El juzgado que investiga a los detenidos por los altercados registrados durante la concertación convocada en Valencia en apoyo al rapero Pablo Hasél, hace ahora un año, ha rechazado archivar las actuaciones judiciales y seguirá adelante con el caso.
Según recoge la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el juzgado mantiene las imputaciones por los desórdenes públicos, daños a vehículos policiales y mobiliario urbano. Además, varios agentes de la Policía Nacional resultaron heridos leves en el desarrollo del dispositivo de seguridad.
Al menos uno de los investigados ya ha trasladado a la Fiscalía de Valencia su intención de admitir los hechos y evitar la celebración del juicio a cambio de una rebaja de la condena. El resto prevé defenderse de las acusaciones durante la celebración de la vista oral, confirmaron a este periódico fuentes de las defensas.
A petición del Ministerio Fiscal, la causa se ha dividido en varias piezas separadas para agilizar la celebración del juicio. Al menos 11 funcionarios policiales constan como denunciantes y hay 8 personas investigadas.
Los hechos que se investigan tuvieron lugar la tarde del 18 de febrero de 2021 en Valencia. Ese día se produjeron cargas policiales en la capital contra manifestantes en apoyo a Hasél. Unas 300 personas se congregaron en la plaza de San Agustín y las cargas se produjeron ante la intención de manifestarse por el centro de la ciudad tras romper las barreras policiales.
La investigación judicial ha constatado que dicha concentración fue comunicada a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana. La Jefatura Superior de Policía de Valencia estableció "un dispositivo multidisciplinar en previsión de posibles incidentes".
La persona que comunicó la concentración "había solicitado la celebración de una concentración el día 16 de febrero de 2021 en la ciudad de Valencia, y al finalizar la misma, se habían originado distintos incidentes".
Ante la sospecha de que se volvieran a registrar disturbios, los agentes establecieron varias barreras policiales para evitar el paso de los manifestantes. Así se produjeron los altercados de la tarde del 18 de febrero en Valencia a partir de las cinco amenazas que logró sofocar la Policía, según el juez.
Negociación policial
El primer incidente se registró sobre las 19:30 horas. Varios responsables policiales "advirtieron que un gran número de las personas concentradas pretendían convertir la concentración en una manifestación, por lo que trataron de entrevistarse con los responsables de la misma y encontrar un recorrido consensuado e idóneo en condiciones de seguridad y menor riesgo para la convivencia con el resto de la ciudadanía".
Una parte pertinente de los concentrados, expone el instructor, "hizo entonces caso omiso a las instrucciones de los funcionarios del CNP y las barreras policiales fueron rebasadas". La negociación saltó por los aires.
Unos 20 minutos después, sobre las 19:50 horas, "un número no determinado de personas que procedían de la concentración y que rebasaron las barreras policiales, se encontraban en la calle de Guillem de Castro y colocaron contenedores en la calzada con el consiguiente riesgo para el tráfico rodado", pues "no se había interrumpido la circulación".
A partir de aquí, el indicativo policial identificó a una de las personas que había colocado los contenedores en la vía pública, una mujer de 33 años sin antecedentes penales. Las diligencias han revelado que la investigada "se revolvió contra los policías y, como sea que se opuso a ser identificada de forma activa, los citados agentes procedieron a reducirla".
Tras ponerle los grilletes, el juez relata que apareció en el lugar de la detención otro joven, nacido en Cali (Colombia) y sin antecedentes, y empujó al suelo a uno de los agentes mientras les gritaba "los iba a matar".
"Debido a su actitud con los agentes, otras personas que se encontraban en los jardines de la Calle Hospital comenzaron a lanzar piedras y naranjas a los policías allí presentes". El chico logró escapar.
Pero pocos minutos después, el investigado volvió a la zona "empuñando esta vez un manillar de bicicleta de hierro de color negro y se abalanzó sobre los agentes", dice el juez. La Policía logró reducirlo y, como consecuencia de estos hechos, un agente resultó herido leve.
Piedras y salvas al aire
Por otra parte, la documentación del juzgado recoge que otro grupo, en este caso de unas 20 personas, se situó en el jardín central de la Avenida Fernando El Católico, junto al edificio de la Jefatura Superior de Policía en la Comunidad Valenciana. Desde allí "lanzaron piedras a los agentes, pero como estos se acercaron al grupo sus integrantes" emprendieron la huida.
Los agentes lograron detener en a dos de los autores, de 23 y 29 años y sin antecedentes penales, que previamente habían lanzado piedras a los funcionarios. Varios vehículos de la Policía resultaron dañados.
Además, el juzgado ha confirmado otro grupo, compuesto por 60 personas, "se disgregó de la concentración rebasando las barreras policiales y se dirigieron por la Calle Periodista Azzati hacia la Plaza del Ayuntamiento".
En los hechos intervino un indicativo de las Unidades de Intervención Policial (UIP), "llegando los funcionarios de policía a disparar salvas al aire". Entre el grupo de personas se encontraba otro de los investigados, nacido en 1986 y sin antecedentes, quien habría animado a los manifestantes a lanzar objetos contra los agentes.
"El investigado hizo caso omiso a las ordenes de los agentes y, de resultas de su acción, los allí congregados se dirigieron a gritos hacia los policías ante lo cual los funcionarios procedieron a su detención", explica el juzgado.
Cuando le hicieron subir a una de las furgonetas policiales, "las personas allí congregadas continuaban gritando contra los agentes, llegando incluso al contacto físico para entorpecer su actuación situación que se prolongó hasta la llegada del indicativo", añade.
Como consecuencia de estos hechos, otro agente resultó herido "con lesiones consistentes en traumatismo en la zona olécranon izquierdo fruto del lanzamiento de un adoquín" y se registraron daños "considerables" en un vehículo policial.
La Policía tuvo que sofocar una cuarta amenaza esa tarde en Valencia. Según las actuaciones judiciales, sobre las 20:15 horas y en la confluencia de las Calles Convento Jerusalén y Matemático Maizal, otro grupo de personas "comenzaron a lanzar botellas y piedras" a los vehículos policiales tras cortar la calle.
Tras la llegada de los refuerzos policiales, el grupo emprendió la huida y la Policía logró detener a una de las integrantes, nacida en 1999 y sin antecedentes, en la Estación del Norte de Valencia. En un primer momento, la investigada "se quitó lo grilletes" y se "dio a la fuga, siendo interceptada metros después". Otro agente resultó herido tras esta detención.
Barricadas
Hubo un quinto altercado que se produjo en la Calle Jesús de Valencia mientras se sucedían el resto de hechos. En torno a las 20:10 horas, "un grupo de personas acababa de colocar varias barricadas haciendo uso de contenedores así como seis o siete vallas y trataban de prender fuego a los mismos".
Un vehículo policial se detuvo frente a la barricada y los congregados "comenzaron a arrojarles piedras, adoquines y demás restos de obra de un contenedor de escombros que se encontraba en la vía". En ese momento, otro de los detenidos, de 38 años y con antecedentes, "lanzó un adoquín que golpeó contra un inspector". Otros dos agentes fueron "apedreados", pero superaron la barricada y procedieron a su detención.
Además, una patrulla se dispuso a dispersar a las personas que estaban provocando daños sobre el mobiliario urbano. En ese momento se produjo la sexta amenaza, cuando "un grupo de encapuchados" cogió piedras de otro contenedor de obra para arrojarlas contra los agentes. Otro hombre, nacido en 1985 y con antecedentes, fue detenido.
El dispositivo policial fue muy criticado por distintos partidos de la izquierda valenciana, fundamentalmente Compromís y Podemos. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, calificó el "desproporcionada" la actuación de las unidades policiales y advirtió que estos dispositivos generan "crispación social de forma gratuita". Mientras, la vicealcaldesa portavoz socialista, Sandra Gómez, pidió a la Policía Nacional una investigación interna y responsabilidades.
El diputado nacional de Compromís, Joan Baldoví, se unió a las críticas y la coalición denunció la agresión por parte de un agente a su diputado autonómico, Carles Esteve.
La investigación
La investigación está pendiente ahora de la declaración de varios testigos y policías que participaron en el operativo, apuntaron este lunes fuentes judiciales. En el último año, el juzgado ha solicitado las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en edificios públicos para incluirlas como prueba en el procedimiento.
El juez ha constatado que la concentración comunicada a la Delegación del Gobierno transcurrió "con absoluta normalidad hasta que en un momento determinado una parte de las personas que allí se había concentrado decidieron convertir dicha concentración en una manifestación".
"A partir de dicho momento nos hallamos ante cinco situaciones bien diferenciadas y por lo que afecta a la presente resolución, a cinco escenarios distintos en los que cabe enmarcar los hechos penalmente relevantes atribuidos a los distintos investigados", mantiene el instructor.