El juzgado de Valencia que investiga si la Conselleria de Igualdad montó una investigación paralela sobre los abusos sexuales del exmarido de la vicepresidenta, Mónica Oltra, a una menor tutelada, ha movido ficha contra ella.
El juez ha pedido al gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que recopile las últimas declaraciones públicas de la líder de Compromís en las que confirma que ella encargó en agosto de 2017 la elaboración de dicho informe "parajudicial", según estimó la Audiencia de Valencia.
Según consta en la diligencia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el magistrado instructor, Vicente Ríos, requiere al equipo de prensa "a fin de que aporte, para su unión a la causa, las informaciones publicadas ayer 7 de marzo de 2022 respecto a lo declarado por la honorable Mónica Oltra Jarque, vicepresidenta y consellera de Igualdad".
Asimismo, pide que pregunte a los medios de comunicación si guardan la grabación de las declaraciones y "en caso afirmativo pudieran ponerlas a disposición de este juzgado".
Este lunes, Oltra insistió en que esta investigación forma parte de "la cacería política" contra su persona por parte de "la extrema derecha" y al respecto advirtió: "Si me quieren a mí, me tienen a mí, pero que dejen a los funcionarios en paz".
"Yo encargué el expediente, que es como se funciona en la Administración, lo he explicado una vez, 50 y 50.000 si hace falta, pero que dejen a los funcionarios vivir que no se merecen que cuestionen su profesionalidad y su trayectoria y la situación en las que les ponen a ellos y sus familias", dijo la consellera.
Por otra parte, el juez Ríos también ha solicitado al Instituto Espill que "a la mayor brevedad, informe de la cantidad facturada a la Dirección Territorial de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas por la elaboración de informe psicológico" de la víctima de Luis Eduardo Ramírez, condenado a cinco años de prisión por estos hechos.
Orden de alejamiento
La investigación abierta a raíz de la denuncia presentada por la menor tutelada ha dado un vuelco después de que el juzgado tuviera conocimiento de que la conselleria recibió una notificación del juzgado en la que informaba de la orden de alejamiento impuesta a Ramírez.
El juzgado ha encausado en este procedimiento a la directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero. La alto cargo tendrá que declarar el próximo 23 de marzo tras constatar el juez que encargó la elaboración del expediente confidencial que acabó desacreditando el testimonio de la menor cuando el juzgado ya investigaba a la pareja de la líder de Compromís. De ahí que el magistrado se haya interesado ahora por las últimas declaraciones públicas de Oltra en las que confrima que la orden partió de ella.
El juez ya abordó la investigación paralela de la Generalitat en el auto por el que imputaba a Molero. "En definitiva resulta un hecho difícilmente controvertible que cuando desde la Dirección General se solicita a la Dirección Territorial que se abra un Expediente Informativo o Información Reservada sobre los hechos, los mismos se habían judicializado semanas antes y ello había sido debidamente comunicado", expuso el instructor.
Por tanto, dijo el juez Ríos, "se quiera admitir o no y en definitiva, se emprendió una investigación paralela a la que se estaba siguiendo, ya en ese momento, por el juzgado y debe ser esclarecido el motivo de tales actuaciones".
La cronología
El primer relato de la menor sobre los abusos se produjo en febrero de 2017 y se comunicó a la dirección del centro de menores donde residía poco después. La denuncia ante Fiscalía no llegó hasta cuatro meses después -ya en junio de 2017- y porque la menor se lo comunicó directamente a la Policía.
La investigación judicial ha confirmado que la notificación del auto de medidas cautelares llegó por registro de entrada a la conselleria el 27 de julio y, según dijo Oltra en las Cortes Valencianas, a su casa una semana después, el 4 de agosto.
A partir de aquí, conselleria monta una investigación paralela a la judicial, que incluía hasta entrevistas o la práctica de una pericial sin ponerse en contacto con el juzgado. La conselleria no dio ninguna credibilidad a la víctima y destacó que padece problemas de salud mental y está en tratamiento por TDH. El último de los informes lleva fecha de diciembre de 2017.
La sentencia que condenó al exmarido criticó "la hostilidad con que se describe a la menor" cuando se "alude a la información que extrae sobre la misma de la prueba documental, olvidando que era una niña de 14 años presuntamente abusada".
Comisión de investigación
Este martes, el PP ha presentado un escrito en las Cortes Valencianas en el que pide que se incorpore a la investigación sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica los casos "de los menores tutelados por las administraciones públicas y el papel de los poderes públicos".
La semana pasada, la síndica del PP en el Parlamento valenciano, María José Catalá, reiteró que la situación de Oltra es "insostenible". La dirigente aseguró que "si la izquierda fuera coherente con todo lo que ha predicado y exigido durante tanto tiempo, no debería impedir esta comisión de investigación. Oltra debe asumir responsabilidades políticas y dimitir. Y si no, Puig debe tomar cartas en el asunto".
Ningún juzgado ordinario puede imputar a Oltra porque, al ser diputada autonómica, mantiene los priviligeios jurisdiccionales del aforamiento. En el caso de que el juez Ríos detecte indicios de delito en su actuación, el caso pasará al TSJ valenciano.