El magistrado que instruye la investigación contra la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de Valencia por el caso de los abusos a una menor tutelada por parte del exmarido de la vicepresidenta, Mónica Oltra, ha imputado este viernes a la directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero.
Molero tendrá que declarar tras constatar el juez que encargó la elaboración del expediente confidencial que desacreditó el testimonio de la menor cuando el juzgado ya investigaba a la pareja de la líder de Compromís por estos hechos. Junto a Molero, el juzgado ha imputado a otros cuatro funcionarios de la conselleria.
Tal y como ha venido contando EL ESPAÑOL, las declaraciones practicadas en los últimos días han aflorado multitud de irregularidades en el proceso para elaborar esta información confidencial. Y todas apuntan a la intervención de Molero, una de las personas de la máxima confianza de Oltra en conselleria.
Este jueves, la directora territorial en Castellón, Carmen Fenollosa, entregó al juez la notificación del juzgado que comunicó formalmente a la Conselleria de Igualdad las medidas cautelares tomadas contra Luis Eduardo Ramirez, exmarido de Oltra, en 2017. Entre ellas, una orden de alejamiento respecto a la menor.
Ese auto se dictó el 27 de julio de 2017 y este jueves se ha confirmado que ese mismo día llegó por registro de entrada a la conselleria. Pero Mónica Oltra afirmó en su comparecencia en las Cortes Valencianas que tuvo conocimiento de los hechos una semana después, el 4 de agosto, tras llegar a su casa una notificación del juzgado por su relación con el abusador.
El juez aborda esta cuestión en el auto por el que encausa a Molero, al que ha tenido acceso este periódico. "En definitiva resulta un hecho difícilmente controvertible que cuando desde la Dirección General se solicita a la Dirección Territorial que se abra un Expediente Informativo o Información Reservada sobre los hechos, los mismos se habían judicializado semanas antes y ello había sido debidamente comunicado", expone el instructor, el juez Vicente Ríos.
Por tanto, continúa, "se quiera admitir o no y en definitiva, se emprendió una investigación paralela a la que se estaba siguiendo, ya en ese momento, por el juzgado y debe ser esclarecido el motivo de tales actuaciones".
La cronología
El primer relato de la menor sobre los abusos se produjo en febrero de 2017 y se comunicó a la dirección del centro de menores donde residía poco después. La denuncia ante Fiscalía no llegó hasta cuatro meses después -ya en junio de 2017- y porque la menor se lo comunicó directamente a la Policía.
Este jueves se ha confirmado que la notificación del auto de medidas cautelares llegó por registro de entrada a la conselleria el 27 de julio y, según dijo Oltra en las Cortes Valencianas, a su casa una semana después, el 4 de agosto.
A partir de aquí, conselleria monta una investigación paralela a la judicial, que incluía hasta entrevistas o la práctica de una pericial sin ponerse en contacto con el juzgado. La conselleria no da ninguna credibilidad a la víctima y afirma que padece problemas de salud mental y está en tratamiento por TDH. El último de los informes lleva fecha de diciembre de 2017.
La sentencia que condenó al exmarido criticó "la hostilidad con que se describe a la menor" cuando se "alude a la información que extrae sobre la misma de la prueba documental, olvidando que era una niña de 14 años presuntamente abusada".
"Rosario de deficiencias"
Tras conocerse las nuevas citaciones, la portavoz del PP, María José Catalá, ha calificado de "insostenible" la situación de la vicepresidenta Oltra.
"Puig no puede seguir poniéndose de perfil. Es insostenible la situación de su número dos que hace mucho tiempo debería haber dimitido. Tanto por las nuevas imputaciones como por las contracciones de los testimonios, como por el rosario de las deficiencias que ha detectado el síndic de Greuges es necesario una comisión de investigación", ha añadido.
En este sentido, Catalá ha subrayado que "si la izquierda fuera coherente con todo lo que ha predicado y exigido durante tanto tiempo, no debería impedir esta comisión de investigación. Oltra debe asumir responsabilidades políticas y dimitir. Y si no, Puig debe tomar cartas en el asunto".