En libertad el exconsejero que recibió la condena más alta de los ERE: tiene más causas pendientes

La Audiencia de Sevilla ha ordenado la inmediata puesta en libertad de los dos últimos condenados por el caso ERE beneficiados por el Tribunal Constitucional que quedaban en prisión. Se trata del exviceconsejero de Empleo Jesús Rodríguez Román y del exconsejero del mismo departamento Antonio Fernández.

Este último fue el consejero que recibió la condena más alta por malversación -casi ocho años de cárcel-, y fue uno de los primeros cargos, junto a su ex director general, Francisco Javier Guerrero, que pisó la cárcel en 2012 durante la instrucción del caso. 

Ambos llevan esperando casi dos semanas esta orden de libertad después de que el TC anulara su sentencia. No obstante, hasta que no ha llegado el fallo por correo ordinario la Audiencia no ha podido pronunciarse al respecto. 

Sus abogados lo consideran "un agravio" porque en otros casos, como el del ex altos cargos Francisco Vallejo o Miguel Ángel Serrano, se les comunicó en la misma jornada y fueron puestos en la calle casi de inmediato.

Ambos saldrán de prisión un día antes de que el Constitucional aborde la ponencia sobre el recurso del expresidente José Antonio Griñán, el cual previsiblemente también verá anulada su condena. Este no llegó a ingresar en prisión por el cáncer de próstata que padece.

Antonio Fernández es el excargo socialista que peor parado sale de la rebaja del TC, además cuenta con más causas y condenas pendientes. Aunque también fue amparado por la corte de garantías en cuanto a la vulneración del principio de legalidad penal en los delitos de prevaricación y malversación, en cambio, no apreció la vulneración de su presunción de inocencia.

Es decir, el Constitucional no salva la actuación de Fernández ni tampoco a Rodríguez Román en lo relativo a su intervención en las modificaciones presupuestarias del programa 22 E de los años 2000-2001 -anteriores a las leyes de presupuestos que modificaron el sistema de concesión de las ayudas para eludir los controles- ni en la concesión de ayudas sociolaborales incluidas en el programa 3.1 L que se desviaron de su fin público.

Por ello, ordenó la retroacción del procedimiento para que la Audiencia de Sevilla vuelva a pronunciarse sobre si, respecto a esos dos extremos, sus conductas constituyeron delitos de malversación y prevaricación. 

Sin embargo, el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román en aquellos dos años no tenía ese cargo: era exviceconsejero de Justicia y de Administración Pública. De ahí que su defensa alegue que no tenía que estar al tanto de esas modificaciones presupuestarias.

El abogado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, aseguró hace unos días que su representado sufría una "situación verdaderamente kafkiana y de discriminación", dados los días transcurridos sin que haya sido ordenada su excarcelación, que ha sido expedida este mismo lunes.