La Fiscalía Anticorrupción solicita 12 años de cárcel para Carlos Fabra Carreras en la nueva casa abierta contra el expresidente de la Diputación de Castellón. Se trata de la investigación abierta por Juzgado de Instrucción 4 de Castellón.
El magistrado, Jacobo Pin, defiende que el político ocultó su patrimonio ante la Justicia y la Administración Tributaria para impedir la ejecución de su condena por delitos fiscales del 'Caso Fabra'. También que percibió sobornos y blanqueó dinero. En concreto, habría manejado al margen de la legalidad cerca de 29 millones de euros (26 en cuentas bancarias y 2,7 en metálico).
La Fiscalía, en su escrito de acusación, solicita a su vez 7 años de prisión para la mujer del político, María Amparo Fernández Blanes, y 4 años y siete meses para el empresario Fernando Roig Alfonso, presidente de Grupo Pamesa y del Villarreal CF. Para su hijo Fernando Roig Negueroles y su hombre de confianza Miguel Pérez Ferrer, también solicita 4 años y 7 meses, según precisan a EL ESPAÑOL fuentes de la investigación.
Por lo que respecta al político del PP, la petición de pena acumula 6 años por los presuntos delitos de insolvencia punible y frustración de la ejecución de la condena en el llamado 'Caso Fabra', el delito que más sanciona. También solicita 5 años por blanqueo de capitales y 1 por cohecho, tal y como desglosó este miércoles El Confidencial. Anticorrupción también pide su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 3 años.
En el caso de María Amparo Fernández Blanes, la Fiscalía solicita 4 años de cárcel por insolvencia punible y frustración de la ejecución de la condena y otros 3 por su supuesto delito de blanqueo de capitales.
Frustración y cohecho
El desglose es el mismo para Fernando Roig Alfonso, su hijo Fernando Roig Negueroles y su administrador Miguel Pérez Ferrer. Anticorrupción pide para los tres una pena de 3 años y 10 meses por su presunta colaboración en la insolvencia punible y frustración de la ejecución de la condena de Carlos Fabra.
Los 9 meses restantes son por un supuesto delito de cohecho, la misma que solicita para el empresario castellonense Enrique Gimeno (Facsa), que no acumula ninguna otra pena.
Tal y como reveló este periódico, tanto la Fiscalía como el juez defienden que Fernando Roig Alfonso pudo dar a Fabra los 1,7 millones de euros a cambio de la publicidad del Aeropuerto de Castellón -controlado por Fabra- que ingresaba su club de fútbol.
En defensa de esta tesis arguyen un documento hallado durante el registro de la casa de Carlos Fabra. Se trata de un borrador sobre el reconocimiento de una deuda de 8,1 millones de euros por parte del la sociedad pública del aeródromo a favor del Villarreal CF en concepto de "contratos de esponsorización".