Trebujena: las villas con vistas a Doñana que impulsó IU, validó el PP y tumba el PSOE ante el 28-M

Tras varios años sin avances, en plena sequía y a diez días de las elecciones del 28 de mayo, el proyecto urbanístico ha sido sentenciado. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Gobierno, lo tumbará al estar planificado en una zona que figura en la cartografía como "inundable".

"Es absurdo y una locura", remarcó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en los pasillos el Congreso, mientras el consejero andaluz de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, la llamó "hooligan radical". La polémica vuelve a estar servida.

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Todo indica que la puntilla final al proyecto se la dará el PSOE. La urbanización la diseñó un constructor belga -Bernard Devos- y la impulsó IU hace 20 años; la ha validado un gobierno del PP al emitir la Junta su declaración ambiental favorable y la enterrarán los socialistas.

La urbanización está proyectada a cinco kilómetros de Trebujena, en las marismas desecadas junto al río Guadalquivir, en una extensión de 2.324.292 metros cuadrados. Está previsto que su consumo de agua se eleve a los 850.000 metros cúbicos, más que la propia población de 7.000 vecinos con los que cuenta la localidad. Y todo ello en un momento en el que los agricultores de la zona sufren severas restricciones para el riego.

La declaración ambiental

Desde el Gobierno andaluz aseguran que ellos han hecho su trabajo. Sostienen que no han autorizado nada, sino que se han limitado a emitir una declaración ambiental estratégica referente a una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Trebujena que impulsa su ayuntamiento desde el año 2003.

Precisan que hasta hace cuatro meses el alcalde de dicha localidad, Ramón Galán (IU), estaba remitiendo escritos a la Junta para subsanar algunos aspectos que desde la Administración andaluza se le iban requiriendo en relación con este informe.

En el mismo, la Junta justifica su aprobación en que el agua llegaría a través de una depuradora aún por construir o de la lluvia, y que los cinco informes previos que obran en el expediente son favorables. Insisten también en que dicho municipio "no está en Doñana, ni siquiera en el espacio natural de Doñana y que no toca ni un centímetro".

Sin embargo, según informa EFE, el alcalde esta "rotundamente" en contra del proyecto. Es más, está convencido de que el pronunciamiento de la Confederación "será contrario al mismo".

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Lleva un año y medio en el cargo y lo considera un proyecto "heredado". Su predecesor, Jorge Rodríguez, retomó la idea en 2019 y defendió la gestión del Consistorio, recibiendo el rechazo de multitud de colectivos ecologistas, según informa el Diario de Cádiz.  

El Gobierno andaluz ha reclamado hasta en tres ocasiones el pronunciamiento de la Confederación, que tiene que determinar si estos suelos son inundables. La primera fue en febrero de 2020 y, al agotarse el plazo para emitir la resolución sin respuesta, la Consejería ha publicado esta declaración condicionada a la decisión de la entidad. Por tanto, el visto bueno definitivo queda en manos del Gobierno central.

"Los informes sectoriales son positivos y si la Confederación no emitía el suyo, sólo teníamos dos opciones: eternizar el proyecto o emitir nuestra parte y supeditarla a la Administración competente en materia de aguas, que es lo que hemos hecho", explicó el portavoz de la Junta de Andalucía.

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Por ello, lamentan que tres años después haya sido este miércoles la propia Teresa Ribera la que haya dicho, desde los pasillos el Congreso, que "evidentemente" la Confederación le hará saber a la Junta que el proyecto se ha planificado en una zona que figura en la cartografía como zona inundable.

"Lo podría haber dicho hace tres años", aseguran a este periódico fuentes del Gobierno andaluz, que lamentan que de nuevo se esté confrontando por un tema medioambiental y Moncloa quiera seguir haciendo campaña con Doñana.

A diez días de las elecciones, el PSOE local, que se quedó a un concejal en los últimos comicios para gobernar, también ha aprovechado la coyuntura política. Acusa a IU de la situación y promete derribar el proyecto. No obstante, todo apunta a que será el propio Gobierno quien aborte definitivamente este desarrollo urbanístico.