El PSOE y Unidas Podemos han dado la vuelta a la Comisión de Investigación que va a poner en marcha el Congreso de los Diputados para evaluar cómo se ha gestionado la vacunación contra la Covid-19 en España. Ni comparecencias de altos cargos (como pedía el Partido Popular) ni políticos que se saltaron la cola (como reclamaban desde el grupo fundador de la Comisión, Compromís).
Finalmente, las mayorías del gobierno de coalición se la han jugado a oposición y el PSOE y Unidas Podemos han pactado el organigrama. La situación ha creado tal malestar que el PP y Vox han terminado saliendo de la sala antes de las votaciones. También se han negado a votar desde Ciudadanos y Compromís.
El acuerdo de PSOE y Unidas Podemos, que ha contado con el apoyo de PNV y ERC, marcaba una lista cerrada de comparecientes por lo que el resto de los grupos no han podido introducir ningún nombre ni negociar otros aspectos. La decisión la ha tomado el presidente de la Comisión, Guillermo Meijón. El socialista fue el mismo que defendió, en el pleno del Congreso durante la aprobación de la creación de dicha comisión, que no se pudiera en marcha este organismo.
Hay que recordar que, desde el PSOE, siempre se han mostrado contrarios a conformar este organismo. De hecho, fuentes de los grupos proponentes acusaron al grupo socialista y a Unidas Podemos de retener en la Mesa del Congreso su puesta en marcha para cuando ya "no fuera de utilidad".
Entre los nombres que se han quedado fuera de comparecer destacan los del exministro de Sanidad, Salvador Illa, o el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Ambos habían sido propuestos a comparecer por parte del Partido Popular junto con los consejeros de Sanidad de todas las Comunidades Autónomas.
Por otro lado, Compromís había ido más allá y pretendía solicitar la comparecencia de las infantas Elena y Cristina, que se vacunaron en Emiratos Árabes, o de parte de representantes de la Iglesia, que también fueron acusados de 'colarse' cuando se vacunaba en residencias de órdenes religiosas.
"Habría sido más positivo llegar a acuerdos con todos en los nombres, no se ha hecho ese esfuerzo y tener que votar una lista cerrada con los nombres que propone el Gobierno es una manera de desprestigiar", ha criticado Joan Baldoví, de Compromís.
Más duros han sido desde PP y Vox que han acusado el acto de "fraude". "En una Comisión de investigación es indispensable que la representación de la soberanía nacional pueda tener su reflejo en los comparecientes que acuden a versar su opinión", ha criticado José Ignacio Echániz, del PP.
"Si quieren teledirigir esta Comisión -ha añadido-, si no quieren asumir ninguna conclusión, si no quieren aprender nada, si quieren que la sociedad española no pueda recibir ninguna conclusión útil para el futuro de nuestro país, de nuestra salud pública y de nuestra sanidad, allá ustedes".
Dos semanas
Con todo ello, el trabajo de la Comisión seguirá adelante y desde la mesa de la presidencia han cerrado la primera jornada. Será el lunes 22 de noviembre y se pretende que, durante esa semana, puedan comparecer nueve intervinientes.
El objetivo es que los asistentes acudan a la comisión el lunes en horario de mañana y tarde y el martes de mañana. Teniendo en cuenta que son una quincena de comparecientes, los trabajos estarán terminados el 30 de noviembre. Dos semanas "exprés", como critican los detractores.
Por el momento, parece que la Comisión echará a andar sin presencia de Vox (se han negado) y del Partido Popular que esta misma mañana ha dicho que no acudirán a esa "pantomima". "Ustedes se lo guisan y ustedes se lo comen", ha criticado Echániz. Ciudadanos todavía no sabe si acudirá.
Tercera dosis
La Comisión llega en un momento en el que saltarse el orden de prioridad ya no es un problema y sí lo son las vacunas que se están caducando en los almacenes de las diferentes Comunidades Autónomas. Por ello, algunos grupos parlamentarios optan por centrar el debate en cómo gestionar ese stock y futuras compras para dosis de recuerdo.
Con todo y con ello, desde Compromís recuerdan que, en la formulación inicial de la Comisión, ya se contemplaba analizar los "fallos en la ejecución del plan de vacunación" con "dosis echadas a perder, problemas de la distribución, fallos en la logística o falta de jeringuillas adecuadas para el aprovechamiento", como adelantó en exclusiva EL ESPAÑOL.
El texto inicial de la iniciativa, en plena segunda ola, remarcaba la necesidad de encontrar "posibles estructuras de tráfico de influencias" que hayan posibilitado prácticas irregulares de vacunación, "así como investigar a sus beneficiarios y los fallos en el control del protocolo de quienes se vacunaron antes de que les tocara".
Asimismo, ponía la necesidad en dar luz a las "posibles irregularidades, falta de transparencia y cláusulas abusivas" que han podido darse en relación con los contratos con las farmacéuticas, y las actuaciones relativas a estos hechos tanto por parte de la Unión Europea como de los Estados miembros por separado.
Esta comisión también está presidida por el PSOE, el mismo partido que bloqueó su puesta en marcha desde la Mesa. Concretamente, el socialista Guillermo Antonio Meijón es el presidente de dicho órgano. El diputado es el mismo que, durante la votación del Pleno del 11 de marzo, acusó a sus impulsores (Más País y Compromís) de querer "distorsionar el proceso" de vacunación fijándose "en lo malo".