El único consenso en la comisión de Doñana: un pacto de Estado para darle una salida
Juanma Moreno se muestra de nuevo dispuesto a aceptar una posible modificación de la proposición de ley.
13 junio, 2023 23:08Tras casi 12 horas de comparecencias en la comisión que analiza en el Parlamento andaluz la proposición de ley sobre regularización de regadíos en la Corona Norte de Doñana que han impulsado el PP y Vox y rechazan el resto de partidos, sólo ha quedado una cuestión clara.
La mayoría, a favor y en contra, cree que la mejor solución para Doñana es que la Junta y el Gobierno central, incluso la Unión Europea, lleguen a un pacto de Estado para encontrar una salida a su situación actual.
No ha habido sorpresas, el más crítico ha sido el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes de Castro. Primero por las formas en las que finalmente ha sido citado porque en un principio no estaba prevista su asistencia, pero finalmente el PP y Vox cedieron. Sin embargo, ha asegurado que no ha recibido ninguna citación.
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"Vengo en son de paz, pero no porque las condiciones sean mejores, sino porque mi capacidad de indignación se ha agotado", ha advertido Delibes cuando ha comenzado su turno con más de tres horas de retraso. Sin embargo, ha tirado el dardo al final cuando ha dicho que le parece "bochornoso" que haya tenido que ir al Parlamento en pleno siglo XXI a explicar lo que significa llegar a acuerdos.
A su juicio, se trata de una ley "inadecuada", que arroja "incertidumbre", marcada por una polémica que "no ayuda" al parque ni a los frutos rojos y que supone "la crisis social, institucional y política sobre Doñana en mucho tiempo".
De ahí que haya pedido valentía al PP y Vox para que la retiren y que lo consideren "como una victoria y no como un fracaso" y también a la oposición que no aproveche las circunstancias si se diera el caso. No obstante, los agricultores afectados lo ven "como su última esperanza".
Además, cree que sí hay alternativa a la ley de regadíos. Delibes se ha referido a la aplicación del Plan de la Corona Norte Forestal o Plan de la Fresa aprobado en 2014 y también otras medidas. Entre ellas, ha citado un plan de ayudas destinado a pequeños agricultores para que clausuren sus pozos, estudiar la viabilidad de otras zonas, moratorias fiscales, una campaña para productores de secano o prejubilaciones.
De ahí que haya puesto sobre la mesa el plan Doñana 2030 para alcanzar un consenso entre todos. El biólogo ha calificado de "equivocación" gestionar los "asuntos públicos a la espalda de la ciencia" ante una realidad: "Doñana está seca; sus lagunas desaparecen y la fauna asociada también lo hace".
Las obras del Gobierno
Le ha precedido en el turno el presidente de la Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Corehu), Juan Antonio Millán. Fue alcalde de Cartaya por el PSOE durante 20 años y uno de los principales artífices de la política del agua y de la llegada a la provincia de Huelva de los regadíos y de su implantación.
Millán ha lamentado que "se miente deliberadamente sobre el agua para el riego y su origen" y "no se dice que los regadíos de la provincia son los más eficientes y sostenibles en términos hídricos y energéticos".
Pero cree que si se hubieran hecho las obras pendientes por parte del Gobierno "ahora mismo no existiría ningún problema". Y ha ido más allá. "Cuando dicen que Doñana se muere es mentira, sino que padece una sequía como el resto de España". No obstante, estaría a favor de la proposición porque la sequía es "cíclica".
El gerente de Freshuelva, Rafael Domínguez, también se ha mostrado a favor recordado que en el "propio" Parque Nacional de Doñana "no hay cultivos y no los ha habido nunca".
El resto de comparecientes ha expuesto sus argumentos a favor y en contra. El primer compareciente, el director gerente de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, ve positiva la iniciativa legislativa porque da respuesta a unas hectáreas que ahora están "en un limbo".
Ha insistido en que "en ningún caso pretende conceder derechos de riego" a explotaciones del entorno de Doñana, ya que esta tarea corresponde a la CHG.
En este sentido, se ha pronunciado también Juan Manuel Ponce, ingeniero agrónomo y ejecutivo jefe de la empresa CERES Agroforestal SL -que trabaja con cooperativas y comunidades de regantes de Huelva-. Este ve "ridículo" el debate generado sobre la PDL cuando las hectáreas que se legalicen "estarían regadas con agua superficial". A su juicio, esta circunstancia, "lejos de dañar el acuífero de Doñana, aportaría agua".
