La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Comunidad Valenciana, dirigida por Mónica Oltra, vetará en sus próximas licitaciones de residencias de mayores a las firmas "que operen en paraísos fiscales". Se trata de una exclusión que endurece de forma significativa la legislación existente en la autonomía, aprobada hace solo tres años.
La denominada 'Ley 18/2018 para el Fomento de la Responsabilidad Social' impide a los contratistas "realizar operaciones financieras en paraísos fiscales que sean consideradas delictivas como delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal o contra la hacienda pública", pero no el mero hecho de operar en un paraíso fiscal.
Fuentes del departamento de la líder de Compromís confirman que, en efecto, se trata de "la primera restricción de este tipo", al menos en la Comunidad Valenciana.
¿Y es legal excluir a una empresa por operar en un paraíso fiscal, independientemente de que cumpla o no la ley? "El pliego de contratación tipo que se ha redactado cuenta con un informe a favor de la Abogacía de la Generalitat Valenciana", subrayan. En consecuencia, la conselleria introducirá este veto en sus próximas licitaciones pese a que se trata de una práctica legal en la autonomía.
Prueba de que el documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, va más allá de la recién aprobada ley autonómica, es que ni siquiera basa en ella su restricción. Por contra, se acoge al Artículo 202 de la 'Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público', que permite introducir "condiciones de especial ejecución" de diversa tipología.
Prohibido sacar el dinero
El pliego de Mónica Oltra establece sobre la base de esta norma su particular "condición de especial ejecución", en la que exige a las empresas que se comprometan a varias cuestiones.
Por un lado, a comunicar todo el dinero recibido de la Generalitat Valenciana por el contrato en cuestión en sus declaraciones de IRPF o Impuesto de Sociedades, según el caso. También a no destinarlo "a la realización de operaciones en paraísos fiscales con la finalidad de obtener un ahorro fiscal".
Para formalizar estos "compromisos", Igualdad exige a las empresas dos declaraciones responsables. La primera, con el compromiso de que va a comunicar todas las rentas en sus declaraciones de impuestos. Y la segunda es la más llamativa. Consiste en una "declaración responsable de que la empresa licitadora no opera en territorios calificados como paraísos fiscales".
Ximo Puig y Mónica Oltra. EFE
"De forma alternativa, la empresa licitadora podrá acreditar que su operativa en un territorio calificado como paraíso fiscal responde a motivos económicos válidos distintos del ahorro fiscal", agrega el pliego.
Además, para la "verificación del cumplimiento de la condición especial de ejecución", Igualdad exige una autorización para acceder a los datos fiscales de la empresa en poder de la administración tributaria".
También a la información disponible del conglomerado empresarial, si se da el caso de que esté integrada en un grupo. El pliego, a su vez, se reserva la posibilidad de imponer sanciones de hasta "el 50% del precio del contrato" en caso de incumplimiento.
Preguntado al respecto por este periódico, el presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), José María Toro, auguró que la restricción introducida por Mónica Oltra tendrá "escaso impacto".
¿Veto a DomusVi?
"Más del 85% de las empresas del sector son pymes de origen nacional", explica. "Y aunque no lo sean, está por ver si su situación encaja o no con el enunciado de 'operar en paraísos fiscales'". ¿Qué significa 'operar'? ¿Tener parte de tu accionariado con origen en un país de este tipo lo es?", se pregunta.
Sin citarla, tanto Toro como Oltra parecen estar pensando en una compañía concreta: DomusVi. Se trata de una firma radicada en España pero participada por el fondo International Capital Group (ICG), cuya estructura empresarial pasa por estados como Francia, Luxemburgo y Jersey.
Se trata de una concesionaria habitual de la administración valenciana, con la que la propia Oltra ha confrontado en varias ocasiones por la gestión de residencias como la de Alcoy. El veto introducido por Igualdad parece señalar a esta enseña.
En cualquier caso, está por ver si, en caso de que decida optar a las nuevas licitaciones, sirve o no esta medida para apartarla. La firma podría optar por presentarse y litigar contra la nueva restricción de la administración valenciana.