Andalucía también avanza ya con un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía. Lo presentará este mismo lunes, según ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha remarcado que los responsables públicos tienen "la obligación y el deber moral de actuar para proteger el interés general".

"Bajo nuestro punto de vista es un atropello", ha enfatizado Moreno con respecto a la amnistía durante un acto institucional en Lucena (Córdoba). Desde allí confirmaba que su Ejecutivo imitará los gestos ya anunciados por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el socialista Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, que acuden también al TC.

"Lucharemos por la igualdad ante la ley como también estamos luchando por la equidad en la financiación", ha indicado.

Reunión con Sánchez

Sobre este último punto, se ha mostrado dispuesto a acudir a una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si éste le convoca.

"Soy representante de un gobierno y por tanto representante de unos ciudadanos y es muy importante defender las relaciones institucionales", ha defendido Moreno, que ha apuntado que también aprovecharía la cita para pedir a Sánchez que "retire ese proyecto del cupo" catalán "y que no siga por un camino que suponga la ruptura para los españoles".

Recusación de tres magistrados

Además de presentar el recurso de inconstitucionalidad, el Gobierno andaluz ha aprobado este lunes formalizar la recusación de tres magistrados del Tribunal Constitucional en ese procedimiento.

En concreto, se presentará la recusación del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Gómez-Pumpido Turón; y de los magistrados Juan Carlos Campo Moreno y Laura Díaz Bueso.

En el caso de Gómez-Pumpido, la Junta entiende que debe ser recusado "para garantizar preventivamente el derecho con todas las garantías para quienes son parte o se ven afectados por el contenido de las resoluciones y para reforzar la apariencia y confianza en la imparcialidad del Tribunal en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas en defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos".

En los casos de los magistrados, el equipo de Moreno señala que ambos han ocupado cargos públicos del actual Gobierno e intervinieron en la formación de criterio para la deliberación y aprobación de los argumentos que motivaron los indultos parciales y en la fijación de criterio del Ministerio sobre la constitucionalidad tanto de estos indultos como de la propia Ley.