Antifraude revela que Ribó contrató a dedo un servicio por el que Valencia pagó durante años un 117% más

La Agencia Valenciana Antifraude investiga la contratación ‘a dedo’ de un servicio de comedor para centros ocupacionales por el que el Ayuntamiento de Valencia pagó, durante cerca de dos años y medio, un 117% más de lo que abonaba anteriormente a la legítima adjudicataria.

El Consistorio de Joan Ribó (Compromís) prescindió en junio de 2017 de los servicios de Catering La Hacienda SL en los centros Isabel de Villena, Grabador Planes y Juan de Garay, que prestan atención durante el día a personas con discapacidad. Lo hizo al estar disconforme con la calidad del menú de esta firma, que cobraba a la administración 3,7 euros (IVA incluido). 

Optó entonces por los servicios de Novaterra Catering SL, “a un precio unitario del menú (8,03 euros IVA incluido) un 117% superior al precio al que lo estaba facturando la anterior legítima adjudicataria”. Y lo hizo “sin concurrencia competitiva”, según advierte el informe provisional de la investigación, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

“Fue una solución temporal mientras se redactaban los pliegos del nuevo contrato”, replica al respecto Consol Castillo (Compromís), concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento durante la pasada legislatura. “Nos preocupaba la calidad, y lo adjudicamos directamente a Novaterra, que es una firma sin ánimo de lucro, sin solicitar otras ofertas, tal y como permite la nueva ley de contratos”, subraya la exdirigente.

"Irregularidades graves"

Pero la Agencia Antifraude aprecia “irregularidades administrativas graves, desde octubre de 2017 hasta marzo de 2020, periodo en el que tuvo lugar la prestación del servicio de comedor en los tres centros ocupacionales municipales del Ayuntamiento de Valencia sin el correspondiente marco contractual al que está sometido el sector público”.

En primer lugar, el organismo subraya que el Ayuntamiento sí tuvo margen para licitar el contrato: “Seis meses antes de realizar el encargo directo, la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia ya era consciente que el servicio de comedor que venía prestándose por la empresa Catering la Hacienda SL no iba a ser prorrogado, al haberse advertido deficiencias en la prestación del mismo”, precisa.

“Sin embargo, no planificó con antelación la licitación del nuevo contrato con el objetivo de que concluyese con la antelación suficiente que hubiese permitido concatenar la vigencia entre el contrato que finaliza y el que debía comenzar”, agrega al respecto el organismo.

Castillo considera que esta lectura “está muy alejada de los tiempos que se manejan en una administración pública con carencias de personal”, y que además se produjo “un cambio en la Ley de Contratos del Sector Público que obligó a rehacer los pliegos”. “Se recurrió a Novaterra como solución temporal de calidad, para solucionar el problema del mal servicio, y licitamos el nuevo contrato cuando pudimos”, asegura.

Medio millón

El total abonado a esta firma supera el medio millón de euros, tal y como informó Levante-EMV. “La facturación de la empresa Novaterra Catering SL aprobada por el Ayuntamiento de Valencia mediante el expediente del enriquecimiento injusto, careciendo del correspondiente contrato, es de un total de 22 facturas cuyo importe global asciende a 534.605,28 euros (IVA incluido)”, precisa Antifraude.

El organismo, además, llama la atención sobre la licitación del servicio que finalmente realizó el Ayuntamiento de Valencia, en la que estableció un precio máximo de 6,7 euros -IVA incluido-. “Es realmente llamativo (...) que el servicio de bienestar social justifique un precio máximo unitario del menú en 6,11 euros sin IVA, cuando ha venido conformando la misma prestación durante más de 28 meses por un precio unitario de 7,30 euros sin IVA, es decir, con un coste superior de 1,19 euros por menú sin IVA”, subraya.

El contrato se lo adjudicó la mercantil Ausolan RCS SL por un precio por menú de 6’57 euros (IVA incluido del 10%), por lo que Antifraude considera acreditado que se pagó a Novaterra “un precio superior al marcado por el mercado” -sobrecoste que cuantifica en 91.908 euros al comparar el precio de ambas firmas-.