La Junta de Andalucía ha movido ficha en Doñana y, por primera vez en muchos meses y de nuevo con la polémica de fondo en torno al parque, se han puesto de acuerdo casi todos los actores que de una u otra manera influyen en el terreno.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció este martes que la Administración andaluza comprará 7.500 hectáreas de la zona conocida como Veta la Palma, una finca situada en la provincia de Sevilla dentro del espacio protegido del Parque Natural.
La operación no es baladí, ya que permitirá mantener como humedal más de 3.500 hectáreas -casi la mitad de las adquiridas-, en las que invernan cada año unas 300.000 aves. En palabras de Moreno, supone el mayor hito ambiental realizado en los últimos 45 años tras la ampliación de 1978.
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El precio de la operación asciende hasta los 70 millones de euros, que serán financiados con fondos propios de la Junta y procedentes de Europa, y su compra se viene fraguando desde hace más de un año, según reveló el consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco.
Su valor radica en que se trata de una zona inundada artificialmente mediante el bombeo de agua del río Guadalquivir al funcionar como piscifactoría hasta que, hace dos años, la empresa que la gestionaba cesó en su actividad. Esto es una cuestión que también ha motivado su venta.
Con esta operación, la Junta garantiza continuar con esa aportación artificial de agua, lo que permitirá la supervivencia de la biodiversidad. Hasta ahí, científicos, ecologistas, PSOE andaluz, el Gobierno de España y los agricultores han valorado positivamente esta compra y se han mostrado a favor.
No obstante, la mayoría, a excepción de los agricultores, sigue estando de acuerdo en otra cuestión: han vuelto a pedir al PP y Vox que retiren el proyecto de ley que continúa tramitándose en el Parlamento andaluz para regularizar zonas regables en la comarca del Condado de Huelva.
"En la buena dirección"
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, azote de la Junta y de Juanma Moreno desde que se inició su tramitación, admitió ayer que la compra se trata de una iniciativa que va "en la buena dirección".
"Es la primera buena noticia en torno a Doñana que recibimos desde hace mucho tiempo por parte de la Junta de Andalucía, pero es insuficiente", admitió Ribera. A su juicio, no afronta el principal problema, la falta de agua.
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Sin embargo, cree que esta medida debería poder formar parte del Marco de actuaciones prioritarias anunciado por la Administración General del Estado en noviembre de 2022. La ministra criticó que, hasta la fecha, "no ha contado con ninguna contribución por parte del gobierno autonómico, que es quien debe gestionar Doñana".
En concreto, el consejero de Sostenibilidad aseguró que esta adquisición entra dentro del ámbito de las competencias autonómicas andaluzas absolutamente, pero que esperaba el apoyo del Gobierno central.
La postura científica
Por su parte, en conversación con este periódico, el director de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), Eloy Revilla, asegura que la compra es positiva, pero ha hecho hincapié en la misma cuestión: tiene que haber más coordinación entre las administraciones. "Un plan ambicioso para Doñana y la comarca requiere la coordinación de todos los actores", ha dicho.
Respecto a la adquisición en sí, valora este primer paso, pero ahora ve necesario diseñar un proyecto de restauración lo más pasivo posible para que mantenga el sistema de inundación a lo largo de todo el año. El actual, puntualiza, es por bombeo y su manuntención es elevada por los costes eléctricos y de vigilancia.
Además, cree que esta obra hidráulica deberá tener antes, durante y después un seguimiento ambiental para ver sus efectos. "No hay que olvidar de que se trata de un parque natural". Sin embargo, insiste en que el estado de conservación del acuífero no se ve mejorado por esta compra.
La ley continúa su trámite
En cualquier caso, la ley para regularizar zonas regables en la comarca del Condado continúa su trámite y podría quedar aprobada este mes de octubre. Para la Junta es una iniciativa que no es incongruente con el anuncio de la compra de estos terrenos.
Fernández-Pacheco ha insistido en que dicha proposición de ley "en ningún caso legaliza un solo pozo ilegal en Doñana", sino que viene a aportar soluciones a esos agricultores afectados.
El propio Juanma Moreno también insistió en este asunto unos minutos después de su anuncio estrella. "Este proyecto de ley no perjudica al parque. Se trata de 700 hectáreas en una zona que está a 30 kilómetros de un espacio que tiene 118.000". "Dejen la demagogia", zanjó.
Por último, los agricultores afectados también celebran esta compra. El portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva, Julio Díaz, cree que la suma de estas nuevas hectáreas "va a mejorar la configuración y la capacidad de Doñana para resistir los embates del cambio climático".
En definitiva, cree que si mejora el parque también lo hará su situación. No obstante, ha vuelto a pedir al Gobierno que ejecute las obras pendientes desde de 2018 para que le llegue el agua siempre que sea superficial.