Por su parte, el abogado especialista en empresas del sector agroalimentario Javier Domínguez cree que la PDL "viene a paliar", en su opinión, "esa grave injusticia" y "ese problema que la misma forma de la norma en 2014 creó".
Desde la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, Javier Gutiérrez Padilla, miembro de la junta directiva, ha insistido en esta proposición de ley "no habla de agua", sino que únicamente dice que "las tierras serán de regadíos y que se regarán con agua superficial cuando llegue y nunca con agua subterránea".
"Nadie nos está engañando, lo sabemos, y eso es lo que luchamos desde siempre desde la plataforma". A su juicio, la solución es hacer las infraestructuras necesarias para llevar ese agua a Doñana y a sus alrededores.
Sanciones de 50.000 euros
Llamativa ha sido la intervención del funcionario Joaquín Regidor Moreno, quien ha comparecido para aportar su visión sobre esta proposición de ley desde una "triple dimensión", por su experiencia como funcionario durante 40 años en la Administración andaluza, así como por su etapa de concejal de Agricultura en Lucena por el PSOE y como afectado junto a su familia por la regulación emanada del citado plan.
Cree que esta proposición es "un acto de valentía" y "una falacia hablar de agricultores legales e ilegales". También ha rechazado por "falso" el "discurso" de que "Doñana se cae" como consecuencia de la regulación de unas 700 hectáreas de regadíos que se pretende con esta iniciativa.
Su hijo, el agricultor Joaquín Regidor García, se ha presentado como ingeniero agrícola de formación y quien con 24 años empezó a gestionar dos hectáreas que eran propiedad de su abuelo en Huelva. Este ha recordado el calvario que le supuso las dos sanciones de 50.000 euros cada una que tuvo que pagar en 2019 por quedarse fuera de "la ortofoto" del plan de la fresa.
Muy en contra se ha mostrado el coordinador de la organización ecologista WWF, Juanjo Carmona, quien ha pedido la retirada de la proposición de ley. Durante su intervención ha alertado de que podría llegar a legalizar una superficie de hasta 1.900 hectáreas, por lo que cuando se habla de cifras "estas no son reales".
Los sindicatos se han mostrado divididos. Asaja ha insistido en la necesidad del acuerdo entre las administraciones, pero tanto UGT como COAG se han mostrado en contra. "Se limita a generar falsas expectativas".
Los alcaldes
Por un parte, los alcaldes en funciones de Almonte, Beas, Moguer y Rociana del Condado han apelado de forma generalizada al "consenso" y la creación de una comisión bilateral para encontrar una solución a los problemas de los regadíos. Todos han rechazado la PDL -son todos del PSOE y en Almonte de un grupo independiente de izquierdas-, a excepción del independiente de Lucena del Puerto al alegar que "no afecta al acuífero".
Sin embargo, los resultados cosechados por el PP en la provincia el pasado 28 años han propiciado un cambio en el tablero político. Por primera vez gobernarán en Diputación y han ganado en Rociana, Lucena y Beas.
En la mañana la jornada comenzó crispada. El conato de conflicto lo protagonizó al principio el diputado socialista Mario Jiménez. Cuando este estaba interrogando al interviniente sobre la idoneidad de la tramitación de esta norma en vísperas de procesos electorales, fue interrumpido por la presidenta de la comisión, Ana Chocano, al no ajustarse la pregunta al formato de la comisión y estar agotando su tiempo.
"No me puede decir a mí qué le puedo preguntar. No se lo voy a aceptar", le ha contestado él, motivo por el que la presidenta ha pedido disculpas por el "espectáculo bochornoso y nada constructivo" al primer compareciente.
En cualquier caso, la comisión ha arrancado marcada por la ausencia de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y de una representación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que declinaron la invitación de los grupos.
Moreno se abre a modificarla
Paralelamente desde Málaga el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha mostrado dispuesto a aceptar una posible modificación de la proposición de ley siempre que las diferentes formaciones planteen enmiendas que ofrezcan una alternativa "creíble y viable" para atajar el problema.
Moreno ha hecho hincapié en que se trata de "un problema enquistado" y ve "correcta" la actuación del Gobierno andaluz "sin menoscabo para los intereses medioambientales del parque".