El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero hizo del barrio valenciano de El Cabanyal un símbolo contra la especulación urbanística. Impidió el proyecto municipal de Rita Barberá para su reforma al considerar que la prolongación hasta el mar de la Avenida Blasco Ibáñez suponía “un expolio del patrimonio”.
Han pasado 11 años desde aquel veto, la mitad con gobiernos de izquierda en el Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana. Y la realidad actual del barrio es el estancamiento. Tan solo se ha ejecutado un 4% de la inversión europea concedida para regenerarlo (Edusi), y sigue en ruina el 76% de la vivienda pública de la ‘zona cero’, la situada donde estaba prevista la avenida.
Todo ello con el estruendoso silencio de la izquierda como música de fondo. Los partidos que sostenían las pancartas gestionan ahora con lentitud la urgente rehabilitación que exigían. Y lo hacen sin la presión que entonces ejercían las plataformas sociales. Tanto es así que Salvem El Cabanyal, otrora el azote de la administración, se disolvió en 2019 pese a las graves carencias que aún sufre el que fue su objeto de protección.
De aquel potente movimiento contra el PP tan solo quedan ahora algunas voces críticas, como la de Fèlix Estela, presidente de la Asociación de Vecinos del Cabanyal-Canyamelar: “El problema general que sufrimos ahora es la lentitud”.
La paralización
Fue el Ministerio de Cultura dirigido por Ángeles González-Sinde el que tumbó en enero de 2010 el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de Rita Barberá. En cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo que le obligaba a pronunciarse, emitió un informe técnico contra la prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez contemplada en el proyecto.
Inmediaciones de la Avenida Blasco Ibáñez junto a El Cabanyal.
“El Ministerio declara la obligación de los titulares de los bienes integrantes del conjunto histórico del Cabanyal de proceder a la suspensión inmediata de la ejecución del PEPRI hasta que dicho Plan no se adapte y garantice los valores histórico-artísticos del barrio valenciano”, comunicó entonces el departamento.
González-Sinde se desmarcó del criterio de su antecesor, el también socialista César Antonio Molina. También del tradicional posicionamiento del propio PSOE en Valencia, que aún tildaba de “irrenunciable” el proyecto a finales de los 80 por tratarse de la histórica aspiración de la ciudad de conectar el centro con el mar mediante una gran avenida.
Más allá de los argumentos patrimoniales, fue una guerra política en la que los socialistas se impusieron con habilidad a los 'populares', hasta el punto que el PP de la ciudad ha renunciado por completo a la iniciativa en la actualidad.
Las viviendas
Para acometer la prolongación de la avenida, las administraciones valencianas adquirieron cientos de viviendas con el objetivo de derribarlas. A cambio, el plan contemplaba la construcción de fincas de VPO -de un máximo cinco plantas- en los espacios generados y la protección de 550 edificios existentes. La oposición al plan, por contra, abogaba por olvidar la ampliación de Blasco Ibáñez y rehabilitar los inmuebles comprados para ponerlos de nuevo a disposición de las familias.
En respuesta a una pregunta oficial del PP, la concejal de Vivienda Isabel Lozano (Compromís) informó el pasado mes de septiembre de que el Ayuntamiento de Valencia tenía en ese momento 203 viviendas vacías en la ciudad. Del total, precisó que 155 se encuentran “situadas en el barrio del Cabanyal-Canyamelar”, y agregó que se trata de las adquiridas por el consistorio “durante la vigencia del PEPRI del Cabanyal con la finalidad de ser derribadas, por lo que se encuentren en su mayoría pendientes de rehabilitación, de ser destinadas a infraestructuras municipales de servicio público o tapiadas”.
Viviendas abandonadas en el barrio de El Cabanyal.
Preguntadas al respecto por EL ESPAÑOL, fuentes de la concejalía subrayan que de estas 155 ya han sido rehabilitadas un total de 25 en el marco de los planes PIP y ARRU 1 con un coste de 2,9 millones de euros, y que otras 11 ya están “en marcha”, con un presupuesto previsto de 3,3 millones del plan ARRU 2. “Se trata de proyectos de rehabilitación complejos y costosos, porque requieren respetar las características del barrio”, precisan.
Se trata, en cualquier caso, de 36 viviendas rehabilitadas o en proceso sobre un total de 155, de modo que el 76% de las propiedades del Ayuntamiento de Valencia en la zona de la ampliación siguen en ruina. En descargo del actual equipo de Vivienda cabe apuntar que controlan las competencias desde 2019. La primera legislatura del Gobierno municipal de coalición estuvieron en manos de València en Comú, la marca con la que Podemos concurrió en la ciudad en las elecciones de 2015.
