"Mi situación económica es bastante mala. Yo vivo de mi pensión y de la ayuda que me prestan mis hijos". Este es el escenario de penuria que describió ante el juez el expresidente de la Diputación de Castellón con el PP, Carlos Fabra.
Así consta en el vídeo de su declaración completa, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. En la misma, el político responde solo a las preguntas de su abogado e insiste en subrayar una cuestión: que los empresarios Enrique Gimeno y Fernando Roig le brindaron ayuda económica por su estrecha relación de amistad, no a cambio de contrapartidas.
El Juzgado de Instrucción 4 de Castellón ha abierto juicio oral contra Fabra y otros nueve investigados (entre los que se encuentran su familia directa y los mencionados empresarios) por la supuesta ocultación del patrimonio del exdirigente popular para impedir la ejecución de su condena por delitos fiscales del 'Caso Fabra'.
Declaraciones de Carlos Fabra
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado aprecian "la comisión de delitos de insolvencia punible y frustración de la ejecución, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y cohecho".
La Fiscalía Anticorrupción solicita por estos delitos penas de hasta 12 años de cárcel para los imputados en la causa, así como multas que suman 18 millones de euros para la familia de Fabra. También les impone "una fianza conjunta y solidaria por importe de 1.375.276 euros".
Los investigadores sostienen que el expresidente de la Diputación de Castellón manejó de forma irregular cerca de 29 millones de euros (26 en cuentas bancarias y 2,7 en metálico). Cifras de auténtico millonario,
Fabra, sin embargo, aseguró ante el juez Jacobo Pin que "estaba realmente desbordado de gastos". "Estaba a punto de entrar en prisión y tenía que pagar abogados, procuradores...", relató. Ante tales circunstancias, acudió a sus "amigos".
"Fernando Roig es, ha sido y es todavía... iba a decir uno de mis mejores amigos... posiblemente, mi mejor amigo. Hablé con él, le dije mis necesidades y me dio 300.000 euros. Firmamos un contrato a ocho años, pero todavía no le he podido pagar. He ido a verle y le he dicho que no he podido pagarle todavía. Me ha dicho que no me preocupe", detalló Fabra sobre el presidente de Grupo Pamesa y del Villarreal CF.
Según las cifras que maneja la investigación, antes de los mencionados 300.000 euros Fernando Roig había concedido a Carlos Fabra un crédito hipotecario de 1,4 millones de euros. Los investigadores sospechan que el empresario pudo conceder los 1,7 millones de euros a cambio de 8,1 en publicidad a favor del Villarreal CF procedentes del Aeropuerto de Castellón, cuando Fabra controlaba la firma pública Aerocas.
"Abogado hasta su muerte"
El político también explicó por qué le pidió ayuda a Enrique Gimeno, presidente de Facsa -la firma de referencia en Castellón para la gestión integral del agua-. "Me dirigí a Enrique Gimeno, cuya familia guarda una amistad con la mía desde hace… mi padre fue abogado hasta su muerte de la familia Gimeno", indicó en alusión a su longeva amistad.
"Le pedí si él podía avalarme. Me dijo que sí. Se tuvieron que ejecutar los avales y se los debo, por supuesto", detalló. El abogado de Fabra preguntó a su cliente al respecto si tuvo algo que ver el hecho de que Facsa fuera "proveedor habitual de la Diputación de Castellón". "Yo le insisto en que no se lo pedí a Facsa, se lo pedí a Enrique Gimeno, que es amigo mío y sigue siendo amigo mío, afortunadamente. Facsa ya era proveedor de la Diputación antes de que yo fuera presidente", replicó.
La investigación, por contra, sí sospecha que pudo tratarse de "una contraprestación por los contratos suscritos entre la mercantil y la Diputación de Castellón u otras entidades locales". El aval de Facsa fue por un total de 1,25 millones. La empresa se vio finalmente obligada a desembolsar 800.000 euros del total.
Carlos Fabra, junto a su mujer María Amparo Fernández. EE
En el caso de Carlos Fabra, Anticorrupción solicita una pena de 12 años de cárcel: 6 por los presuntos delitos de insolvencia punible y frustración de la ejecución de la condena en el 'Caso Fabra', el delito que más sanciona; 5 años por blanqueo de capitales y 1 por cohecho continuado. Además, por el primer delito propone una multa de 24 meses con una cuota diaria de 30 euros y, por el de blanqueo, la friolera de 3 millones de euros.
Para su hijo Borja Fabra, la Fiscalía pide 11 años de cárcel: 6 por los supuestos delitos de insolvencia punible y frustración de ejecución de condena y 5 por blanqueo de capitales. Ninguno por cohecho en su caso. A su vez, igual que a su padre, solicita para él una multa de 24 meses con una cuota diaria de 30 euros por el primer delito, así como los 3 millones por blanqueo que también reclama a su progenitor.
Alejandro Lorca, asesor y administrador de Fabra, es el tercero para el que más pena solicita Anticorrupción, al considerar que ejercía como testaferro del político. Reclama 8 años de cárcel: 4 por insolvencia punible y frustración de ejecución de condena y otros 4 por blanqueo. Por el primero añade una multa de 20 meses con una cuota diaria de 15 euros, además de los 3 millones de euros por el segundo.
Para María Amparo Fernández, Claudia Fabra y su marido solicita lo mismo el fiscal. Se trata de 7 años de cárcel: 4 por insolvencia punible y frustración de ejecución de condena y 3 por blanqueo de capitales. Además, pide para los tres una multa de 20 meses con una cuota diaria de 30 euros por el primer delito, así como los 3 millones de euros por el presunto blanqueo.
Los empresarios
Fiscalía solicita las mismas penas para Fernando Roig Alfonso, su hijo Fernando Roig Negueroles y su hombre de confianza Miguel Pérez Ferrer. Se trata de 4 años y 7 meses de cárcel. Tres años y 10 meses son por su presunta colaboración en la insolvencia punible y frustración de la ejecución de la condena de Carlos Fabra. Los 9 meses restantes, por un supuesto delito de cohecho.
Esta última pena (9 meses) es la misma que solicita para el empresario Enrique Gimeno, que no acumula ninguna otra. No obstante, Anticorrupción sí solicita además la inhabilitación por un año de su empresa Facsa para acceder a contratos públicos.