"Carlos me dijo que estaba a punto de entrar en prisión y que necesitaba ayuda para terminar de pagar a los abogados", afirmó ante el juez Fernando Roig, presidente de Grupo Pamesa y del Villarreal CF. "A mí se me dirige personalmente Carlos, me pide ese favor y lo que hago yo es buscar una solución", explicó Enrique Gimeno, presidente de Facsa. En estos términos se manifestaron en el juzgado ambos empresarios sobre su apoyo económico a Carlos Fabra. Los dos aseguraron que las cantidades brindadas no respondieron a contrapartidas, sino a su "amistad".
El Juzgado de Instrucción 4 de Castellón abrió un nuevo juicio oral contra Fabra y otros nueve investigados (entre los que se encuentran su familia directa y los mencionados empresarios) por la supuesta ocultación del patrimonio del expresidente de la Diputación de Castellón para impedir la ejecución de su condena por delitos fiscales del 'Caso Fabra'. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado aprecian "la comisión de delitos de insolvencia punible y frustración de la ejecución, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y cohecho".
Los investigadores sostienen que el exdirigente del PP manejó de forma irregular cerca de 29 millones de euros (26 en cuentas bancarias y 2,7 en metálico). La Fiscalía Anticorrupción solicita por estos delitos penas de hasta 12 años de cárcel para los imputados en la causa, así como multas que suman 18 millones de euros para la familia de Fabra. También les impone "una fianza conjunta y solidaria por importe de 1.375.276 euros".
En el caso concreto de ambos empresarios, tanto el Ministerio Público como el juez instructor, Jacobo Pin, consideran que Fernando Roig colaboró en la insolvencia punible y en la frustración de la ejecución de la condena de Carlos Fabra. A su vez, atribuyen tanto al presidente del Villarreal CF como a Enrique Gimeno un presunto delito de cohecho. Por ello Anticorrupción solicita para Roig una pena de 4 años y 7 meses de cárcel. Para Gimeno pide 9 meses de prisión -el delito de insolvencia punible es el más castigado-. A su vez, para Facsa, la empresa de este último, propone su inhabilitación por un año para contratar con la administración.
Pero los procesados subrayaron ante el juez que, simplemente, ayudaron a un amigo en apuros. Roig contestó a todas las preguntas que le formuló el magistrado. Explicó que las primeras transferencias a favor del político las realizó a través de la mercantil Migumi "porque en aquel momento Carlos estaba en todos los periódicos".
"Yo creí oportuno hacerlo a través de Migumi", aseguró. Los hasta 1,7 millones de euros que brindó a Carlos Fabra se entregaron con diferentes sociedades y a diferentes personas. Por este motivo los investigadores sospechan que Roig pudo colaborar en una estrategia ideada por Fabra para ocultar su patrimonio. Pero el empresario negó tal circunstancia.
Sobre la intervención de su hijo Borja Fabra en los cobros explicó que este le transmitió que la ayuda "era para el entorno familiar". "Lo necesitaban, tenían problemas", indicó. ¿La decisión de convertirlo en un préstamo con garantía hipotecaria fue suya?, le preguntó el juez. "Sí. Necesitaban más dinero. Y ahí ya tomé la decisión de hacer el préstamo hipotecario sobre la vivienda de Oropesa", expuso Roig.
De Migumi a Portovan
¿Y por qué esta vez a través de Portovan y no de Migumi?, preguntó el magistrado sobre el cambio en la mercantil que brindó los siguientes préstamos. "Porque ya era una cantidad importante la que estaba necesitando el entorno familiar, y yo consideré que debíamos cambiar, devolver el préstamo anterior y convertirlo todo en un préstamo hipotecario sobre la vivienda", indicó. Portovan es la gran sociedad patrimonial de la familia de Fernando Roig.
