El Gobierno da por hecho que ningún país vetará el catalán en la UE para evitar un choque bilateral

El plan no es urgente, ya que la misma Moncloa admite que la negociación se alargará "años". Aquella premura del 17-A, además, no respondía a un convencimiento de fondo del Ejecutivo español, sino a los acuerdos del partido mayoritario que lo integra (el PSOE) con uno de los grupos cuyos votos necesita para la reelección.

En todo caso, fuentes europeas sí han puesto en duda la procedencia legal de que la idea sea impulsada por un Gobierno en funciones. Así lo han expresado portavoces de las Representaciones Permanentes (Reper) de algunos de los Veintisiete, con las que se ha puesto en contacto este diario. La oposición del PP, también ha señalado el abuso del Poder Ejecutivo por parte del PSOE, implicando a un ministro en una negociación de partido; pero en estas críticas (claro) opera una intención política.

Pero los obstáculos reales y efectivos para que la propuesta del Ejecutivo español pueda prosperar no son ésos. Sino otros más institucionales y jurídicos. Por un lado, que la iniciativa exigirá acudir al Reglamento 1 del Consejo de la UE, que data de 1958, lo que exige unanimidad de los Veintisiete.

El Gobierno de Sánchez confía, en realidad, en las tradiciones europeas. Es decir, en que todo se negocia en la UE, y que "si algún país veta la iniciativa, España tiene herramientas" para condicionar otras políticas. Esta fuente del Consejo de Ministros, conocedora de estas negociaciones, pone ejemplos como la negociación de la Política Agrícola Común (PAC).

Además, Moncloa trata de agarrarse, en su defensa, a una interpretación forzada del artículo 55.2 del Tratado de la UE, que habla de "cualquier otra lengua que determinen los Estados miembros", pero sólo para determinar a qué idiomas se "puede traducir" el documento.

Fuentes europeas destacan la endeblez del argumento: "¡Claro! El Tratado se puede traducir a otras lenguas, también regionales... Faltaría más. Pero de aquí a lengua oficial, hay un largo camino", explica una alta funcionaria del Parlamento Europeo. "Las lenguas oficiales son las lenguas en las que se tiene que hacer todo el acervo legislativo y no legislativo de la UE", aclara para distinguir conceptos.

Reticencias y un aviso

En los contactos establecidos por este periódico con las delegaciones de los Estados miembros ante la UE, sin embargo, sí se adivinan posiciones contrarias al hecho de que España se pueda convertir en el único país de la Unión con cuatro lenguas oficiales: esto multiplicaría el número de traductores e intérpretes y los tiempos de publicación de las decenas de miles de documentos oficiales (públicos e internos).

Y, además, generaría agravios. Por un lado, entre Estados; y por otro, en el interior de algunos de ellos, que no quieren despertar sus avisperos lingüísticos e identitarios. 

Por eso, las delegaciones de alguno de los grandes y fundadores de la UE que prefirieron no expresar públicamente su postura, sí transmitieron a EL ESPAÑOL varias reticencias de tipo operativo, legal y político. Otras Reper, como la de Hungría o Eslovaquia, han dejado claro que no quieren que España "lleve sus problemas a la UE antes de resolverlos internamente" o, directamente, que la operativa exige que nuestro país reforme su Constitución.

Efectivamente, el reglamento del propio Consejo de la UE, en su artículo 8, subraya que "si un Estado miembro tiene más de una lengua oficial, la lengua que deba utilizarse se regirá, a petición de dicho Estado, por las normas generales de su Derecho". Irlanda, por ejemplo, tardó 17 años (desde 2005 a 2022) en lograr que el gaélico (oficial en todo su territorio) operara plenamente en las instituciones.

Esto no ocurre ni con el catalán, ni con el gallego ni con el euskera. La Constitución Española dice, en su artículo 3, que "el castellano es la lengua española oficial del Estado" y que "las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos".

Finalmente, fuentes europeas le dan la vuelta al argumento principal del Gobierno español en funciones. En la reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE, del próximo 19 de septiembre, para la que Madrid advierte de su fuerza desafiando al resto de capitales a que no provoquen un "enfrentamiento bilateral", habrá más elementos sobre la mesa que a la Reper española se le pueden volver en contra.

Estas fuentes de la UE alertan de que el problema podía estar en lo que Sánchez pueda verse obligado a ceder ante los otros 26 estados miembros de la UE a cambio de que le acepten las tres lenguas cooficiales españolas. Ahora mismo están en juego la sede de la AMLA (Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales) a la que aspira España, retirar la candidatura de Calviño para el BEI (Banco Europeo de Inversiones) o la de Margarita Delgado para la presidencia del MUS (Mecanismo Único de Supervisión).