El presidente del Senado, Pedro Rollán, en una imagen reciente. Europa Press
El Senado lleva al Congreso ante el Constitucional por la ley que beneficia a presos etarras
- Es el primer conflicto entre las dos cámaras desde que se aprobó la ley que las regula en 1979. La norma permite que algunos etarras computen para su condena los tiempos en prisión en Francia.
- Más información: De los 250 etarras que había en cárceles que dependen de Interior cuando Sánchez llegó a Moncloa, ya sólo quedan cinco.
El Senado ha registrado en el Tribunal Constitucional (TC) un conflicto entre órganos contra el Congreso, el primero entre las dos cámaras desde que se aprobó en 1979 la ley que los regula, porque no aceptó su "veto" a la ley de antecedentes penales debido a su irregular tramitación.
Fuentes del tribunal de garantías han confirmado a Efe este lunes la presentación del recurso, una vez trascurrido el plazo de un mes que tenía el Congreso para atender al requerimiento formal aprobado por el pleno del Senado el 13 de noviembre.
En ese requerimiento, para el que solo Vox y UPN se sumaron a la mayoría absoluta del PP, el Senado pedía al Congreso que anulara la decisión de su Mesa de publicar la ley obviando el veto de la Cámara Alta, al considerar que lo tendría que haber levantado en votación plenaria la Cámara Baja antes de la publicación.
La ley de antecedentes penales permite que algunos presos etarras computen para su condena los tiempos de prisión en Francia, por lo que el PP, tras una advertencia de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, dio marcha atrás en su apoyo, aunque ya estaba fuera de plazo para la tramitación de enmiendas y propuestas de veto.
La mayoría del pleno del Senado rechazó la ley y después de la votación, el presidente de la Cámara, Pedro Rollán, se basó en un informe de los servicios jurídicos para interpretar que ese rechazo equivalía a un veto.
El conflicto entre órganos constitucionales está regulado por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y ha sido utilizado en cinco ocasiones en los últimos 45 años, pero las cinco veces por cuestiones de atribuciones o competencias entre distintos poderes del Estado, nunca hasta ahora entre las dos asambleas legislativas de las Cortes Generales.
Según la ley, el Tribunal Constitucional da ahora traslado del recurso al Congreso, que tendrá un mes de plazo para presentar alegaciones.
El tribunal tendrá que dictar sentencia en el mes siguiente, salvo que el trámite se prolongue por solicitar los magistrados informaciones, aclaraciones o precisiones adicionales.
El Senado ya amagó esta legislatura con estrenar un conflicto contra el Congreso, tras aprobar el 10 de abril el pleno un requirimiento formal para que la Cámara Baja retirase la ley de amnistía, pero el 16 de mayo, en otra sesión plenaria, aprobó no acudir finalmente al Tribunal Constitucional.
