El Gobierno valenciano reveló este miércoles las cifras de sus cuentas para el ejercicio 2022, marcadas por la llegada de los fondos europeos previstos en el plan de recuperación Next Generation EU para dar respuesta a la crisis de la Covid-19. El montante total crece un significativo 9,1% hasta alcanzar los 27.967,5 millones de euros, lo que lo convierte en el mayor presupuesto de la historia de la autonomía.
Pero incurre en trampas para alcanzar los cerca de 28.000 millones. Las más significativas son sus dos "partidas reivindicativas", que son, en la práctica, ingresos ficticios, cantidades que se reclaman al Gobierno de España, pero que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no tiene previsto aportar a la Comunidad Valenciana.
Hasta la fecha solo había una "partida reivindicativa", introducida en las cuentas públicas desde el ejercicio 2016. Este ejercicio asciende a 1.336 millones de euros, cantidad en la que el Ejecutivo de Ximo Puig cifra su infrafinanciación respecto a la media de las regiones españolas -circunstancia reconocida por el Gobierno central-.
Al no producirse la ansiada reforma del sistema de financiación, la Comunidad Valenciana la reivindica cada año gastando como si fuera una autonomía financiada como la media gracias al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que aporta el estado para cubrir el déficit generado.
Pero este año son dos las "partidas reivindicativas". La segunda, introducida para el ejercicio 2022, será "por valor de 1.000 millones de euros", según precisó este miércoles el Gobierno valenciano. Corresponde "al fondo de transición hacia la nueva normalidad que el Consell había exigido en reiteradas ocasiones para mantener el gasto social en niveles semejantes a los de la pandemia hasta consolidar definitivamente la recuperación", según precisó en su nota de prensa oficial.
Desafío a Moncloa
El presupuesto fue desglosado por la vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra (Compromís), y el conseller de Hacienda, Vicent Soler (PSPV-PSOE). En la rueda de prensa concedida a tal efecto, este último explicó que los nuevos 1.000 millones ficticios podrían convertirse en reales "si el Gobierno de España acepta la creación de un nuevo fondo de transición".
No obstante, reconoció que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, pese a que conoce la reivindicación valenciana, no estaba al tanto de la decisión de incluir esta nueva partida unilateral. Sobre la misma, agregó que pretende "producir una situación de facto para que quien no soluciona el problema, deba planteárselo". Es por tanto, un nuevo desafío contable por parte del Ejecutivo socialista de Ximo Puig.
Los tres socios que conforman el Gobierno autonómico (PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem-EUPV) han recurrido a este artificio para esquivar el inevitable recorte del presente ejercicio al retirar Moncloa los fondos extraordinarios para hacer frente a la Covid-19. "Es una decisión conjunta de la Generalitat Valenciana", respondió Soler preguntado sobre quién fue el autor de la idea. El nombre de la nueva partida reivindicativa "se decidió hace 48 horas", reconoció.
Pese al incremento de los ingresos por la llegada de los fondos europeos, estos representan cantidades finalistas que no pueden derivarse al grueso de los gastos de Sanidad, Educación o Servicios Sociales. Y el Consell de Puig y Oltra parece haber optado a toda costa por no recortar en dichas partidas en el ejercicio previo a las elecciones autonómicas, previstas -salvo adelanto- para mayo de 2023.
Hasta la fecha, los alrededor de 1.300 millones de euros de la partida reivindicativa por la infrafinanciación los ha compensado cada año el Estado mediante FLA. Al cierre del ejercicio, en consecuencia, se han traducido en déficit, algo que, muy probablemente, ocurrirá también este año pero con mil millones más. Tal circunstancia está elevando de forma galopante la deuda valenciana, que ya supera los 50.000 millones y roza el 50% del PIB autonómico (el mayor valor relativo de todo el país).
Vicent Soler y Mónica Oltra, en la presentación de los presupuestos autonómicos para 2022. EE
Sobre esta circunstancia, Vicent Soler, en línea con lo expresado por la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistió en que la condonación de deuda de la Comunidad Valenciana -aquella adquirida como consecuencia de su infrafinanciación- "será el segundo punto a tratar cuando se aborde el nuevo sistema de financiación". Solo en el ejercicio 2022 la Comunidad Valenciana prevé un gasto de 7.058 millones de euros "debido a los vencimientos de deuda", que serán un 9,4% más que en 2021.
Los nuevos ingresos ficticios han permitido al Gobierno de Ximo Puig aprobar unas cuentas que ensalzó como "las más sociales". "Por primera vez superarán la barrera de los 17.000 millones de euros (17.300,83) de inversión en Sanidad, Educación, Igualdad, Vivienda y Empleo", subrayó el Ejecutivo.
"El objetivo ha sido mantener los recursos de inversión y de personal destinados a servicios públicos esenciales en niveles de gasto semejantes a los de 2020 y 2021, en los que con motivo de la pandemia el Consell reforzó notablemente unos servicios públicos que se habían visto fuertemente afectados por los recortes de la crisis de 2008", argumentó.
Vicent Soler ofreció incluso el gasto por día. "Cada 24 horas el Consell destinará 47,4 millones a gasto social, de los cuales 21,47 millones se invierten en Sanidad, 17,31 millones en Educación, 6 millones en Igualdad y Políticas Inclusivas, 979.711 en Vivienda y 1,60 en Empleo, hasta alcanzar el 82,23% del gasto no financiero", precisó.