La vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha adjudicado más de 500 millones de euros sin concurso por servicios que presta la Generalitat desde el año 2016, primer ejercicio completo como máxima responsable del departamento.
En concreto, 150 millones de euros corresponden a 65 expedientes que se tramitaron a través del procedimiento de enriquecimiento injusto en los últimos dos años, un método administrativo que evita una nueva contratación y elude la fiscalización por parte de la Intervención General.
Según recoge la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, solo en el año 2020, se aprobaron por parte de esta Conselleria 47 expedientes por enriquecimiento injusto que suman más de 121 millones de euros, a los que hay que añadir otros 29 millones por 18 expedientes de 2021.
En cuanto a la anterior legislatura, el informe general del plan anual de control financiero recoge que en 2016 se abonaron 77,4 millones de euros sin hacer nuevos contratos; en 2017 la cifra se elevó hasta los 102 millones; y en 2018 se redujo a 72,6 millones. Ya en 2019, la Conselleria de Igualdad dio el visto bueno a 105 expedientes que sumaron un total de 106 millones de euros.
Este procedimiento, de carácter excepcional, permite a la Administración evitar la correspondiente licitación por concurso y prorrogar de manera directa la adjudicación de un servicio. Es decir, se reconoce el pago pese a que no exista un contrato que dé soporte argumentando la tramitación del enriquecimiento injusto. La Conselleria abona el dinero tras la preceptiva autorización por el pleno del Gobierno valenciano.
A preguntas de este periódico, la Conselleria de Igualdad puntualizó que el Gobierno del PP "aprobó más enriquecimientos injustos que el actual Ejecutivo", pues solo "en 2014 aprobaron expedientes que sumaron 1.252 millones".
Además, recuerdan que el PP llevó a Oltra a los tribunales por el uso de este método y que la Fiscalía de Valencia archivó las diligencias al no estar castigadas estas prácticas en el Código Penal.
Advertencia de Antifraude
Las Administraciones públicas territoriales y su sector público en general, y las de la Comunidad Valenciana en particular, han experimentado en los últimos años un crecimiento exponencial de los expedientes compensatorios por enriquecimiento injusto.
De este forma, en los últimos años se han normalizado el pago de elevadísimas compensaciones económicas a quienes realizan prestaciones para las administraciones para evitar su empobrecimiento patrimonial y el enriquecimiento, en este caso, de la Conselleria de Oltra.
En 2020, la Agencia Valenciana de Antifraude alertó en un informe de este crecimiento y elaboró una serie de recomendaciones. En concreto, la Agencia pidió "tomar conciencia del carácter excepcional del enriquecimiento injusto, pues solo así podremos frenar el uso abusivo de esta práctica que está sirviendo de antesala de algunos casos de corrupción".
En este sentido, el informe concluyó que este sistema "permite el pago a quien ha ejecutado una prestación sin amparo legal, sin informe jurídico ni fiscalización previa por el órgano de control interno".
"El enriquecimiento injusto como garantía de continuidad de un servicio público viene siendo una constante de los acuerdos contrarios a reparos de la intervención", afirma la Agencia.
"Ello plantea serios problemas, al producirse un vacío en la cobertura de la necesidad pública por el cauce legalmente previsto. Debe frenarse esta práctica recurrente institucional que adultera elementos tan esenciales de un contrato como su duración", añade este órgano.
La Agencia Antifraude pidió mayor transparencia y "mecanismos internos disuasorios y disciplinarios contra el personal técnico o responsable político que realice el encargo al margen de la legalidad".
Residencia de Moncada
En esta situación anómala se encuentra la residencia de ancianos de Moncada, un municipio próximo a Valencia, en el que se produjo la semana pasada un incendio. Oltra reconoció que lleva dos años sin contrato y que está a punto de iniciarse el proceso administrativo para adjudicar de nuevo el servicio.
Residencia de Moncada, en Valencia, donde se produjo el incendio.
Desde la patronal de las residencias aseguraron que esta circunstancia no afecta a la calidad del servicio. No obstante, empresas consultadas por este periódico explicaron que se producen muchos retrasos en los pagos, al tener que ser aprobados por el pleno del Gobierno valenciano, y que los precios no se actualizan cuando se abre este tipo de proceso administrativo.
En este sentido, desde la Conselleria de Igualdad insistieron en que el Gobierno del PP pagó "durante tres años 1.800 plazas de accesibilidad como expedientes de enriquecimiento injusto, utilizando un modelo que los tribunales declararon ilegal".
Ya son ocho las personas fallecidas en el incendio de Moncada y la Guardia Civil sigue con la investigación tras determinar, en un primer análisis, que el fuego partió de una regleta.