Meloni no avisó a Sánchez de su política de mano dura en migración pese a prometer "colaboración"

La realidad es que en el Gobierno español había estupor, porque sólo seis días después de la "especial e inesperada sintonía personal" exhibida en público y en privado con Pedro Sánchez, en su visita a Roma, la primera ministra italiana hizo estallar una bomba humanitaria y política.

La delegación del presidente había regresado a Madrid sin saber nada sobre el decreto urgente de Meloni. La presidenta del Consejo y líder de la formación neofascista Fratelli d'Italia no adelantó sus intenciones. Es más, incluso se puso "a la orden" del próximo presidente del Consejo de la UE, Sánchez, "para colaborar en todo" lo que tenga que ver con la política migratoria. 

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, recibido por Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, en el Palacio Chigi de Roma. Reuters

Pero el texto legal aprobado el martes en Roma permite la "derogación de cualquier disposición vigente" sin someterse a "control de legitimidad previo". Y otorga poderes especiales al ministro del Interior, Matteo Piantedosi, mano derecha del vicepresidente -también ultraderechista- Matteo Salvini, que operará "en régimen extraordinario hasta la expiración del estado de emergencia".

Es decir, al menos, seis meses.

La Eurocámara sí reacciona

Fuentes del Parlamento Europeo consultadas por EL ESPAÑOL sí que reaccionaron. "Falta saber hasta dónde se atreverá el Gobierno italiano", explica un eurodiputado con liderazgo y cargo de responsabilidad, "pero ese decreto pone una ley nacional por encima de la legislación europea", lo que no es legal. De hecho, es precisamente el motivo por el que la Comisión le abrió expediente sancionador a Polonia el año pasado.

La Comisión de Libertades Civiles y Asuntos de Interior (LIBE) de la Eurocámara se reúne este mismo jueves en Bruselas. Hace menos de un mes, en su seno se aprobó el informe de la Eurocámara para el nuevo Pacto de Migración y Asilo. Precisamente el texto para el que, buscando una alianza España-Italia, viajó la semana pasada Sánchez a Roma. Justo uno de los expedientes estrella que pretende aprobar bajo su presidencia antes de fin de año.

Ahora, toda la estrategia de Moncloa puede haber saltado por los aires.

Fuentes internas de la comisión LIBE confirman que el orden del día de su reunión ordinaria se verá modificado por este desafío a la legislación comunitaria por parte de la tercera economía de la zona euro. Y anticipan que la comisaria Ylva Johansson será convocada al pleno de la semana que viene en Estrasburgo, para forzarla a tomar posición.

Italia -como antes Hungría- ya ha visto retenida la última entrega solicitada de los fondos de recuperación. En el caso de Roma, por meras dudas técnicas. Pero las citadas fuentes anticipan que el ataque del Ejecutivo transalpino a la legislación humanitaria y los derechos fundamentales, vulnerando la normativa de la UE a través de este decreto nacional, puede conllevar una apertura de expediente sancionador o, incluso, una denuncia ante el Tribunal Europeo de Justicia.

En todo caso, toda esa maquinaria legal irá más lenta que los seis meses de poderes especiales para decretar redadas masivas de identificación, construcción de centros de retención especiales y expulsiones urgentes de personas en situación irregular. Cuando Bruselas reaccione ya habrá ocurrido... las mafias habrán desviado las rutas hacia Grecia o España, y la presidencia del Consejo por parte de Sánchez se habrá visto comprometida.

Podemos señala al PSOE

Mientras, en la coalición de Gobierno de España, ni socialistas ni morados hicieron declaraciones públicas al respecto. Fuentes oficiales de Podemos, consultadas por este diario, rehusaron abrir un nuevo frente de confrontación con el PSOE, aunque señalaron el error de confiar una estrategia a la alianza con una dirigente ultraderechista. Ni ha gustado nada ni la visita a Meloni de hace una semana ni la falta de reacción de Interior este miércoles. 

Fuentes socialistas reconocen que Italia es un actor principal, no sólo por su peso en el seno de la Unión, sino por los intereses compartidos con España. "Somos la tercera y la cuarta economías de la UE, somos países del sur, y nuestros desafíos son los mismos", explica este portavoz en consonancia con Moncloa. 

Meloni sonrió a Sánchez el miércoles pasado y prometió "colaboración", por ejemplo, en el de la reforma del mercado eléctrico o la negociación de las nuevas reglas fiscales.

Pero sobre todo se centró en la cuestión migratoria, haciendo ver a Sánchez que compartía su perspectiva de la "dimensión exterior" de la inmigración a través de acuerdos con los países de origen y tránsito, más que con la mano dura... "Desde el cambio climático a la lucha contra las mafias del norte de África", apunta una portavoz de Moncloa, "todo es más efectivo hacerlo de la mano de la otra parte".

Ése es el único detalle que dejaba traslucir como una posición propia la portavoz comunitaria de Interior, Anitta Hipper, portavoz de la Comisión Europea, bombardeada a preguntas este miércoles, en Bruselas. El gobierno comunitario prefiere la vía del acuerdo como la que ofrece España en su experiencia con Senegal, Mauritania o Marruecos.

Roma pide dinero a la UE

Pero se lava las manos, de momento. El decreto, dijo la portavoz, es una "competencia nacional", que Bruselas entiende se ha visto impulsada por "los retos particulares de la situación migratoria" en ese país, añadió. "Tendremos que ver en detalle las medidas antes de comentarlas", dijo la portavoz.

Anitta Hipper, portavoz de la Comisión Europea para asuntos de Interior.

Lo cierto es que Italia tampoco advirtió a la Comisión por adelantado de que iba a derogar disposiciones legales por encima de la legislación común. Ni de que, además, pediría a la UE "asistencia financiera para abordar los aumentos de las llegadas por mar", en particular la "crítica situación" en puntos como Lampedusa. Es decir, dinero europeo para vulnerar las leyes europeas.

Hay un precedente, y es que el mismo Consejo extraordinario del pasado febrero ya abrió la puerta a que Bruselas financie obras para amurallar las fronteras exteriores de la Unión. Entonces, fuentes de Moncloa admitieron que el presidente Sánchez aceptó esta disposición, a petición del gobernante húngaro de Viktor Orbán, como concesión en vistas de lograr el Pacto de Migración y Asilo durante el semestre español.

La Comisión se defiende, en todo caso, recordando que presentó hace unos meses un "plan a medida" para abordar los retos de la ruta migratoria del Mediterráneo central, que incluye una veintena de medidas. Y que sigue trabajando en acciones "operativas" para abordar los retos más urgentes.

Pero lo cierto es que los resultados del "mecanismo voluntario de solidaridad" para la reubicación de solicitantes de asilo entre países de la Unión, acordado el pasado junio entre 19 de los Estados miembros, son desalentadores: sólo 884 traslados en total, 512 de ellos desde Italia. 

La Comisión entiende "la necesidad de acelerar las reubicaciones para tener procedimientos más rápidos" y se está "analizando" la posibilidad de impulsarlos. Pero Italia la acusa de llevar "años de cháchara e inacción" y, acusando a sus socios de "insolidaridad", ha optado por otro tipo de reubicación: las redadas masivas y las expulsiones urgentes.