Varapalo de Anticorrupción al PSOE de Andalucía, que rebaja a "hechos concretos" los contratos del SAS que denunciaron
- El órgano judicial señala que el caso no es una "revisión general de la contratación" de la Junta, como indican los socialistas.
- Más información: Informes de Salud avalan los contratos del SAS que denuncia el PSOE por "evidentes razones de interés general"
La Fiscalía Anticorrupción señala que la investigación sobre los contratos del Servicio Andaluz de Empleo (SAS) relacionados con las exenciones de la pandemia del Covid no son "una revisión general de la contratación" que hace la Junta de Andalucía.
El dato, que recoge un escrito de dicho órgano en comunicación al Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, que es el que lleva el caso, es importante. Lo es porque el PSOE, que es el partido que ha promovido la denuncia que dio pie el caso, insiste en poner en duda toda la forma de contratación de la Administración andaluza por estos casos.
No es así, viene a decir la Fiscalía Anticorrupción, que acota el caso solo a los contratos denunciados. La investigación sigue, pero centrada solo en "unos concretos hechos de apariencia delictiva", señala el escrito.
¿A qué se refiere la Fiscalía Anticorrupción? El caso, denunciado por el PSOE, señala los contratos de emergencia que se gestionaron desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) cuando estalló la pandemia de coronavirus.
Los socialistas defienden que esas contrataciones por la vía de urgencia, que obviaban trámites administrativos para acelerar los procedimientos en una situación extrema como fue la crisis del Covid, se extendieron más allá de lo que era legalmente aceptable.
Investigación
Así lo denunciaron. La Justicia admitió la denuncia y, de hecho, señaló que tanto la actual gerente del SAS como sus dos antecesores debían responder en el caso abierto para dilucidar si había algún comportamiento delictivo.
Este paso supuso, defienden desde el PSOE, un espaldarazo en primer lugar a su fiscalización del Ejecutivo de Juanma Moreno y, en segundo, a labor de oposición del secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas.
Sin embargo, con los primeros compases del caso, llega este varapalo: la investigación no trata de demostrar que se estableciese un modelo general de contratación irregular, como ha insinuado el PSOE hasta ahora.
De hecho, los socialistas defendían que existía esa forma de contratación generalizada que se parecía al de los ERE fraudulentos. En este segundo caso sí que la Justicia señaló que se había instaurado un "sistema fraudulento" de reparto de dinero público que se saltaba de forma sistemática los controles administrativos pertinentes.
Anticorrupción
Establecido ya por la Fiscalía Anticorrupción el marco en el que se mueve la investigación, que se acota a los contratos del SAS posteriores al fin de la pandemia y, por lo tanto, del sistema de contratación especial, ahora la Justicia tiene que dilucidar si hay responsabilidad penal que exigir a los altos cargos del sistema sanitario andaluz.
Desde el Gobierno defienden que no hay tal cosa. De hecho, explican que los contratos que denuncia el PSOE son perfectamente legales porque son parte de las partidas presupuestarias que se aprobaron durante la pandemia y mientras la contratación exprés era legal.
¿Qué pasa con los contratos del SAS de 2024 que denuncia el PSOE? Fuentes del Gobierno andaluz explican que no son operaciones nuevas sino "adendas", es decir, añadidos sobre contratos anteriores por cuestiones burocráticas.
Burocracia
Es decir, sería, insisten desde el Ejecutivo andaluz, casos que se citaron por ejemplo en marzo de 2024, pero que se pagaron en 2022 o 2023, cuando se abrió esta forma de contratación rápida. No habría, por lo tanto, irregularidad, puesto que no son nuevos contratos sanitarios sino correcciones burocráticas de las clínicas a las que se concedieron esas operaciones sanitarias.
Desde el PSOE no están de acuerdo. Señalan que la forma de contratación fue irregular de forma general y que esas nuevas operaciones sanitarias que se dieron en 2024 era, en realidad, contratos que se sumaron a los anteriores cuando ya la forma exprés de prestación de servicios no era válida.