“Quien más ha rehabilitado el barrio ha sido la iniciativa privada”, lamenta al respecto el presidente de los vecinos, Fèlix Estela. Al respecto, el PSPV-PSOE subraya que la sociedad pública Plan Cabanyal -compartida entre el Ayuntamiento y la Generalitat-, ha gestionado 134 expedientes para la rehabilitación de edificios, de los que 46 ya tienen las obras terminadas, 55 han cobrado los importes y 25 están pendientes de calificación -6 han renunciado y a 2 se las han denegado-. En las viviendas de estas fincas la media de inversión de los particulares es de 15.000 euros; y la de las ayudas públicas, de 6.000 euros, según apuntan.
Vista del barrio.
En cualquier caso, los volúmenes de inversión también son francamente mejorables en el caso de estas líneas enmarcadas en las Ayudas a la Regeneración y Renovación Urbana (ARRU). Este plan para rehabilitar viviendas privadas contemplaba una inversión de 14,3 millones de euros entre las administraciones públicas y los particulares. Pero, al cierre de 2020, el Ministerio de Fomento había puesto solo el 34% de lo acordado (1,5 millones); y la Generalitat, el 37% (0,4 millones). Quien más había cumplido era el Ayuntamiento con el 73% (1,8 millones).
Las inversiones
Precisamente el grado de incumplimiento es el gran problema del resto de inversiones previstas en el barrio. En 2016, cuando Joan Ribó cumplió un año como alcalde de Valencia, subrayó al conocer la adjudicación de los primeros fondos europeos a la ciudad para regenerar El Cabanyal que se trataba de “un paso definitivo para la rehabilitación el barrio, su dinamización económica, la regeneración urbanística y la protección de las familias”.
Pero el grado de ejecución, el de las obras finalizadas, dibuja hoy un escenario muy distinto al planteado entonces por el alcalde. “El Plan Edusi del Cabanyal sigue estancado. A fecha de enero de 2021 solo se han ejecutado 1,2 millones de un plan de más de 30 millones que debería servir para regenerar el barrio del Cabanyal-Canyamelar, es decir un 4%”, precisa la portavoz del PP de la ciudad, María José Catalá.
En verde, las actuaciones con fondos europeos del plan Edusi, ejecutadas solo al 4%. EE
“Este bajo nivel de ejecución ha provocado que, cinco años después de su aprobación, muchas de las actuaciones previstas se encuentren todavía pendientes de ejecución. Es el caso, por ejemplo, de la Escuela Infantil de Primer Ciclo, el Centro Cívico del Cabanyal, la rehabilitación de la Casa dels Bous, la semipeatonalización de las Calles Vicent Gallart y Conde de Alacuás o la reurbanización del entorno del Mercado del Cabanyal”, concreta la dirigente.
Preguntadas al respecto, fuentes de la Concejalía de Innovación que dirige Carlos Galiana (Compromís), confirman que el grado de inversión ejecutada del plan Edusi “es baja”. No obstante subrayan que en la actualidad “el 90% de los proyectos se encuentran ya en alguna fase de tramitación”.
El departamento pone en valor la conclusión de actuaciones como el nuevo sistema de climatización del Mercado de El Cabanyal, la conversión del edificio del escorxador en un centro de interpretación del barrio o la conversión del edificio de la plaza Doctor Llorenç de la Flor en un centro de día. A su vez, recuerda que el actual equipo ostenta las competencias desde 2019 -la pasada legislatura esta área también la gestionó València en Comú-.
Mercado del Cabanyal, cuya climatización se ha renovado pero no su entorno.
“El retraso en la ejecución de los fondos Edusi ha sido un problema generalizado en España debido a los numerosos cambios introducidos por el Gobierno de España”, argumenta además Innovación. Pero el PP discrepa en este punto. “El 31 de diciembre de 2019 debía haberse ejecutado el 30% del Plan Edusi. Pero un año después seguimos lejos de este porcentaje, mientras otros municipios, igualmente beneficiarios de estos fondos, sí lo han alcanzado ya”, subraya Catalá.
Por lo que respecta al área de Desarrollo Urbano, en manos del PSOE, el departamento subraya que, al margen del Edusi, las actuaciones contempladas en los planes ARRU y PIP (el antiguo Plan Confianza impulsado por el PP) sí han sido ejecutadas en su práctica totalidad, al menos en lo que respecta a las actuaciones de urbanismo.
“Hay avances, la situación es mejor que cuando se paralizó el proyecto de Barberá y se abandonó el barrio por completo. Pero la lentitud en la aplicación de la nueva planificación es el gran problema que tenemos actualmente”, concluye el representante vecinal Fèlix Estela.