Doñana vuelve a la primera línea política en la precampaña de las elecciones generales del 23 de julio. Esta vez por una polémica campaña de la asociación alemana Campact para exigir a las cadenas de supermercados del país que no vendan fresas de España para no contribuir a la desecación del parque.
La misma ha vuelto a provocar un enfrentamiento entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía. En concreto, la asociación alerta del "peligro de que el robo de agua pase ahora a estar permitido oficialmente" tras el éxito electoral del Partido Popular en las elecciones regionales y locales del pasado fin de semana.
Todo ello en referencia a la proposición de ley de ordenación de regadíos de la Corona Norte de Doñana que se tramita en el Parlamento andaluz a propuesta del PP y Vox.
A raíz de esta campaña, a través de sus perfiles de Twitter, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, han vuelto a pedir la retirada de la proposición de ley.
"El negacionismo arruina nuestro medioambiente y corre el riesgo de arruinar las economías locales", ha señalado Sánchez en un tuit, que finaliza con "Salvemos Doñana".
A raíz de este tuit, la asociación cita que hasta el presidente del Gobierno "pide que se prohíba la venta de fresas españolas", solicitando que hagan lo mismo una serie de supermercados.
Por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha salido en su defensa en esta misma red social: "La manipulación se les ha ido de las manos. Hablar mal de Andalucía y sus agricultores en Europa tiene estas consecuencias. Están jugando con el pan de miles de familias".
Por su parte, en declaraciones a los periodistas, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Ramón Fernández-Pacheco, ha dicho que Pedro Sánchez se pone "al lado de los que nos atacan", a pesar de que su labor debe ser defender al país, a la comunidad más poblada y a una provincia como Huelva.
Resultados electorales en la zona
En este sentido, ha puesto en valor los resultados electorales cosechados el pasado domingo en la provincia, que darán al PP por primera vez en la historia la Diputación de Huelva.
Concretamente, en la zona del Condado el PP ha ganado en Lucena del Puerto y Rociana del Condado, dos de los cinco municipios, junto a Almonte, Bonares y Moguer, afectados por la Proposición de Ley. En Almonte, gobernará un histórico socialista pero bajo las siglas del partido independiente Ilusiona y en los dos últimos continuará el PSOE. Vox, por su parte, solo ha conseguido representación en Almonte con un concejal.
Precisamente este mismo miércoles la comisión de Fomento del Parlamento andaluz ha acordado el listado de comparecientes para exponer su opinión respecto a la proposición de ley. Entre la relación de nombres aprobada, como ya adelantó EL ESPAÑOL, figura el de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
[El PP quiere que Teresa Ribera explique su rechazo a la Ley de Doñana en el Parlamento andaluz]
El listado de comparecientes finalmente aprobado con los votos de PP-A y Vox, consultado por Europa Press, suma 23 nombres. Además de los alcaldes de los municipios onubenses de Rociana del Condado, Almonte, Bonares, Lucena del Puerto y Moguer, también están citados representantes de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, de la organización agraria COAG Andalucía, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), del sindicato CCOO-A y de la plataforma de regantes.
Del listado de comparecientes acordado quedan fuera nombres propuestos por grupos de la oposición como el del presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes de Castro; el director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla; representantes de la Unesco; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius.
Los agricultores "hastiados"
En medio del cruce de acusaciones están los agricultores y empresarios del sector, algo hastiados por volver a ser el centro de atención por una campaña "insidiosa y dañina". "Apelamos a la responsabilidad tanto de las autoridades políticas como de los ciudadanos", ha remarcado Interfresa, que aglutina al sector y que es voz única en este asunto desde que comenzó a tramitarse la ley andaluza para ampliar regadíos.
Vuelven ahora a pronunciarse para proteger su reputación, que vale 1.300 millones en exportaciones. Piden que las opiniones se basen en información rigurosa: ni "la industria de la fresa está explotando aún más el agua de fuentes ilegales del Parque Nacional de Doñana ni se bombean enormes cantidades de agua".
Interfresa insiste en que la producción en Huelva, de donde sale el 98% de la fresa nacional y el 30% de la UE cuenta con certificaciones que avalan que se cumplen los protocolos internacionales "más exigentes".
Eso incluye uso eficiente del agua, con modernos sistemas de riego. El sector anuncia que entablará conversaciones con los diferentes distribuidores "para aclarar la falta de rigor de esta campaña, ya que la información que se comparte es falsa".
En este sentido, subrayan que en el Parque Nacional de Doñana no hay cultivos, ni de berries ni de ningún otro tipo. "Las fincas más cercanas a Doñana están a 35 kilómetros del espacio natural y la gran mayoría de las empresas del sector de los berries cultivan a 100 o más de la Corona Norte", precisamente la zona en la que, en virtud de la norma que se tramita en el Parlamento andaluz, se ampliaría el derecho a regadío.
Las muestras del cansancio del sector en su respuesta son evidentes. "Confiamos en no vernos perjudicados por esta campaña", remachan. Es una petición que ya lanzaron a mediados de abril, cuando la situación de los cultivos y su posible impacto en el parque protagonizaron el debate nacional.
El golpe reputacional a las exportaciones, visto como el mayor de los peligros tanto desde el sector como desde el propio ministro de Agricultura, Luis Planas, tendría importantes consecuencias en Huelva.
El cultivo de la fresa y los frutos rojos representa el 11,35% del PIB de la provincia y da trabajo de manera directa a 100.000 personas. Sumando los empleos indirectos, asciende a 160.000 puestos de trabajo, señalan desde el sector.