La productora del hermano de Ximo Puig ha sido apartada de las licitaciones de la televisión valenciana (À Punt) por pactar precios con otras firmas. Ello implica que estas empresas que actuaban como un “cártel” audiovisual -según Competencia- no tendrán acceso al dinero público de los contratos. Pero tal decisión implica una paradoja para las arcas valencianas: el servicio costará un 25,44% más a los ciudadanos de lo que habría costado con Comunicacions dels Ports SA, la enseña de Francis Puig.
Así se desprende del “informe y propuesta de resolución” que trasladó la Subsecretaría de Economía a la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana sobre el pacto de precios detectado en tres licitaciones, las correspondientes a tres corresponsalías de la radiotelevisión valenciana.
En este documento inicial el departamento comparó los precios de las firmas que fueron apartadas y los de las productoras que, en su lugar, obtuvieron finalmente el contrato. En el caso del lote 1 -el de la corresponsalía de las comarcas de Els Ports, Alt Maestrat y Baix Maestrat, al que optaba la firma de Francis Puig- el “mayor coste total” por jornada y media laboral es de 71,65 euros, lo que representa un 25,44% más. El adjudicatario final fue la firma Miralpardalet SL.
Ocurre algo similar con los lotes 2 y 3. En el caso del segundo el “mayor coste total” es de 43,6 euros (un 15,48%) al apartar a Kriol SL, también sancionada por el pacto de precios. Por lo que respecta al tercero, la diferencia es de 88,40 euros (un 31,39% más) al quedar descasificada Canal Maestrat SL, otra de las firmas sancionadas.
El mencionado informe subraya sobre las firmas multadas que, al margen de su “conducta colusoria”, sus propuestas planteaban “precios viables y asumibles para la prestación del servicio”. “La colusión ha tenido como consecuencia un mayor coste para la Societat Anonima de Mitjans de Comunicació y, en definitiva, para las arcas públicas, de un 25,44%, un 15,48% y un 31,39% en los lotes 1, 2 y 3, respectivamente”, indica la propuesta preliminar de la Subsecretaría de Economía.
Este análisis comparativo elaborado por el mencionado departamento de la Conselleria de Economía (controlada por Compromís) no fue después incluido en el expediente sancionador definitivo que publicó el pasado lunes la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana.
Sobre el coste definitivo se refirió el pasado martes la sociedad de Francis Puig, que subrayó que “en ningún caso la licitación de Comunicacions dels Ports SA ha causado perjuicio alguno a la administración o en este caso a la Societat Anónima de Mitjans de Comunicació”. “Cabe recordar que Comunicacions dels Ports SA fue requerida por el órgano de contratación para justificar una posible baja temeraria”, destacó.
La productora trasladó además que se trata de un servicio que ya prestó antiguamente a la radiotelevisión pública y por el que pujó en esta ocasión a un precio inferior al que venía cobrando. El cualquier caso, una vez se inició la investigación por el pacto de precios, “retiró la oferta con anterioridad a la adjudicación del contrato”, cuyo importe total era de 24.200 euros -IVA incluído-.
Ello no la libró de la multa de 16.801 euros que le impuso Defensa de la Competencia al considerar “acreditada una infracción muy grave del artículo 1 de la Ley 15/2007, constitutiva de cártel”. El organismo consideró inculpatorias las conversaciones de whatsapp intervenidas en el registro de las instalaciones de Kriol y Canal Maestrat, así como la presentación de “precios idénticos que se repiten de forma coordinada en los distintos lotes a los que concurrieron”.