Un profesor de secundaria.
Andalucía protegerá a sus profesores de agresiones en clase, en la calle y en Internet con una "Unidad de Apoyo"
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Los profesores de Andalucía serán tendrán protección ante agresiones en los centros educativos, la calle e incluso en Internet. Así lo establece el decreto que desarrolla la Ley 3/2021, que nombra a docentes "autoridad pública".
El decreto, actualmente sometido a información pública, se espera que quede aprobado este 2025. El mismo "reconoce y refuerza la autoridad pública del personal docente de la comunidad autónoma" andaluza.
De esta forma, señala el texto de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, los profesores estarán protegidos ante agresiones tanto en el aula como en todo el centro escolar. También en la calle e, incluso, en Internet y las redes sociales.
Así, "el ámbito escolar al que afecta este decreto se entenderá, no sólo referido al propio centro, sino también a las actividades desarrolladas fuera del mismo por el profesorado".
Ahora bien, para gozar de esa protección las actividades y momentos en que el profesorado tiene esa consideración de autoridad pública son las que estén "directamente relacionadas con las actividades lectivas, complementarias, extraescolares o vinculadas al desempeño de su función docente y afecten a algún miembro de la comunidad educativa".
Actividades "complementarias"
También, señala el texto legislativo, las actividades "que se lleven a cabo durante la realización de otros servicios complementarios que se presten en el centro".
La normativa recoge, por lo tanto, que la protección especial a los profesores será "cualquiera que fuera el momento y el lugar en que se produjeren, los actos contrarios a la integridad física o moral del profesorado".
Y es ahí donde se explicita que se cuenta "el ciberacoso y actos de naturaleza similar, siempre que resulten relacionados con el ejercicio profesional del docente".
Esta protección integral se aplica, además de a los docentes de la pública, a los de la concertada. Porque el decreto habla de ampara a todos los profesores de centros sostenidos con dinero público.
"Consideración y respeto"
Esta normativa, señalan desde Educación, se desarrolla para "fomentar" la "consideración y respeto, así como regular un sistema de cobertura que garantice su protección en el ejercicio de sus funciones y competencias" de los docentes andaluces.
La Ley que ampara este decreto ya recogía de forma específica que los profesores andaluces gozarían de la consideración de autoridad pública. Pero ¿qué quiere decir esto?
Pues, según explicaron en su momento desde la Consejería de Educación -entonces con Javier Imbroda como titular y la actual viceconsejera, Carmen del Castillo, como segunda-, es que, entre otras cuestiones, se les aplica, como a los policías, el principio de veracidad.
Esto significa que la versión de un profesor tendrá siempre presunción de certeza frente a lo que pueda relatar un alumno. Su palabra tendrá valor probatorio, aunque los alumnos siempre puedan presentar testimonios y pruebas para sostener su versión de los hechos.
Prestigio social
Desde la Consejería de Educación razonan que este decreto viene a dar seguridad a los docentes. Porque, explican, "disponer de un profesorado que cuente con el mayor prestigio social posible, con reconocimiento institucional a su labor y con respaldo legal a su autoridad, es condición esencial para avanzar en un sistema de educación equitativo y de calidad".
Eso, añaden, asegura "el clima de respeto imprescindible para garantizar el ejercicio de la función docente, prime el mérito y el esfuerzo personal y eduque en la convivencia, los valores democráticos y el sentido de la responsabilidad".
Desde la Junta defienden que este decreto es "una norma necesaria para la implantación de medidas que incrementen y refuercen la valoración social de la función docente y la autoridad del profesorado a fin de que pueda desarrollar su labor con las máximas garantías conforme a lo previsto en la citada Ley 3/2021, de 26 de julio".
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De igual modo, sostienen desde el Gobierno andaluz que dicho decreto "contiene la regulación imprescindible para hacer efectivo el reconocimiento de la autoridad del profesorado y fomentar la consideración y el respeto que le son debidos en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades con el fin de procurar el adecuado clima de convivencia en los centros docentes al no existir ninguna alternativa regulatoria menos restrictiva de derechos".
Consejo Escolar
En la tramitación de este decreto "han intervenido el Consejo Escolar de Andalucía mediante la emisión del preceptivo dictamen y ha sido tratado en Mesa Sectorial de Educación".
El decreto establece, además de la consideración de la autoridad pública de los docentes, su protección jurídica y psicológica. Esto se articula, desarrolla el texto legal, mediante la creación de la Unidad de Apoyo al Profesorado,
Desde dicha oficina es donde se regulan "los procedimientos para solicitar la protección jurídica y psicológica del profesorado de acuerdo con los derechos del mismo por su condición de autoridad pública".
La Junta prevé que, "en el ejercicio de sus funciones", al profesorado se le reconozca, entre otros derechos, el del "respeto, reconocimiento y apoyo" a su "autoridad" por parte "del alumnado, de sus representantes legales y del resto del profesorado".
Decisiones "rápidas"
También, recoge Europa Press, el de "adoptar decisiones rápidas, proporcionadas y eficaces, de acuerdo con las normas de convivencia del centro, que le permitan mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje durante las clases, en las actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro como fuera del recinto escolar".
Otros derechos que se le reconocen al profesorado en este proyecto de derecho son los de "colaboración de los representantes legales para el cumplimiento, por parte de sus hijos e hijas, de las normas de convivencia".
Así mismo, "a la protección jurídica y al apoyo psicológico gratuitos en el ejercicio de sus funciones docentes", y al "apoyo por parte de la Administración educativa, que velará por que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto que le corresponden conforme a la importancia social de la tarea que desempeña".
Públicos y concertados
En esa línea, el proyecto de decreto contempla que, "de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 3/2021, de 26 de julio, la Administración educativa proporcionará asistencia psicológica al personal docente que preste sus servicios en centros sostenidos con fondos públicos".
Esto será así como "servicio para ayudar a superar la repercusión sobre el personal docente de agresiones o situaciones de conflicto que menoscaben la autoridad del profesorado, en el ejercicio de sus funciones, con objeto de reducir el efecto de los mismos en su salud y rendimiento laboral".
"La asistencia psicológica solicitada por la persona interesada se articulará mediante la Unidad de Apoyo al Profesorado existente en cada Delegación Territorial con competencias en materia de educación", precisa el proyecto de decreto.
