Una semana justo ha durado en el cargo el nuevo delegado de la Consejería de Educación en Sevilla, funcionario docente de carrera. Miguel Martín León, nombrado por Ciudadanos, ha presentado su dimisión tras verse involucrado en un asunto judicial por presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa continuada, falsedad documental y apropiación indebida, han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes de la Consejería.
En concreto, Martín León ha sido procesado por un juzgado de Dos Hermanas por una querella criminal que presentó la empresa Fleshlight, uno de los mayores productores mundiales de vaginas de plástico, cuya fábrica está en la citada localidad sevillana.
El delegado ha presentado su dimisión, tras trasladarle su decisión al consejero, Javier Imbroda, por esta investigación judicial. La misma se remonta años atrás y gira en torno a una aportación de 40.000 euros de la empresa como patrocinio para un equipo de baloncesto, que él entrenaba. Fue procesado en febrero de 2019.
La compañía sostiene en su querella que este dinero finalmente habría ido a parar a la asociación deportiva Anima Vitae, dirigida por familiares del ya ex delegado territorial, según publica ABC.
Cuarto delegado
En cualquier caso, será este martes cuando el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía dé cuenta de la dimisión de Martín León, quedando pendiente la designación de su sustituto.
Ésta será la cuarta persona en hacerse cargo de esta responsabilidad desde que arrancó la actual legislatura autonómica tras el reciente cese de Marta Escrivá. Ella fue sustituida por pérdida de confianza y no se esperaba su destitución apenas unos días después de que guarderías, colegios e institutos abrieran sus puertas tras seis meses cerrados por la Covid-19.
"Lo que tengo claro es que por mi trabajo no ha sido. Me voy con la cabeza muy alta por mi trabajo y el de mi equipo de la Delegación", aseguró Escrivá a este periódico.
La Fiscalía pide para Miguel Martín León y varios acusados, entre ellos el responsable de Anima Vitae, una pena de dos años y seis meses de prisión. Considera que los hechos son constitutivos de un delito de estafa continuada.
Por su parte, el ex delegado demandará a la empresa Fleshlight por daños económicos y perjuicios a su honor. No obstante, ha presentado su dimisión porque el Código Ético de Ciudadanos, partido que lo nombró como delegado, establece que un imputado no puede ocupar un cargo público.