El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto de procesamiento contra el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera, bajo gobiernos socialistas, y a otros cuatro empresarios.
En concreto, el instructor investiga las presuntas irregularidades en la concesión de las ayudas del Gobierno andaluz a un "entramado de empresas" radicado en la Sierra Norte de Sevilla por un importe total aproximado de 34.264.273 euros.
Se trata de una de las piezas separada más relevante del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE). Según reza en el auto judicial, difundido por el Tribunal Superior de Justicia (TSJA), los investigados crearon un "entramado empresarial" que controlaban dos de los investigados, uno de ellos ya fallecido en el año 2016.
Estos empresarios, según el juez instructor, conformaban sociedades, la mayoría sin actividades ni empleados. A ellos la Junta les concedió, ilícitamente, sin que existiera solicitud o se acompañaran proyectos, memorias o planes de viabilidad, un total de 34 millones de euros. Solo, añade el juez, "por el interés ilegítimo de favorecer a dos de los empresarios y a su grupo de empresas".
Se trata de Daniel Alberto Rivera, José María S.L., Eduardo L.R., Manuel V.L.T. y Manuel R.O., y han sido procesados por los supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental.
De igual modo, el instructor acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a otros seis investigados. Además, declara extinguida la responsabilidad criminal del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que también fue alcalde de El Pedroso, tras su reciente fallecimiento.
Cargos excluidos
En el citado auto el juez señala además que no es posible depurar la posible responsabilidad de otros cinco ex altos cargos de la Junta de Andalucía por su participación en los hechos delictivos. Estos son los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá; el ex director general de Trabajo Juan Márquez y el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano. Todos ellos fueron enjuiciados en la denominada pieza política, en la que fueron condenados los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Por último, el instructor asevera que concurren sólidos indicios de los que se desprende que durante el mandado de Daniel Alberto Rivera como director general de Trabajo y Seguridad Social se concedieron y realizaron diversos pagos de ayudas y subvenciones ilícitas "de manera injusta y arbitraria" a este entramado empresarial.
Archivo de la causa origen
Por su parte, este mismo juez ha dictado el archivo definitivo de la causa abierta contra el expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y su mano derecha, el exconsejero Gaspar Zarrías. En concreto, se investigaba la concesión de un préstamo supuestamente ilegal de 5,83 millones de euros a la empresa Campocarne para salvar la antigua fábrica de embutidos Cárnicas Molina. Esta causa fue considerada el origen del caso ERE.
El instructor ha dictado un auto en el que, siguiendo lo acordado por la Audiencia de Sevilla, que declaró prescrita la causa, archiva definitivamente estas actuaciones. En ellas pretendía investigar a Chaves y a Zarrías y a otras 13 personas -otros ex altos cargos y empresarios- por posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación.