La historia de Maite como menor tutelada es de sobra conocida. El educador y exmarido de Mónica Oltra, Luis Eduardo Ramírez Icardi, abusó sexualmente de ella en el centro donde vivía. La Administración falló en la protección de esta joven, y según denuncia ella misma, tampoco está cumpliendo con el deber de acompañarla en su emancipación.
Embarazada y a punto de cumplir 20 años, Maite pide donaciones en las redes sociales para dejar de dormir en habitaciones prestadas o en la calle con su pareja y su primer hijo. En la actualidad, afortunadamente, sí reside en una casa junto a su prima. Preguntada al respecto por EL ESPAÑOL, revela una circunstancia muy llamativa: ni siquiera está percibiendo la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) a la que tiene prioridad como extutelada.
Se trata de la medida estrella de la Conselleria de Igualdad que dirige, precisamente, Mónica Oltra. La líder de Compromís mejoró esta prestación heredada del PP y la dotó de un presupuesto muy superior (235 millones en la actualidad) para extenderla hasta alrededor de 76.000 beneficiarios en la Comunidad Valenciana.
Es una suerte de Ingreso Mínimo Vital previo al impulsado por el Gobierno de España, y está ideado para dotar de independencia económica a las personas más vulnerables. Como tales, los menores tutelados son uno de los colectivos prioritarios para acceder a esta ayuda cuando cumplen la mayoría de edad.
¿Cómo es entonces posible que Maite, un caso tan flagrante de desamparo por parte de la Administración que debía protegerla, no haya accedido a esa ayuda? Igualdad confirma que, en efecto, no se encuentra entre las beneficiarias pese a que cumplió los 18 hace cerca de dos años. "A la conselleria le consta que la va a tramitar. Como extutelada tiene derecho a percibirla", indicó el departamento de Oltra a EL ESPAÑOL.
Maite, en cambio, sostiene que ya ha solicitado esta renta sin éxito "hasta cuatro veces". "Siempre me la rechazan con algún tipo de excusa", asegura. Y añade otra acusación contra Igualdad. "Ahora quieren quitarme a mis hijos. Las asistentas sociales de la Generalitat están muy encima de mí. Ya me han amenazado varias veces", asegura. Desde Igualdad, en cambio, manifiestan que no se ha iniciado ningún procedimiento para retirarle la tutela de los bebés, el que ya tiene y el que está por nacer.
Ante la difícil situación en la que se encuentra, la joven ha abierto varios perfiles en redes sociales en los que solicita ayuda. También la pide directamente por WhatsApp a sus contactos. "He hecho un vídeo para ver si alguien nos puede ayudar a recolectar para tener dónde dormir y comer esta semana, porque llevamos dos noches en la calle con el nene y estamos muy cansados y él, constipado", envió una madrugada reciente. "No tenemos dónde dormir y hace frío", insistía.
La joven se encuentra en estos momentos igual que hace justo un año: embarazada y sin un hogar para su hijo -el segundo-. Entonces sí movió ficha la Generalitat Valenciana. Le proporcionó una "solución habitacional", según trasladó a este periódico.
"Era un centro para mujeres maltratadas en el que solo podíamos estar el niño y yo. El padre, pese a ser también tutelado, no podía entrar. Él tenía que seguir durmiendo en la calle", explica. "Fue por eso que nos fuimos. Y también porque, según me asesoraron, seguir allí era darle un argumento a la Generalitat para que me quitaran al niño. Era importante tener algo fuera por nuestra cuenta", relata.
En manos de la ultraderecha
Maite cayó entonces en manos de la extrema derecha, que no dudó en aprovechar su vulnerabilidad para obtener rédito político. Contó pronto con el apoyo económico y jurídico de José Luis Roberto, el autodenominado "fascista" que lidera la formación ultra España 2000. Le brindó alojamiento en varias ocasiones y asumió su representación en los tribunales. Reclamó en su nombre una indemnización de 240.000 euros por los abusos sexuales sufridos e inició un proceso que avanza en el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia. Ya cuenta con 13 imputados de Igualdad.
Este caso analiza la "investigación paralela" o "parajudicial" que, según deslizaban las sentencias contra el educador, habría impulsado la Generalitat para eludir su responsabilidad en lugar de proteger a la menor. De hecho, los dos informes sobre los abusos -que Oltra reconoce haber encargado personalmente- desacreditaron a Maite. No creyeron su versión sobre los hechos, como sí hizo la Fiscalía.
También apoyó a la joven la fundadora de Vox Cristina Seguí. Esta "polemista" de extrema derecha fue una de las impulsoras de un acto en el Ateneo Mercantil de Valencia para recaudar fondos a favor de la chica. Su plataforma, Gobiérnate, también inició acciones legales y está personada en el caso contra Igualdad. Tanto ella como José Luis Roberto alardean de abanderarlo y atacan a Mónica Oltra con la información privilegiada de la que disponen.
La vicepresidenta valenciana, sin embargo, aprovecha la presencia de estos actores para tildar la causa de "ataque de la extrema derecha" contra ella. Con tamaña simplificación obvia el legítimo derecho de la joven a reclamar responsabilidades por los abusos sexuales que sufrió cuando era una menor tutelada por la Generalitat Valenciana. Máxime cuando las sentencias contra el abusador -condenado a 5 años de cárcel- deslizan que el departamento de Mónica Oltra, lejos de protegerla, maniobró para "aminorar" sus posibles responsabilidades.
Sobre el proceso judicial, Maite lamenta estar "desinformada". "Ni siquiera me cuentan lo que pasa en los juicios", resume, y revela que se está planteando "cambiar de abogado" por fricciones con José Luis Roberto.
La joven evita la crítica directa a los ultras que la han apoyado, si bien afirma que "no se han cumplido algunas promesas, como la de Seguí de ir a Madrid a encontrar un trabajo y tener ayudas de la Comunidad". La presidenta de Gobiérnate, tras leer este artículo, negó la afirmación de la joven y subrayó que sí existe una oferta firme para trasladarla a la capital de España.
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