El disco duro en el que Carlos Fabra guardaba sus 'mails' puede arrastrar con él a varios empresarios

Los registros domiciliarios pueden resultar claves en una investigación judicial, y el nuevo caso contra Carlos Fabra es un buen ejemplo de ello. Los agentes de la UDEF hallaron en casa del político un disco duro en el que almacenaba sus correos electrónicos. Y el juez instructor, buceando en las conversaciones, parece haber encontrado las pruebas que buscaba para apuntalar los delitos que imputa tanto al expresidente de la Diputación de Castellón como a los empresarios que le ayudaron.

"Existen indicios que apuntan a que ocultó su patrimonio ante la Justicia y la Administración Tributaria para impedir la ejecución de su condena por delitos fiscales, percibió sobornos y blanqueó dinero", sostiene el magistrado del Juzgado de Instrucción 4 de Castellón. En concreto, se trataría de cerca de 29 millones de euros (26 en cuentas bancarias y 2,7 en metálico).

El dinero habría sido recaudado y ocultado con la ayuda de empresarios y colaboradores para esquivar una deuda con el Fisco de cerca de un millón de euros -la correspondiente a la multa por su condena en el llamado Caso Fabra-. El juez instructor lamenta al respecto que, pese a las grandes cantidades manejadas por el dirigente del PP, en las 17 cuentas que le han sido bloqueadas "solo constan trabados 439,74 euros".

Las conversaciones que, según el magistrado Jacobo Pin, probarían los presuntos delitos, las encontró en "un disco duro externo, marca Toshiba, de 1TB de capacidad, con número de serie 98L3T4UBTHLB, intervenido en la Urbanización Las Playetas de la localidad de Oropesa del Mar".

Hasta en cuatro ocasiones menciona en su auto esta memoria externa el instructor del Juzgado de Instrucción 4 de Castellón, Jacobo Pin. Y lo hace cuando desglosa operaciones clave del caso, como los 1,7 millones que el político recibió del empresario Fernando Roig o los 0,8 que le brindó Enrique Gimeno.

Por lo que respecta al primero, fue en la mencionada memoria externa donde los investigadores hallaron un borrador sobre el reconocimiento de una deuda de 8,1 millones de euros a favor del Villarreal CF SAD en concepto de "contratos de esponsorización". Tanto la Fiscalía como el juez defienden que Roig pudo dar a Fabra los 1,7 millones de euros a cambio de la publicidad del Aeropuerto de Castellón que ingresaba su club de fútbol.

En el caso del segundo, el disco duro contenía numerosos correos electrónicos en los que Fabra aparece como conseguidor de negocios para Facsa, la empresa de Enrique Gimeno. Este último avaló por 1,25 millones de euros al político, y fruto de este aval terminó asumiendo una deuda de 0,8 millones de Carlos Fabra.

Ante el juez, Gimeno defendió que lo hizo por "amistad". Pero el magistrado interpreta que las conversaciones evidencian que las relaciones entre ambos "iban más allá que la mera amistad". Afirma incluso que el dinero recibido pudo ser "una contraprestación" por los contratos de agua "suscritos entre Facsa y la Diputación de Castellón".

Adosado y Decathlon

A su vez, el juez se apoya en los correos almacenados en el disco duro para imputar a Fabra otras dos presuntas operaciones fraudulentas. Por un lado, la del traspaso a su hija del adosado que poseía en la prestigiosa urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón. Jacobo Pin defiende que la puso a su nombre "para evitar un eventual embargo judicial sobre la citada vivienda".

En concreto, deduce de los emails "el diseño de una operación por parte de Fernando Castro Izuzquiza (yerno de Fabra) al objeto de simular el pago de la deuda pendiente de Carmacas SL" -la sociedad que poseía el adosado-. Según el juez, el político del PP aceptó un crédito a favor de su hija que "nunca se pretendió cumplir". Tanto es así que la amortización se habría completado "cuando Fabra tuviese 117 años".

Por último, los correos sirven al magistrado para imputar a Carlos Fabra el cobro de una comisión de 100.000 euros de la mercantil Ebrogan SL. Se trata de la empresa que construyó el Decathlon del término municipal de la localidad castellonense de Onda, que habría pagado este precio al político "a cuenta del precio final", según el auto.

El juez interpreta que se trata de un cohecho que cobró el dirigente por intermediar en la operación. Al respecto, halla en el disco una carta fechada en enero de 2012 en la que Ebrogan SL agradece al dirigente del PP "las gestiones realizadas con D. Salvador Aguilella, por aquel entonces alcalde de la localidad de Onda".

Los encausados

El juez mantiene encausados a Carlos Fabra Carreras, a su mujer María Desamparados Fernández Blanes, a sus hijos Borja y Claudia Fabra Fernández, a su yerno Fernando Castro Izuzquiza y a su asesor Alejandro Lorca Heredero. También a los empresarios Enrique Gimeno Escrig y Fernando Roig Alfonso, así como a su hijo Fernando Roig Negueroles y a su hombre de confianza Miguel Pérez Ferrer.

Por contra, decretó la "extinción de la responsabilidad por prescripción" de Manuel Vicente Blay Biosca, Salvador Martí Huguet, María del Carmen Almenar Monfort, María Durá Tomás, Francisco Martínez Capdevila, Miguel Carot Blasco y Daniel Vicente Latorre Gallén.

Asimismo, acuerdó el sobreseimiento de la causa para Miguel Izquierdo Dols, José Salvador del Campo Marín, Santiago Gascón Royo, Jesús Marmeneu Viciano, Manuel Izquierdo Segura, Víctor Puerto Badenes, Dionisio José Pérez López, Justo Palomares Morte, Manuel Merallo Cortés, José Carlos Rambla Molinos y Luis Enrique Batalla Reigada.