La nueva causa contra Carlos Fabra investiga la legalidad de la nutrida red de ingresos con la que contó el expresidente de la Diputación de Castellón. Entre sus prestamistas, tal y como reveló EL ESPAÑOL, destacan conocidos empresarios como Fernando Roig (Pamesa), Enrique Gimeno (Facsa) o Luis Enrique Batalla (Becsa), así como la familia del golfista Sergio García. Pero la lista completa abarca también personalidades tan diversas como el piloto de motociclismo Álex Debón o el empresario de la funeraria La Magdalena, Manuel Vicente Blay.
El Juzgado de Instrucción 4 de Castellón está analizando el origen de los flujos económicos que manejaba el político -que ingresó una media de 19.000 euros mensuales, según el auto del juez Jacobo Pin- así como una presunta ocultación de patrimonio para no pagar a Hacienda lo que debe por su condena en el Caso Fabra. En concreto, el magistrado le acusa de los delitos de cohecho, uso de información privilegiada como particular y como funcionario público, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. El total de imputados asciende a 27.
Por lo que respecta al motorista, el auto detalla que Álex Debón realizó “una serie de transferencias con destino a una cuenta titulada por Carlos Fabra”. Pero el piloto, preguntado al respecto por el juez, acreditó que ha iniciado acciones legales contra el político para recuperar lo que le prestó. Tal circunstancia sitúa al deportista en un plano muy distinto al grueso de los benefactores de Fabra que constan en el auto, sobre los que el juez sospecha que le pudieron brindar falsos préstamos al margen de la legalidad. De hecho, Debón no se encuentra entre los investigados.
"Demandar a un amigo"
Entre los empresarios que también prestaron dinero a Fabra se encuentra Manuel Vicente Blay -titular de funerarias como La Magdalena- por la emisión de un cheque de 70.000 euros en 2011. El histórico dirigente del PP tampoco devolvió este importe, y el prestador prefirió “conservar la amistad con una persona y familia a la que ha tenido en alta estima toda la vida, a tener que demandar a un amigo en situación grave y angustiosa”, según recoge el auto. Tal argumento no le ha librado de ser imputado por el juez.
Otro de los empresarios que prestó dinero a Fabra fue Pedro Juan Gimeno, presidente de Cítricos Dasol SL. Le transfirió 60.000 euros en 2007 y, según explicó por escrito al juez, el expresidente de la Diputación de Castellón se lo devolvió a los doce días gracias a otro crédito que recibió el político de 271.000 euros, motivo por el que el juez no le imputa ningún delito.
Entre las transferencias que investiga el juzgado se encuentra otra de 100.000 euros realizada por la promotora del fallecido Arturo Beltrán Ebrogán SL. Los transfirió para comprarle a Fabra tres inmuebles ubicados en Borriol por un total de 450.000 euros, pero “todo indica que la venta de estas fincas no se hizo efectiva”, según advierte Jacobo Pin en su auto. Para esclarecerlo ha citado como testigo al actual administrador de la empresa.
Arte como garantía
También ha sido citado, pero en calidad de investigado, Daniel Vicente Latorre, administrador de la empresa de reciclaje Reyval Ambient SL (actualmente llamada Intercity Development SL). En su caso, le prestó 50.000 euros, y “como garantía de pago Carlos Fabra se obligaba a entregar las obras de arte de su propiedad”, según precisa el auto. Pero el juez lo cita al no tener constancia de la devolución de la deuda y al apreciar inexactitudes en el inventario de las obras de arte.
Otros de los imputados son el expresidente de la Cámara de Comercio de Castellón, Salvador Martí, y su mujer Mari Carmen Almenar. En su caso, por la emisión de dos cheques por importes de 75.000 y 50.000 euros en febrero de 2012. Martí, según recoge el auto, transfirió el dinero a título personal “en el marco de la amistad que mantenía con Carlos Fabra”. Fue un préstamo que no documentó, y sobre el que no recuerda ni su importe total ni si la cantidad fue devuelta. Por estos motivos el juez ha decidido imputar a la pareja.
Carlos Fabra, en una imagen de archivo.
A su vez, el auto subraya que la propia Cámara de Comercio de Castellón prestó 60.000 euros a Carlos Fabra mediante dos transferencias en 2012 y 2013. Preguntada al respecto, la institución aportó “justificantes de las transferencias a su favor” y “resguardos de los pagos efectuados para su devolución” para acreditar que el político devolvió la cantidad. Pero el juez considera insuficientes las explicaciones ofrecidas y pide a la cámara que identifique a quienes autorizaron estos préstamos para citarlos “en calidad de investigados”.
También a caballo entre la empresa y la política, el auto destaca otros tres prestadores. Se trata del difunto exalcalde de Almassora Vicente Vilar, que prestó 30.000 euros a Carlos Fabra de los que este devolvió 25.000. Por su parte, la expresidenta de la AVL María Ascensión Figueres le prestó 40.000 euros de los que recuperó 30.000.
Terrenos en Vall d’Alba
El también exalcalde Francisco Martínez es otro de los imputados en la nueva causa. El que fuera primer edil de Vall d’Alba y mano derecha de Fabra en la Diputación de Castellón le prestó otros 30.000 a través de un familiar. En su caso, el juez advierte además que procede enmarcar las transferencias en la compraventa de parcelas en la localidad del propio Martínez, haciendo un presunto mal uso de información privilegiada.
Además de todos los prestadores citados, el juez Jacobo Pin desliza otras empresas y titulares cuya imputación se encuentra “a la espera del análisis efectuado por la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)”.
Se trata de las mercantiles Llanera Urbanismo e Inmobiliaria SL, Digital Novae Media SL, Casa Amiga Portugal SL, Portugal Relacional SL, y de “Andrés Antonio Suñer en relación a su padre Antonio José Suñer”. A todos ellas el juez ha trasladado requerimientos que, “si bien han sido respondidos, no pueden considerarse convenientemente cumplimentados”.