El pasado lunes trascendió que en la Comunidad Valenciana se ha activado 175 veces en un año el protocolo por abusos sexuales a menores tutelados, los más vulnerables, aquellos cuya custodia ha acabado en manos de la Administración.
La cifra, puesta sobre la mesa por el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo valenciano) es dramática, pero la máxima responsable de estos menores, la vicepresidenta primera y titular de Igualdad, Mónica Oltra, eludió su responsabilidad y señaló a la oposición por sus “mentiras” sobre el informe del Síndic. Es decir, reaccionó igual que ante el caso de la menor -también tutelada- que sufrió abusos en un centro a manos de su exmarido.
Los 175 casos investigados en solo un año se producen en una autonomía que cuenta con alrededor de 4.000 menores tutelados. El drama de los abusos sexuales, en consecuencia, habría afectado a 4 de cada 100 menores cuyo tutor legal es la Generalitat Valenciana.
Tal escenario llevó al PP a cargar con dureza contra la gestión de estos menores y a exigir responsabilidades a Mónica Oltra, cuya dimisión ya han pedido en varias ocasiones. Pero no hubo por parte del Gobierno valenciano ni comparecencias ni comunicados oficiales sobre qué piensa hacer para acabar con esta situación.
Los socios del Ejecutivo optaron por rasgarse las vestiduras porque el PP, al abordar la cuestión, afirmó que el 72% de las víctimas estaban en “acogimiento residencial”, cuando solo el 10% habría sufrido los abusos en centros de menores. Poco importó que el dato de los 175 casos se lo proporcionara al Síndic la propia Conselleria de Igualdad.
La realidad es que todos y cada uno de los afectados son tutelados y que, vivan en un centro o con familiares, es igualmente la Generalitat Valenciana la que ha de velar por su integridad. Pero lo importante para las autoridades pareció ser que los abusos habían tenido lugar, en la mayoría de los casos, fuera de dependencias públicas.
“¿Los periodistas y opinólogos leen los informes en los que se basan las mentiras de las ruedas de prensa de PP y Vox?”, preguntaba Compromís en un tuit difundido también por la propia Oltra. Esta fue la única manifestación de la dirigente al respecto en Twitter.
La lectura del informe que recomendaba Compromís, lejos de exonerar a la Generalitat Valenciana, afea su gestión de los menores tutelados. En concreto, el Síndic -el histórico socialista alicantino Ángel Luna- realiza seis recomendaciones al departamento de Mónica Oltra. La primera es la más ácida. Le urge a desarrollar de una vez “la estrategia autonómica de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia, prevista en el artículo 5 de la Ley 26/2018, cuya elaboración y publicación viene siendo recomendada desde hace años en las resoluciones de esta institución”.
Igualmente, Luna recomienda que, “de forma coordinada con el resto de consellerias implicadas, especialmente la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, se intensifiquen las actuaciones de formación de los profesionales”.
En este sentido, recuerda que se trata de una “población especialmente vulnerable”, por lo que debería “intensificarse esta formación a profesionales de centros de protección de infancia y adolescencia, residencias socio educativas, entidades de seguimiento de medidas de acogimiento familiar, servicios sociales municipales, así como familias acogedoras”.
También recomienda la elaboración de un único protocolo, además de la puesta en marcha de un mecanismo específico para evaluar su eficacia, y facilitar a las personas afectadas todos los recursos que tienen a su alcance
Con menos de 3 años
En cualquier caso, los aspectos más dolorosos del informe, sobre los que no realizó comentario alguno el Ejecutivo valenciano, son los datos concretos sobre los 175 abusos sexuales investigados. Tal y como detalló EL ESPAÑOL, se trata de siete niños de menos de tres años y decenas de niñas.
Del total de casos notificados entre junio de 2020 y junio de 2021, el 72,6 % de las víctimas eran de sexo femenino y el 27,4, de sexo masculino.
En cuanto a los agresores, de acuerdo con el informe del Síndic, 101 eran mayores de edad y 48 menores, mientras un total de 88 tenían parentesco con la víctima y 61 carecían de esta relación. Ninguno era profesional del sistema de protección, uno trabajaba en un centro educativo y otro era trabajador de actividades de ocio y deporte.
El PP anunció que adjuntará este informe a la denuncia ya presentada en Bruselas para que se investiguen los abusos a menores tutelados tanto en Baleares como en la Comunidad Valenciana.
Por su parte, fuentes de la Conselleria de Igualdad argumentaron a este periódico que varias de las recomendaciones de la Sindicatura ya están en marcha o a punto de aplicarse, e insistieron en que, en un 90% de los casos, los abusos se produjeron fuera de los centros residenciales.
La Sindicatura ha pedido que se remita en el plazo de un mes el preceptivo informe en el que la conselleria manifieste si acepta o no sus indicaciones y por qué, para reforzar los controles y sistemas de protección.
En sus primeras alegaciones, Iguldad ya trasladó que, en relación con los protocolos elaborados por el abordaje de posibles situaciones de violencia sexual a menores, existe un documento del año 2017 que recoge las medidas a adoptar en caso de posibles hechos constitutivos.
Llueve sobre mojado
El horror revelado por el Síndic se suma al que ya era el mayor escándalo que persigue a Mónica Oltra desde que es vicepresidenta y consellera de Igualdad. Se trata de su gestión ante los abusos sexuales de su exmarido, Luis Eduardo Ramírez Icardi, a una menor tutelada cuando ejercía de educador en un centro, por lo que fue condenado a 5 años de cárcel.
El proceso se ciñó a juzgar el abuso sexual, pero puso en entredicho la gestión de la Generalitat Valenciana. Tanto la Fiscalía inicialmente, como después la Audiencia Provincial y, por último, el Tribunal Superior de Justicia, consideraron que los informes sobre el caso encargados por el departamento de Mónica Oltra cuando ya investigaba el caso la Justicia, fueron una “instrucción paralela” y “podrían estar animados por un interés de exculpar o aminorar una eventual responsabilidad de la Generalitat”.
Ante tales manifestaciones, la víctima presentó una denuncia contra la directora territorial de Valencia de la Conselleria de Igualdad, la directora del centro de acogida, la psicóloga de la sección del menor de la dirección territorial y una funcionaria de la misma Conselleria que instruyó el expediente interno. El juzgado la archivó inicialmente con el visto bueno de la Fiscalía, pero la Audiencia de Valencia acaba de reabrir el caso.
En suma, el horror de los abusos sexuales a menores tutelados asciende a 175 casos investigados en solo un año y cuenta con uno de ellos en los tribunales por la posible desprotección a la víctima por parte de la Generalitat Valenciana. Sin embargo, ninguno de los miembros del Gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra ha asumido hasta la fecha responsabilidad alguna. Al contrario: presenta a Oltra como la víctima.