Las familias valencianas que asumen el cuidado de los menores tutelados por la Administración autonómica están desesperadas, al límite. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, dirigida por la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra, lleva tres meses sin abonar la prestación económica que sirve de ayuda para la adquisición de alimentos por un "problema informático".
Así lo ha trasladado la propia conselleria a las familias afectadas a través de un correo electrónico en el que atribuye los retrasos a problemas en el desarrollo de una nueva aplicación informática que permitirá cotejar datos. En la actualidad, hay más de 4.000 menores tutelados por la Generalitat y alrededor de 2.000 familias de acogida.
"Nos dijeron que a finales de marzo el problema informático estaría solventado, pero lo cierto es que acaba el mes y seguimos sin recibir la prestación", apuntan a EL ESPAÑOL desde Afevac, la Asociación de Familias Educadoras de Valencia, Alicante y Castellón.
"Con el cambio del año siempre hay una demora. Se había corregido bastante este problema, pues pasamos de un retraso de seis meses a dos. Pero este año, por la nueva herramienta informática, se están volviendo a generar importantes retrasos", añaden.
El acogimiento familiar es una medida de protección que produce la plena integración de un menor de edad con una persona o núcleo familiar que al asumir su guarda adquiere la obligación de velar por ella, tenerla en su compañía, alimentarla, educarla y procurarle una formación integral.
Con el fin de que el acogimiento se desarrolle de forma satisfactoria, se ofrecen una serie de apoyos técnicos o humanos y, una prestación económica por los gastos ocasionados por el cuidado y atención del menor acogido. La cuantía de estas prestaciones varía según el tipo de acogimiento de que se trate (urgencia, en familia extensa o educadora, acogimiento especializado) y su duración.
Hace justo un año, en marzo de 2021, Oltra impulsó la aprobación de un nuevo decreto que regula desde entonces el acogimiento familiar en la Comunidad Valenciana. Esta normativa simplifica los procedimientos para la obtención de subvenciones y establece las modalidades de acogida. "Las prestaciones económicas tienen una consideración de Derecho subjetivo", defendió tras su aprobación.
Así, respecto a las prestaciones económicas que reciben las familias, la nueva norma iba a simplificar el procedimiento administrativo para agilizar su tramitación al suprimir la necesidad de resolver individualmente de oficio, al inicio de cada ejercicio, la totalidad de las prestaciones económicas cuyo derecho ya se reconoció.
El decreto recoge y regula también el derecho a continuar percibiendo la prestación económica por las personas que adopten a los niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales que tienen en acogida. Pero su aplicación no está dando los resultados esperados. Al menos en los primeros meses del año.
"Esta vez ha sido un problema informático. Otras veces nos han dicho que el gasto no estaba contabilizado. La cuestión es que estamos a finales de marzo y seguimos sin recibir la prestación económica", afirma a esta redacción Amparo, miembro de una familia de acogida de Valencia.
Las familias denuncian que la situación es límite, pues los retrasos han coincidido con una subida histórica de los precios y la crisis generada por la invasión de Ucrania. "Si tienes solo un niño, puedes ir tirando. Pero hay familias con tres o cuatro menores a su cargo que llevan estos tres meses sin recibir la ayuda. Hoy en día está todo informatizado y esa excusa no nos vale", razona Amparo.
Críticas del síndic
El Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo valenciano) presentó este martes su informe anual de 2021, en el que destaca un dato llamativo. Del total de 1.772 quejas iniciadas sobre "organismos autonómicos", 1.066 fueron sobre la conselleria que dirige la líder de Compromís.
Se trata del 60,1% del total de las reclamaciones impulsadas contra la Generalitat Valenciana, presidida por Ximo Puig y gobernada en coalición por PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem. El siguiente departamento en el ranking de las protestas es la Conselleria de Sanidad, con 225 (12,7%), muy lejos de las cifras de Igualdad.
"No es normal que a esta alturas sigamos teniendo los atascos que tenemos" en la resolución de las ayudas, lamentó el Defensor del Pueblo valenciano, el socialista Ángel Luna.