La EMT de Valencia contrató los servicios SMT Asesores, despacho participado por el cuñado del alcalde de la ciudad a través de Abastos Abogados, para defenderse de las demandas por tres despidos municipales. Y el resultado fue el mismo en los tres casos: la derrota en los tribunales de la entidad dependiente del Ayuntamiento de Joan Ribó (Compromís).
Así lo acreditan las facturas pagadas por la Empresa Municipal de Transportes de Valencia recopiladas por el PP, formación liderada en la ciudad por María José Catalá. El desglose de las mismas, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, revela pagos a este despacho que suman un total de 14.278 euros IVA incluido.
Los primeros despidos fueron los del exgerente de la EMT Andrés Bernabé y su adjunta Sandra Delgado. Ambos pleitearon contra sus ceses y vencieron finalmente a esta empresa pública, presidida por el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Valencia, Giuseppe Grezzi (Compromís).
Las facturas abonadas a SMT Asesores por parte de la EMT desglosan pagos por la gestión de ambas salidas. En el caso del despido de Bernabé, el gasto principal corresponde a 4.000 euros por la representación legal en el juicio que tuvo lugar en junio de 2017.
Además, la firma cobró 2.000 en 2018 por el recurso de suplicación contra la sentencia desestimatoria del despido, y otros 300 euros por la posterior redacción del acuerdo para rescindir su contrato.
Sandra Delgado
Por lo que respecta a Sandra Delgado, SMT Asesores cobró 2.000 euros en 2017 por defender a la EMT ante la demanda contra su despido, que se dirimió en el Juzgado de lo Social 6 de Valencia. A su vez, la conciliación previa ante la SMAC (Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación) costó otros 800 euros a la entidad municipal.
El último revés judicial a la EMT -y el más sonado- se produjo la semana pasada. El Juzgado de lo Social 1 de Valencia declaró improcedente el despido de la que fuera directora de Administración de la EMT, Celia Zafra. La dirigente fue despedida por la abultada estafa de 4 millones de euros que sufrió la empresa pública con ella al frente del departamento.
En su caso, STM Asesores no llegó a ejercer la defensa de la EMT, pues el Ayuntamiento de Valencia dejó de contratar con los despachos vinculados al cuñado del alcalde al trascender esta vinculación.
No obstante, antes de dejar de contratar a SMT Asesores, la EMT sí le encargó trabajos, que consistieron en la “investigación de la estafa” y la “redacción de escritos”. Costaron 2.700 euros, según consta en una factura pagada en octubre de 2019. La entidad decidió entonces despedir a la empleada, una salida que ahora la justicia considera improcedente.
Giuseppe Grezzi (izquierda) concejal de Movilidad y presidente de la EMT. EE
Todos los servicios enumerados, contratados a dedo (sin concurso público), suman un importe total de 11.800 euros sin IVA, que se eleva a los 14.278 euros al aplicarle el preceptivo 21%. Este gasto, más allá de la cuestión estética de contratarlo con una empresa participada por el cuñado del alcalde de la ciudad, fue además infructuoso, pues los tres casos culminaron con derrota de la firma municipal.
Daniel Pérez Fernández
El cuñado de Joan Ribó es Daniel Pérez Fernández, que figura en el Registro Mercantil como presidente de Abastos Abogados SLP desde 2019. Antes fue el administrador único de esta empresa, en concreto desde el año 2006. Su control de esta firma es total.
En SMT Asesores SLP no figura él al frente. Aparece su socio Salvador Martínez Tarín como administrador único. Pero Pérez tiene intereses en la misma. Tanto es así que Abastos Abogados ostenta el 32% de la propiedad SMT Asesores y viceversa. La segunda posee a su vez casi un tercio de la primera.
Otro dato clarificador es que comparten domicilio social en el entresuelo del número 9 de la calle Palleter de Valencia. Los encargos jurídicos de la EMT, en consecuencia, llegaban a las oficinas del cuñado de Joan Ribó, donde cohabitan estas firmas entrelazadas.
“Sectarismo y mala gestión”
Ante los hechos descritos, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, lamenta que el último despido improcedente “viene precedido de otros pronunciamientos judiciales que dejan claro cuál es el respeto de Grezzi y Compromís por los derechos de los trabajadores”.
“Todo esto asesorados jurídicamente por el socio del cuñado de Ribó, que facturó por estos trabajos más de 11.800 euros. A esto se le llama también sectarismo y mala gestión”, denunció.
La dirigente carga con dureza contra la gestión de la EMT. “Llevamos pagados 4 millones robados, 200.000 euros por despedir injustamente a una trabajador, más de 90.000 euros en un despacho de abogados catalán (teniendo, por cierto, la EMT a unos cuantos en nómina) y que han recuperado 0 euros de la estafa; Y si no fuera por el PP casi nos cuelan 15.000 euros que le pagaron de más al anterior gerente”.