El 6 de julio de 2017, la Fiscalía de Menores puso en conocimiento del equipo de la vicepresidenta valenciana y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, la denuncia contra su exmarido por abusos sexuales a una menor tutelada; esto es, un mes antes de la fecha que ella reconoce (4 de agosto).
La víctima ya había comunicado estos hechos a los responsables del centro en el que residía en febrero de 2017. Y según consta en la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, incluida en la investigación por abusos contra Luis Eduardo Ramírez, exmarido de Oltra, la primera comunicación entre el Ministerio Público y la Generalitat Valenciana lleva fecha de 6 de julio de ese año. En ella, pregunta por qué no se ha dado traslado de la denuncia a la Fiscalía de Menores. La Conselleria de Igualdad no respondió.
Extracto del informe de Fiscalía en el que se detallan las comunicaciones con conselleria.
Hasta ahora, Oltra ha defendido que tuvo constancia de los hechos el 4 de agosto por una notificación que llegó a su casa por su relación con el abusador. Así lo aseguró en sede parlamentaria y es la declaración a la que se remite cuando es preguntada por este asunto. Sin embargo, su equipo recibió la primera advertencia el 6 de julio y estaba al tanto de la situación, pero ni el centro de menores ni la propia Administración comunicaron los abusos a la Fiscalía al considerar que el relato de la niña carecía de toda credibilidad.
Días después, el 14 de julio y “ante la falta de contestación”, la Fiscalía envió otro requerimiento que tampoco recibió respuesta. Tras el silencio de la Administración, el Ministerio Público Fiscalía siguió adelante con el procedimiento y presentó la denuncia. Un día después, el 28, el juzgado acordó la orden de alejamiento.
Igualdad no respondió a la primera petición de información hasta el 14 de agosto, justo después de ordenar la apertura de una investigación paralela. En esa notificación se justifica por no comunicar los hechos desde el mismo momento en el que la menor habla de los abusos con la directora del centro de acogida.
“Respecto a los motivos por los cuales no se comunicó a esa fiscalía de la incidencia ocurrida el pasado mes de febrero fue que, tras notificar la directora al centro de lo ocurrido y asegurar haber establecido los protocolos, no se aprecia ningún indicio a partir del cual poder determinar que lo manifestado por la adolescente hubiese ocurrido realmente, no se consideró necesario realizar más actuaciones”, recoge el escrito.
"No existe evidencia"
La siguiente comunicación de la Conselleria a la Fiscalía lleva fecha de 1 de diciembre de 2017. El equipo de Oltra remitió las conclusiones del expediente paralelo abierto e informó expresamente de que "no existe evidencia de la comisión de la conducta mencionada". Llega a esta conclusión tras un informe elaborado por Espill, una entidad que trabaja habitualmente en estos casos por encargo de Igualdad.
Notificación de conselleria a Fiscalía, en diciembre de 2017.
El 22 de diciembre, la Fiscalía de Menores emitió un decreto en el que se da por enterada y pide que se libre “oficio al servicio de atención psicológica a menores víctimas de abusos sexuales y menores, para que remitan a esta Fiscalía el informe realizado”.
Respuesta de la fiscal a la conselleria tras recibir el expediente confidencial.
La Fiscalía no incluyó el informe de Espill que envió la conselleria como prueba en la vista oral contra Ramírez y fue uno de los motivos por los que el juicio tuvo que repetirse de manera parcial. En junio de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ordenó que se celebrará otra sesión en la que se valorara las conclusiones de Espill.
En la repetición se confrontó este análisis con el de la forense del Instituto de Medicina Legal que examinó a la menor y sí creía en su versión. El tribunal, el mismo que juzgó a Ramírez en el primer juicio, volvió a condenarle al hacer suyas las conclusiones del Instituto de Medicina Legal.
El baile de fechas, más allá de la investigación penal en marcha y la repercusión que pueda tener en la instrucción, es importante para determinar hasta qué punto una menor tutelada por la Generalitat estuvo declarando sobre estos hechos sin control judicial ni asesoramiento legal.
El juez se ha interesado por las contradicciones que reflejan las fechas en los últimos interrogatorios. Los investigados han restado importancia a esta circunstancia tras alegar que las comunicaciones se tramitaron en periodo estival y de vacaciones, según han matizado a este periódico fuentes conocedoras de los testimonios.
La investigación
Este miércoles se retoma en la Ciudad de la Justicia de Valencia la ronda de interrogatorios a los investigados para determinar si hubo negligencia en la actuación de Igualdad. Por el momento hay 13 personas investigadas entre funcionarios y altos cargos.
La declaración más esperada de hoy es la de la directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero. El juzgado citó a Molero después de que los investigados la señalaran como la responsable del expediente confidencial.
La vicepresidenta Oltra junto a la directora general, Rosa Molero.
De los interrogatorios practicados hasta ahora se desprenden multitud de irregularidades en la confección y preparación de la información interna. No obstante, el juzgado deberá determinar si estas conductas encajan en un tipo penal y son suficientes para continuar con el caso abierto.
La nueva documentación que sale ahora a la luz es de consideración por dos motivos. Por una parte, aclara que la Fiscalía de Menores tuvo conocimiento del informe paralelo que cuestionaba el testimonio de la víctima en 2017 pese a que no se incluyó en el primer juicio y tuvo que volver a celebrarse. Y por otra, que el equipo de Oltra y el propio centro estaban informados puntualmente de los graves hechos que se atribuían a Ramírez desde el inicio.
Desde el entorno de Compromís confían en que el asunto acabe archivado. Subrayan que la Administración puede ordenar la apertura de este tipo de expedientes confidenciales cuando lo considere oportuno y ponen en valor las conclusiones del informe de Espill que dio poca credibilidad a la menor.
El papel de Oltra
Antes de conocer la imputación de su directora general, la vicepresidenta y líder de Compromís reiteró que ella misma encargó el 8 de agosto de 2017 la apertura del expediente con una finalidad informativa.
Según Oltra, se hizo "para saber qué actuaciones se habían realizado, por qué no se había derivado la presunta víctima a Espill; por qué no se le había hecho la atención psicológica de tratamiento que hacía falta". Todo eso "se concreta en un informe, que es como se hacen las cosas en la Administración".
En cambio, en el último auto en el que acuerda las nuevas imputaciones, el juez ha manifestado que este expediente "no se orientó a ninguna de las
finalidades antedichas" y ha incluido en la causa las declaraciones de Oltra. La vicepresidenta valenciana está aforada y ningún juez ordinario puede tomarle declaración.
Este martes se conoció que el juez ha rechazado el sobreseimiento solicitado por dos de las imputadas en el procedimiento: la actual directora territorial de la Conselleria de Igualdad, Carmen Fenollosa, y una psicóloga.
Así se desprende de la resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que el juez acuerda que no ha lugar al archivo provisional al estimar que esta petición es "prematura". La Fiscalía también mostró su oposición al sobreseimiento de las actuaciones.
Al respecto, el juez agrega que en este asunto ni siquiera se ha terminado de practicar la actividad investigadora "más elemental" para poder precisar los hechos acaecidos y "muy especialmente" qué papel tuvo o no en los mismos cada uno de los investigados.
Carmen Fenollosa presentó la pasada semana un escrito en el juzgado para aclarar las fechas en las que se notificó al departamento público las actuaciones judiciales contra el ya condenado. La investigada defendió que el expediente informativo que abrió Conselleria sobre la investigación al exmarido de Oltra se tramitó "correctamente". Insistió en que Igualdad recibió la notificación de la investigación judicial en agosto.