El presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una reunión en Moncloa.
El Gobierno y la Junta de Andalucía abren una nueva 'guerra del agua' en Doñana a 45 días del 28-M
PP y Vox tramitan de urgencia una ley que recalifica zonas para uso agrícola. El Gobierno recurrirá al TC y la UE avisa de multas millonarias.
13 abril, 2023 02:42Tras varios meses (y años) de tira y afloja la imagen del escaño vacío del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, lleno de arena de Doñana como símbolo de protesta y de que la situación del parque es "dramática", ha abierto una nueva guerra del agua entre el Gobierno central y el andaluz. Esta vez a menos de 50 días de las elecciones municipales, con todo lo que conlleva.
Con sus 70 votos a favor, el PP y Vox dieron luz verde este miércoles en el Parlamento a la tramitación de la proposición de ley que amplía la zona regable en la corona norte del Parque de Doñana para solucionar un problema que arrastran desde hace años más de un millar de agricultores. Concretamente, en los alrededores del parque, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva).
El Gobierno de Juanma Moreno está dipuesto a llegar hasta el final, incluso a viajar a Bruselas para explicar el contenido de la norma después de los fallidos intentos de crear una comisión técnica, incluso un pacto de Estado. Todo ello pese a las amenazas de la UE de multar a España si se legalizan más regadíos y la oposición frontal del Gobierno y de la mayoría de la comunidad científica.
[PP y Vox acuerdan en Andalucía tramitar la ley que amplía la superficie de regadío en Doñana]
La polémica iniciativa ha sido tramitada por vía de urgencia, lo que supone que debería quedar aprobada definitivamente a mediados de mayo en el más corto de los escenarios o a mediados de julio, coincidiendo con el fin del periodo de sesiones.
Recurso al TC
Sin embargo, minutos después de prosperar en las Cortes andaluzas, el Gobierno anunciaba que, una vez que la norma se publique en el Boletín Oficial de la Junta, interpondrá un recurso suspensivo ante el Tribunal Constitucional para evitar que sea "esquilmada" tras estar ya de por sí en una situación muy delicada por la sequía, según los expertos. La Comisión Europea, por su parte, prepara un nuevo recurso ante el Tribunal de Justicia en el que solicitaría sanciones millonarias.
Ayer Teresa Ribera, vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, criticó duramente a Moreno, incluso llegó a llamarlo "señorito que dispara con pólvora del rey a un elevado coste para todos los demás". También Pedro Sánchez afirmó con contundencia desde Burgos que "Doñana no se toca".
Es la segunda vez que un texto sobre este mismo asunto se aborda en la Cámara andaluza, pero ha habido varios cambios respecto a la primera, de finales de 2021, que decayó por la convocatoria de las elecciones del pasado mes de junio.
La historia viene de largo. El objetivo de la norma es modificar la ordenación del territorio que hizo la Junta en 2014, cuando gobernaba la socialista Susana Díaz, a través del conocido como plan de la fresa. De golpe se eliminaron 1.600 hectáreas del Condado de Huelva como suelo agrícola para evitar la sobreexplotación del acuífero del parque de Doñana.
Pero este plan tenía una letra pequeña. Se aprobó con una retroactividad de diez años, es decir, que todo el terreno que se plantó y explotó entre 2004 y 2014 se quedó fuera.
También los agricultores critican el modus operandi: en 2004 se hizo una foto aérea para empezar a delimitar la zona agrícola, pero se hizo en verano con la mayoría de los plásticos que albergan los frutos rojos ya quitados al finalizar la temporada, considerándose no regable lo que no estaba cubierto. Los agricultores alegan que nadie les avisó de que esas hectáreas corrían peligro.
Se da la circunstancia que en esa época había pocos arándanos y frambuesas, que son los únicos culivos anuales. Aquello provocó que un buen número de esos agricultores pasaran varias noches en tiendas de campaña en los alrededores de la Delegación de Medio Ambiente en Huelva a modo de protesta.
Ahora, el PP y Vox persiguen darles una nueva oportunidad para que vuelvan a ser zonas agrícolas regables y puedan cultivar legalmente. Algunos han trasladado sus explotaciones ante esta situación, pero otros continúan en la zona al ser las únicas que tienen.
Doñana seca a fecha de 8 de marzo de 2023. Europa Press
El Gobierno andaluz calcula que se podrán recalificar aproximadamente unas 800 hectáreas de más de un millar de agricultores. Muchos de ellos asistieron este miércoles al debate parlamentario y creen que con esta medida "se salva una deuda histórica".
En contra y a favor
El quid de la cuestión y donde se produce el choque entre las administraciones, la UE y la comunidad científica es cómo se resuelve esta situación.
El Gobierno andaluz asegura que, pese a la ampliación de regadíos, no autorizará ninguna extracción de aguas del acuífero de Doñana, mermado por los pozos ilegales y la sequía, y que se concederá el derecho de riego a nuevas hectáreas a través del agua superficial que llegaría a través del trasvase de la demarcación Odiel-Tinto-Piedra. Se trata de una obra que es competencia del Gobierno central.
En cualquier caso, la proposición de ley no garantizaría el agua directamente para los nuevos regantes ni amnistía a ningún pozo ilegal. Será una comisión técnica la que evalúe la situación de cada agricultor.
La oposición sostiene, sin embargo, que el único trasvase de agua superficial (19,9 hectómetros) autorizado por ley desde 2018 y previsto por la Confederación del Guadalquivir es para autorizaciones ya asignadas, con el fin de reducir la presión sobre el acuífero de Doñana y cumplir con las exigencias de Bruselas. De ahí que sostengan que la nueva ley es "una farsa".
Las obras de ese trasvase aún están sin finalizar, pero en ningún caso podría llevar agua a esas nuevas hectáreas, sostienen desde el PSOE, que esta vez ha votado en contra y ha registrado una proposición no de ley que se debatirá este jueves. En ella pide que se respete el plan de 2014 y se cree una comisión bilateral entre la Junta y el Gobierno para abordar la problemática.
La primera vez que llegó este asunto al Parlamento andaluz, los socialistas se abstuvieron para, según dijeron, darle un voto de confianza a la proposición de PP, Vox y Cs, pero viendo el nulo resultado y el cisma que se abrió con el Gobierno central, que se opuso frontalmente, esta vez han rechazado la propuesta.
A este rechazo se han sumado la mayoría de los científicos y agentes representados en el Consejo de Participación de Doñana, cuyo presidente, Miguel Delibes, ve la propuesta "muy negativa" porque "no hace más que generar tensión y alimentar el conflicto".
Otro motivo de este enfrentamiento político es la fecha. A 45 días del 28 de mayo nadie quiere dejarse el voto agrícola por el camino. Es una zona tradicionalmente socialista... en la que el pasado 19 de junio arrasó Juanma Moreno. Muchos creen que como consecuencia precisamente de esta guerra del agua.
