El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una imagen de archivo en la concentración en contra de la amnistía en Sevilla.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una imagen de archivo en la concentración en contra de la amnistía en Sevilla. Europa Press

Andalucía

Juanma Moreno aplicará su 'vía andaluza' para que siga el 'café para todos' y evitar agravios

María Jesús Montero cree que Moreno votará en contra de "cualquier cifra" que se les ponga sobre la mesa siguiendo las indicaciones de Génova.

17 diciembre, 2023 05:45

El Gobierno andaluz quiere buscar su propia vía para evitar que los andaluces se vean agraviados ante las posibles consecuencias de los pactos de Pedro Sánchez con los partidos independentistas. 

Y esta fórmula tiene nombre: la vía andaluza. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya se refirió a ella en el debate de la Comunidad celebrado hace un par de semanas.

La definió como la capacidad de llegar a acuerdos con otras instituciones y de exigir al Gobierno de España que siga manteniendo en pie aquel lema que instauró otro andaluz, el café para todos de Manuel Clavero. Moreno la ha esgrimido en el propio Pleno del Parlamento, también con el fin de desgastar a su rival, el socialista Juan Espadas, uno de los responsables autonómicos más afines a Sánchez.

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De ahí que el presidente de la Junta siga manteniendo la petición de la cesión de los trenes de Cercanías a Andalucía, con las mismas condiciones y garantías que el PSOE ha ofrecido a ERC en Cataluña, y con 6.000 millones encima de la mesa. 

El PSOE, en cambio, lo ve más bien como una "pose" e incluso le recriminó en la sesión de control que no lo haya pedido formalmente, sino sólo después de que lo planteara la bancada de la izquierda. Fue entonces cuando Moreno se mostró dispuesto a asumirlo en una comisión bilateral.

"Con 6.000 millones podríamos hacer una auténtica revolución de las cercanías", defendió el presidente andaluz. Sin embargo, el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, le reprochó que esa misma cantidad es la que se habían dejado sin ejecutar en los dos últimos presupuestos. 

Desde el Gobierno andaluz saben que conseguir ese acuerdo con el Gobierno central no será fácil, ni tampoco será inmediata. Desde septiembre de 2021 está a la espera de que el Ejecutivo de Sánchez convoque la comisión mixta de transferencias o una comisión bilateral con Andalucía. El Gobierno sostuvo en aquellas fechas que "nunca había existido" una petición formal, algo que niegan en San Telmo.

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También son conscientes en la Junta de la imposibilidad de que el Ejecutivo nacional haga un reparto similar a todas las comunidades tras las exigencias de País Vasco y Cataluña.

No obstante, el presidente andaluz se mostró dispuesto a pelearlo. Si es necesario, marcando diferencias con otros territorios y huyendo de un planteamiento común ante el Ministerio de Hacienda en el caso de la financiación. 

"Somos el Gobierno de Andalucía, no somos ningún otro. Y estamos centrados única y exclusivamente en los intereses de Andalucía", aseguró el pasado martes el portavoz del Gobierno, Ramón Fernández-Pacheco, tras el Consejo de Gobierno.

De ahí que vean con buenos ojos el encuentro entre la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el de la Comunidad Autónoma Valenciana, Carlos Mazón, esta misma semana, en el que mostraron disposición, aunque con matices, a acogerse a la oferta de quita de deuda puesta encima de la mesa por el Ministerio de Hacienda.

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El Ejecutivo andaluz respeta esta postura, pero critica que la propuesta del Gobierno es el resultado de sus compromisos con los independentistas de Junts y ERC para la investidura. No obstante, en cualquier caso, sí acudirá a la reunión con el Ministerio prevista para enero.

"Andalucía está bien gobernada, puede salir a los mercados a financieras y tiene contenida su deuda, pero tiene una reclamación estructural porque es una región que está mal financiada", aseguró Fernández-Pacheco.

Es decir, el Gobierno andaluz aboga más por una reforma del sistema de financiación para resolver el déficit acumulado durante años y, hasta entonces, que el Gobierno conceda un fondo de nivelación de 2.000 millones de euros a las comunidades infrafinanciadas como la propia Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía. De esta cifra, la mitad le corresponden a la región andaluza.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Moncloa.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Moncloa. Europa Press

En un principio, la Junta ha usado para hacer sus presupuestos la cifra de déficit del 0,1% que ha dado el Ministerio de Hacienda a las comunidades para 2024, que podría estar en riesgo si no hay acuerdo en el Senado, donde la mayoría la tiene el PP.

"Si tan importante era la quita de deuda, que lo hubieran llevado en su programa electoral", insisten desde el Gobierno autonómico respecto a los planteamientos del PSOE, "siempre se habló de un nuevo modelo de financiación y de un gran acuerdo, pero no de la quita de deuda". 

"Votarán en contra"

Por su parte, la ministra de Hacienda, la andaluza María Jesús Montero, estuvo ayer en Sevilla y criticó precisamente esta última cuestión. Cree que Juanma Moreno votará "en contra de cualquier cifra que se le ponga sobre la mesa", siguiendo las indicaciones de Génova.

También de cualquier medida, por motivos políticos, sostuvo. De hecho, cuando se publicó el acuerdo con ERC, Moreno reclamó 17.800 millones, el equivalente por población, según el Gobierno andaluz. 

Según los cálculos de María Jesús Montero, Andalucía recibirá en 2024 un total de 12.500 millones más que en 2015, cuando aún gobernaba Mariano Rajoy. Serán además 3.500 millones más que en 2023. "Son tan indolentes que ni actualizan las cifras. Nos piden 4.000 millones más y esa cantidad ya se ha superado con creces".

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Por tanto, cree que "el PP no tiene proyecto, sólo confrontación". De ahí que sostenga que ha pedido el traspaso de los trenes de Cercanía "sin quererlo".

En cualquier caso, el Gobierno central también busca dividir a los barones del PP al abrir al resto de comunidades las cesiones que plantea para Cataluña. Sobre todo en lo relativo a esa quita de deuda, al servicio de trenes y al reparto de la financiación por población o por extensión, cuestión en la que los populares tampoco terminan de ponerse de acuerdo.