La Agencia Valenciana de Antifraude ha vuelto a cuestionar en un duro informe la gestión del Ayuntamiento de Valencia que lidera el alcalde Joan Ribó (Compromís) y el abuso de los pagos a través del procedimiento de enriquecimiento injusto. Se trata de un método administrativo opaco que evita una nueva contratación, elude la fiscalización y se ha convertido en habitual en las administraciones valencianas.
Esta vez, Antifraude ha cuestionado el pago sin concurso ni contrato de hasta 912.352 euros a la Fundación Amigó para prestar el servicio de atención integral familiar de protección internacional entre 2018 y 2021. Se trata de un proyecto que se remonta al año 2016 y que ofrece 20 plazas de viviendas semituteladas para migrantes
Según consta en la resolución, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Antifraude concluye que el Ayuntamiento pagó "sin cobertura jurídica contractual, recurriendo al procedimiento de enriquecimiento injusto", un total de "912.352,96 euros correspondientes a las tres anualidades siguientes".
En concreto, el Gobierno municipal abonó entre 2018 y 2019 un importe de 292.288 euros, en 2020 más de 527.000, y en 2021, 92.757. El director de la Agencia Antifraude, el abogado Joan Llinares, ha lamentado en su informe que el encargo se haya "realizado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".
En este sentido, el organismo pide al Ayuntamiento de Valencia que valore la depuración de "responsabilidades internas" y analice la procedencia de exigir "responsabilidades entre su personal". La Agencia ha dado al equipo de Ribó un plazo de tres meses para que diga si acepta las recomendaciones, "así como las personas que deben llevarlas a término".
La denuncia
La investigación arrancó a partir de una denuncia presentada en la Agencia en la que alertaba de irregularidades en los gastos realizados con motivo del servicio de atención integral familiar de protección internacional de Valencia.
Desde las elecciones de 2019, la concejala de Cooperación al Desarrollo y Migración es la socialista Maite Ibáñez. Su predecesora en el cargo fue Neus Fábregas, de València en Comú, la marca municipal de Podemos.
El informe de Antifraude recoge la moción que presentó el PSOE en un pleno municipal para justificar estos pagos. "Consideramos prioritario proporcionar un recurso de alojamiento transitorio que forme parte de un programa de intervención social de carácter integral. Es decir, además de alojamiento y manutención, es conveniente proporcionarles un acompañamiento por parte de personal técnico experto en intervención socia", defendió Ibáñez.
La Administración recurre a esta fórmula cuando no ha tramitado a tiempo la convocatoria de un nuevo concurso y, para que el servicio no se interrumpa, se paga a dedo y sigue adelante el mismo contratista.
En este caso, la investigación es muy crítica con la gestión municipal y lamenta la falta de colaboración con la Agencia Antifraude.
"Dos cuestiones se desprenden en la revisión de la documentación (...) la primera la falta de diligencia del servicio de cooperación al desarrollo y migración por cuanto facilita una información parcial e incorrectamente elaborada, tanto a la Agencia así como al servicio de Tesorería para que certifique la misma, de manera incorrecta".
Y la segunda, "la normalización del procedimiento del enriquecimiento injusto para gestionar y abonar unos servicios recurrentes y que requieren la tramitación del correspondiente expediente de contratación".
En este sentido, "se debe observar que el objetivo fundamental que sustenta el enriquecimiento injusto (o sin causa) es restablecer el desequilibrio patrimonial producido al tercero de buena fe que hubiera realizado la prestación acordada en un acto administrativo o resolución que, siendo en apariencia válido, es nulo de pleno derecho por ser contrario al ordenamiento jurídico en general o, en particular, a las reglas básicas del ordenamiento presupuestario que regulan la realización del gasto público".
'Uso abusivo'
Según Antifraude, "el carácter subsidiario y excepcional que, por naturaleza, "debe tener la acción de enriquecimiento no se cumple en el caso que nos ocupa" y denuncia su "uso abusivo".
"El uso abusivo del enriquecimiento injusto normaliza la huida de la legítima condición de contratista por los cauces legales (procedimientos de licitación con publicidad y concurrencia competitiva), y abre la puerta a los conflictos de intereses al legitimar pagos por encargo al margen de dichos cauces legales", subraya el informe.
"El hecho de mantener a la Fundación Amigó emitiendo facturas sin la cobertura contractual atenta contra el mercado de la libre competencia que siempre deriva en el perjuicio de otras entidades, y la sombra de duda que se genera al no tener la certeza de que se está prestando el servicio con arreglo a la mejor relación calidad/precio, criterio fundamental en la contratación pública", alerta.
Advertencias
De este forma, en los últimos años se han normalizado el pago de elevadísimas compensaciones económicas a quienes realizan prestaciones para las administraciones para evitar su empobrecimiento patrimonial y el enriquecimiento de la Administración. Solo la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, ha pagado desde 2016 más de 500 millones a través de este método.
En 2020, la Agencia Valenciana de Antifraude alertó en un informe de este crecimiento y elaboró una serie de recomendaciones. En concreto, la Agencia pidió "tomar conciencia del carácter excepcional del enriquecimiento injusto, pues solo así podremos frenar el uso abusivo de esta práctica que está sirviendo de antesala de algunos casos de corrupción".