Carlos Fabra fingió pagar una deuda con el traspaso de un Jaguar que seguía utilizando 6 años después
El juez también cree que el político cobró una comisión de 100.000 euros por la construcción del Decathlon de Onda. Movió 29 millones, de los que solo han podido bloquear 440 euros en sus cuentas, según la instrucción.
23 abril, 2021 02:48Noticias relacionadas
El expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra declaró ante la Agencia Tributaria el pago de un préstamo a su mercantil Sipcas SL mediante la dación en pago de "siete vehículos valorados en 79.000 euros". Pero fue una transmisión "parcialmente falaz", según el juez Jacobo Pin, porque "continuó siendo usuario del vehículo marca Jaguar modelo S-Type hasta 2019, seis años después de la supuesta transmisión".
Esta es una de las numerosas operaciones rocambolescas recogidas en el auto de procedimiento abreviado del Juzgado de Instrucción 4 de Castellón contra el político del PP. "Existen indicios que apuntan a que ocultó su patrimonio ante la Justicia y la Administración Tributaria para impedir la ejecución de su condena por delitos fiscales, percibió sobornos y blanqueó dinero", según el juez instructor.
En concreto, se trataría de cerca de 29 millones de euros (26 en cuentas bancarias y 2,7 en metálico), recaudados y ocultados con la ayuda de empresarios y colaboradores para esquivar una deuda con el Fisco de cerca de un millón de euros -la correspondiente a la multa por el llamado "Caso Fabra", por el que fue condenado-.
El magistrado lamenta al respecto que, pese a las grandes cantidades manejadas por Fabra, en las 17 cuentas que han sido bloqueadas "solo constan trabados 439,74 euros".
"Sociedad pantalla"
La mencionada Sipcas SL "fue constituida como una mera sociedad pantalla". Era una firma "carente de actividad real" que cumplió el propósito de "canalizar, entre diciembre de 2011 y marzo de 2012, 232.897 euros con origen en la constructora Becsa SA", según el juez.
La fórmula para justificar estos ingresos también habría sido creativa. "Supuestamente, tales pagos respondían a la contratación de la mercantil Sipcas SL como empresa que posibilitaba la ejecución de proyectos en países extranjeros", afirma Jacobo Pin. En concreto, por buscar oportunidades de negocio en naciones como Irak, Kuwait y Marruecos para Becsa.
No obstante, el juez considera que no está acreditada la participación en los presuntos hechos delictivos del administrador de esta firma, Luis Enrique Batalla Reigada. Por este motivo acuerda el sobreseimiento de la causa para este empresario.
Comisión por un Decathlon
Otro movimiento investigado en la causa que sorprende por sus características son los 100.000 euros que Carlos Fabra recibió de la mercantil Ebrogan SL. Se trata de la empresa que construyó el Decathlon del término municipal de la localidad castellonense de Onda, que habría pagado este precio al político "a cuenta del precio final", según el auto.
El juez interpreta que se trata de un cohecho que cobró el político por intermediar en la operación. Al respecto, en el registro realizado en la casa de Fabra en Oropesa hallan una carta fechada en enero de 2012 en la que Ebrogan SL agradece al dirigente del PP "las gestiones realizadas con D. Salvador Aguilella, por aquel entonces alcalde de la localidad de Onda".
Por lo que respecta a los 1,7 millones que Carlos Fabra y su entorno percibieron del empresario Fernando Roig y sus sociedades, el juez Jacobo Pin hace suya la postura de la Fiscalía Anticorrupción.
Como informó EL ESPAÑOL, el fiscal Javier Carceller considera que brindó esta cantidad al político como contrapartida a 8,1 millones de euros de publicidad del Aeropuerto de Castellón -controlado por Fabra- destinados al Villarreal CF -presidido por Roig-.
Prescripción y sobreseimiento
El juez mantiene encausados a Carlos Fabra Carreras, a su mujer María Desamparados Fernández Blanes, a sus hijos Borja y Claudia Fabra Fernández, a su yerno Fernando Castro Izuzquiza y a su asesor Alejandro Lorca Heredero. También a los empresarios Enrique Gimeno Escrig y Fernando Roig Alfonso, así como a su hijo Fernando Roig Negueroles y a su hombre de confianza Miguel Pérez Ferrer.
Por contra, decreta la "extinción de la responsabilidad por prescripción" de Manuel Vicente Blay Biosca, Salvador Martí Huguet, María del Carmen Almenar Monfort, María Durá Tomás, Francisco Martínez Capdevila, Miguel Carot Blasco y Daniel Vicente Latorre Gallén.
Asimismo, acuerda el sobreseimiento de la causa para Miguel Izquierdo Dols, José Salvador del Campo Marín, Santiago Gascón Royo, Jesús Marmeneu Viciano, Manuel Izquierdo Segura, Víctor Puerto Badenes, Dionisio José Pérez López, Justo Palomares Morte, Manuel Merallo Cortés, José Carlos Rambla Molinos y el mencionado Luis Enrique Batalla Reigada.