Hasta aquí los primeros 1,4 millones que brindó el empresario a Fabra. "Después del préstamo hipotecario, Carlos me dijo que estaba a punto de entrar en prisión y que necesitaba para terminar de pagar a los abogados. Entonces, de mi cuenta personal, le di un préstamo de 300.000 euros", agregó. ¿Por qué lo hizo?, requirió el juez. "Porque era amigo mío, tenía dinero en la cuenta y me apeteció. Pude y quise ayudarle. Le ayudé", espetó Fernando Roig al respecto, quien reconoció que no le ha devuelto todavía ninguna de las cantidades.
El presidente del Villarreal CF subrayó que es amigo de Carlos Fabra desde que empezó en Pamesa en 1977, cuando este era secretario de la Cámara de Comercio. Responde todo a una larga amistad, según su versión. Los investigadores, por contra, sospechan que el empresario pudo conceder los 1,7 millones de euros a cambio de 8,1 en publicidad a favor del Villarreal CF, procedentes del Aeropuerto de Castellón, cuando Fabra controlaba la firma pública Aerocas.
Como reveló este diario, Carlos Fabra también lo enmarcó todo en su relación de amistad. "Fernando Roig es, ha sido y es todavía... iba a decir uno de mis mejores amigos... posiblemente, mi mejor amigo. Hablé con él, le dije mis necesidades y me dio 300.000 euros. Firmamos un contrato a ocho años, pero todavía no le he podido pagar. He ido a verle y le he dicho que no he podido pagarle todavía. Me ha dicho que no me preocupe", detalló el expolítico.
Enrique Gimeno, por su parte, describe un escenario muy similar. En su caso brindó un aval de 1,25 millones de euros, no dinero. Pero terminó pagando por el mismo. "A mí se me dirige personalmente Carlos, me pide ese favor y lo que hago yo es buscar una solución", expuso. ¿En qué términos?, preguntó Jacobo Pin. "Coincidimos, creo que fue en una cena, y me pidió ese favor personal", agregó. Gimeno también respondió a todas las preguntas planteadas por el magistrado.
"Cuando Carlos me pide el favor, a la vez me facilita la declaración de Renta, y él tiene bienes para cubrir esa situación", aseguró Gimeno. Entonces consideraba la posible ejecución de ese aval "una cosa remota". Pero ocurrió, y tuvo que abonar una deuda de 800.000 euros del expresidente provincial del PP. "Cuando se ejecuta lo primero que hago yo es ponerme en contacto, creo que él está en la cárcel en ese momento. Me pongo en contacto con un familiar, vamos al registro también y vemos que todas las propiedades están embargadas", expuso.
"Amistad de generaciones"
En sus autos, el juez manifestó la sospecha de que Gimeno podría haber apoyado a Fabra como "contraprestación por los contratos suscritos entre la mercantil y la Diputación de Castellón u otras entidades locales". Pero el empresario lo negó. Manifestó que no tiene "ninguna" relación, y lo enmarcó todo en la "amistad personal". "Esta amistad viene de atrás, de generaciones, porque incluso su padre fue abogado y familia de mi familia, de mi abuela", detalló.
El propio Carlos Fabra dijo lo mismo en su declaración, en la que solo respondió a su abogado. "Me dirigí a Enrique Gimeno, cuya familia guarda una amistad con la mía desde hace… mi padre fue abogado de la familia Gimeno hasta su muerte", aseveró. "Le pedí si él podía avalarme. Me dijo que sí. Se tuvieron que ejecutar los avales y se los debo, por supuesto", detalló.
El letrado de Fabra preguntó directamente a su cliente si tuvo algo que ver el hecho de que Facsa fuera "proveedor habitual de la Diputación de Castellón". "Yo le insisto en que no se lo pedí a Facsa, se lo pedí a Enrique Gimeno, que es amigo mío y sigue siendo amigo mío, afortunadamente. Facsa ya era proveedor de la Diputación antes de que yo fuera presidente", subrayó.