El Gobierno quiere que Felipe VI dé su visto bueno a una reforma de la Corona con acuerdo del PP

Ahora, ya no hay ninguna investigación abierta contra el anterior jefe del Estado y el Gobierno sigue pendiente de que sea Zarzuela quien quiera impulsar esos cambios. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo explican que han surgido cambios en el contexto político que dificultan su puesta en marcha.

El primero de esos cambios es la guerra de Ucrania, que acapara toda la atención del Ejecutivo. En segundo lugar, está el vacío en el PP tras la caída de Pablo Casado. Hay que esperar al congreso que entronizará en abril a Alberto Núñez Feijóo como líder de la oposición y, por tanto, como interlocutor del Gobierno para temas de Estado como es el caso del futuro de la monarquía.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la portavoz, Isabel Rodríguez, han eludido este martes responder públicamente a la necesidad de llevar a cabo tales reformas. Sin embargo, desde el inicio del proceso la opinión del Gobierno ha sido la de la necesidad de abordar las reformas para mejorar el funcionamiento y la transparencia de la Corona, y esa situación se mantiene inalterable. El único matiz es el citado de la guerra y el de la falta de liderazgo en el PP. 

El propio Pedro Sánchez defendió esta opción en diciembre de 2020, aunque luego ha evitado repetirlo.

En el catálogo de alternativas que preparó la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, se incluye la posibilidad de impulsar un proyecto de ley orgánica que modifique la ley del Poder Judicial para eliminar la inviolabilidad del jefe de Estado para actos no referidos al ejercicio de su cargo.

Esa opción incluye un informe de la Abogacía del Estado que concluye que es posible matizar la previsión constitucional con una ley orgánica. También hubo consulta al Consejo de Estado.

El catálogo incluye también la posibilidad de aprobar otras medidas de transparencia mediante decretos ley aprobados por el Consejo de Ministros. También en este punto hay diferentes opciones, como la de elevar el rango legal del código interno de la Familia Real promulgado por Felipe VI al llegar a su cargo o la de incluir a sus miembros en algunas de las regulaciones ya establecidas para altos cargos de la Administración del Estado y la de otorgar más competencias al Tribunal de Cuentas para fiscalizar la institución.

Fuentes del Gobierno aseguran que el trabajo está ya hecho y el proceso para aprobar la reforma se activaría inmediatamente si así lo pide Zarzuela y, en todo caso, con visto bueno del PP, por ser un tema de Estado y para garantizar su rápida aprobación sin sobresaltos en el Congreso y el Senado.

No se contempla la modificación de la Constitución en el capítulo referido a la Corona, por la complicación del proceso que incluiría la disolución de las Cortes y la celebración de un referéndum.