El magistrado del Juzgado de Instrucción 4 de Castellón, Jacobo Pin, ha abierto juicio oral contra Carlos Fabra, otros nueve investigados y seis empresas por ocultar el patrimonio del exdirigente del PP para impedir la ejecución de su condena por delitos fiscales del 'Caso Fabra', entre otros delitos. Así lo confirmó este martes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en un comunicado.
Además, el juez ha requerido a los diez encausados para que presten "una fianza conjunta y solidaria por importe de 1.375.276 euros". El montante deberán disponerlo "a fin de asegurar las responsabilidades civiles que se les pudiera imponer en caso de sentencia condenatoria", tal y como solicitaba la Fiscalía.
El auto del magistrado señala a la Audiencia Provincial de Castellón como el órgano para el enjuiciamiento y fallo de esta causa, en la que tanto la Fiscalía y la Abogacía del Estado aprecian inicialmente "la comisión de delitos de insolvencia punible y frustración de la ejecución, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y cohecho".
Los investigadores sostienen que el expresidente de la Diputación de Castellón manejó de forma irregular cerca de 29 millones de euros (26 en cuentas bancarias y 2,7 en metálico). La Fiscalía Anticorrupción solicita por estos delitos penas de hasta 12 años de cárcel para los imputados en la causa, así como multas que suman 18 millones de euros para la familia de Fabra.
Las penas propuestas
En el caso de Carlos Fabra, Anticorrupción solicita 12 años de cárcel: 6 por los presuntos delitos de insolvencia punible y frustración de la ejecución de la condena en el 'Caso Fabra', el delito que más sanciona; 5 años por blanqueo de capitales y 1 por cohecho continuado. Además, por el primer delito propone una multa de 24 meses con una cuota diaria de 30 euros y, por el de blanqueo, los mencionados 3 millones de euros.
Para Borja Fabra, la Fiscalía pide 11 años de cárcel: 6 por los supuestos delitos de insolvencia punible y frustración de ejecución de condena y 5 por blanqueo de capitales. Ninguno por cohecho en su caso. A su vez, igual que a su padre, solicita para él una multa de 24 meses con una cuota diaria de 30 euros por el primer delito, así como los mencionados 3 millones por blanqueo.
Alejandro Lorca, asesor y administrador de Fabra, es el tercero para el que más pena solicita Anticorrupción, al considerar que ejercía como testaferro del político. Reclama 8 años de cárcel: 4 por insolvencia punible y frustración de ejecución de condena y otros 4 por blanqueo. Por el primero añade una multa de 20 meses con una cuota diaria de 15 euros, además de los 3 millones de euros por el segundo.
Para María Amparo Fernández, Claudia Fabra y su marido solicita lo mismo el fiscal. Se trata de 7 años de cárcel: 4 por insolvencia punible y frustración de ejecución de condena y 3 por blanqueo de capitales. Además, pide para los tres una multa de 20 meses con una cuota diaria de 30 euros por el primer delito, así como los mencionados 3 millones por el presunto blanqueo.
Los empresarios
Entre los procesados del caso también se encuentran el empresario Fernando Roig Alfonso -presidente de Grupo Pamesa y del Villarreal CF-, su hijo Fernando Roig Negueroles y su hombre de confianza Miguel Pérez Ferrer.
Fiscalía pide para los tres 4 años y 7 meses de cárcel: 3 años y 10 meses por su presunta colaboración en la insolvencia punible y frustración de la ejecución de la condena de Carlos Fabra. Los 9 meses restantes son por un supuesto delito de cohecho, la misma pena que solicita para el empresario castellonense Enrique Gimeno (Facsa), que no acumula ninguna otra en este caso.
En el caso de este último, no obstante, Anticorrupción solicita la inhabilitación por un año de su empresa Facsa, que es la que sirve el agua a Castellón desde 1973.