de efectos no deseados de la reforma legal. Además, ha impuesto un ritmo rápido para su aprobación, lo que elimina el debate detallado sobre las enmiendas que se incorporen.

Críticas en el PSOE

El anuncio de una negociación con ERC del delito de malversación inmediatamente después de haber acometido el de sedición ha levantado críticas entre lo barones del partido.

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, aseguró que el hecho de que se pueda a hacer "algo que dificultara que se pueda perseguir la corrupción en España" sería "difícilmente entendible".

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, por su parte, acusó a ERC de tener intereses opuestos a los de España: "Yo nunca pierdo de vista los intereses de Esquerra, que son solo suyos y contrarios a los de España".

También el alcalde de Valladolid y secretario general del PSOE en esa provincia, Óscar Puente, terció en la polémica y dijo que le "chirría" la propuesta de modificación del delito de malversación, para aseverar inmediatamente que él sería más partidario de endurecerlo que de "aliviarlo".