La propuesta del juez Vicente Ríos, pidiendo la imputación de la vicepresidenta valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, por su gestión en el caso de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada, sacudió este viernes la política valenciana.
El magistrado ha solicitado formalmente al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que interrogue a la líder de Compromís al constatar indicios "racionales, serios y fundados" de un posible delito de encubrimiento y ha enviado una exposición razonada al Alto Tribunal valenciano en la que enumera los presuntos hechos delictivos que se le imputan.
El juez ha considerado que "se ha agotado la investigación en todo lo que ha sido posible sin dirigir el procedimiento contra la persona aforada, ni afectar sus derechos". Oltra mantiene es aforada, por lo que sería el TSJCV quien debería, si procede, tomarle declaración.
Esta investigación trata de determinar si Oltra y la dirección política de su Conselleria ocultaron durante meses el caso que afectaba a su exmarido, Luis Eduardo Ramírez, y montaron una investigación "parajudicial" para restar credibilidad al testimonio de Maite, la víctima de su exmarido, y convencerla para que no denunciara. Ramírez ha sido condenado a cinco años y su ingreso en prisión está pendiente de un último recurso presentado ante el Tribunal Supremo.
A partir de ahora, deberá ser el TSJCV el que se pronuncie sobre el futuro judicial de la vicepresidenta. En los próximos días, se designará a un ponente y se dará traslado del caso a la Fiscalía Superior. Una vez se cumpla con este trámite, la Sala de admisiones deberá valorar si sigue el procedimiento judicial contra Oltra y la cita como investigada. La decisión se conocerá en las próximas semanas.
La investigación del juez Ríos ha aflorado sombras en torno a la gestión de Mónica Oltra en centros de menores financiados con dinero público y las incidencias que allí se producen.
Según ha concluido el instructor, en "la Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas, se tenía conocimiento el día 21 de febrero de 2017 de la existencia de un posible abuso a una menor tutelada y acogida en el Centro Niño Jesús por parte de un
educador".
A continuación, subraya que existen "indicios de que en ningún momento existió una voluntad cierta de esclarecer los hechos penalmente relevantes repetidamente expuestos por la niña y atribuidos al marido de Mónica Oltra, a la sazón, consellera y, por tanto, responsable de la conselleria y superior, jerárquicamente de los funcionarios que tenían conocimiento de lo verbalizado por la niña".
De hecho, "a partir de que la dirección del centro e, inmediatamente después, los funcionarios de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, tuvieran conocimiento de los hechos y hasta que Ramírez fue repuesto a su trabajo, nadie preguntó a la niña sobre los presuntos abusos sufridos por la misma".
Reincorporación del marido
La exposición razonada del juez recoge que, tras estas primeras conversaciones entre la dirección del centro y la Conselleria, el 10 de marzo de 2017, la residencia de menores se pone en contacto con el marido de Oltra, según se dejó anotado en el cuaderno de incidencias.
En ese momento "se le informa que en la exploración realizada desde la conselleria no se ha visto ningún indicio" y se acuerda que se reincorpore en su turno la noche del domingo 12 de marzo de 2017.
"Es más: se le pide, cuándo ya se ha decidido su reincorporación al centro que presentara un documento con su relato en relación con los hechos comentados por Maite. ¿Para qué? ¿Por qué no antes cuándo se suponía que se estaban investigando los hechos?", se pregunta el juez.
Tan "sorprendente petición da lugar a otro no menos sorprendente documento, titulado Protocolos y modos de acción de los educadores de noche", confeccionado por el propio marido de Oltra. "Hola, Maribel. Aquí te envío lo que me pediste, espero que sirva, si no oriéntame en que debo resaltar o quitar. Un abrazo. Luis", recoge el correo intervenido en la investigación.
Luis Ramírez, exmarido de la vicepresidenta Oltra.
"Y de nada de lo relatado fue informada la Fiscalía de Menores, siquiera a efectos de constancia en el Expediente de Protección de la menor. Y, por ende, ante la supuesta inexistencia de indicio alguno —toda vez que se ignoraron los existentes y se omitió verificarlos— los hechos no fueron puestos en conocimiento ni de la Policía, ni de la Fiscalía, ni del Juzgado de Instrucción", reprocha el auto.
Así pues, reitera el juez, "no existió en sede de conselleria ninguna voluntad real de esclarecer los hechos, sino, por el contrario, de ocultarlos, con una mera apariencia de
actuaciones dirigidas a esclarecerlos".
"¿Cómo podían ser esclarecidos los hechos si jamás nadie preguntó a la niña sobre los mismos en el centro, ni en la conselleria? ¿Por qué la niña no fue derivada a un recurso especializado cuando este existía? ¿Por qué sin investigación alguna digna de merecer tal nombre se repone a un presunto abusador de una menor tutelada en un servicio al cuidado de menores?", se pregunta también el juez.
"Las preguntas se formulan a nivel meramente retórico y revelan una gestión por los profesionales a los que se viene aludiendo que se califica por si sola", dice la resolución. Todos, sin excepción, "eran profesionales experimentados y sobradamente cualificados para gestionar un asunto como el de los presuntos abusos sexuales a una menor" recuerda.
Reacciones
En el PSPV-PSOE cayó este viernes como un jarro de agua fría el movimiento del juez. El partido confiaba en que, tal y como Oltra viene defendiendo, la causa fuera archivada o, en el peor de los casos, continuara sin salpicar a la líder de Compromís. Pero el magistrado ha pedido con argumentos solventes su imputación al TSJCV.
Los socialistas temen que en las próximas semanas se produzca una imputación, porque la misma cambiaría por completo el escenario político actual a solo un año de las elecciones autonómicas. De ser "el Gobierno que ha levantado la hipoteca reputacional" de la Comunidad Valenciana, acudirían a las urnas con un asunto muy turbio sobre su gestión en los tribunales.
Hasta la fecha, los abusos sexuales del ex de Oltra a la menor tutelada resultaban una preocupación secundaria. Como en el caso de las subvenciones bajo sospecha recibidas por el hermano de Ximo Puig, el Ejecutivo se aferraba al cortafuegos de que ningún cargo de relevancia estaba directamente investigado en estas causas.
Pero la posible imputación de Mónica Oltra vuelca este escenario por completo. De pronto, el Govern del Botànic tendría a toda una vicepresidenta en el banquillo por, presuntamente, desacreditar a una menor víctima de abusos sexuales para "aminorar" la responsabilidad de la Conselleria de Igualdad.
"Hemos hecho de la ejemplaridad nuestra bandera, sería una situación muy delicada", advertía este viernes en privado un destacado socialista valenciano. Nadie pide todavía la dimisión de Oltra, pero tal posicionamiento "podría cambiar si finalmente la imputan", aseguraron.
La propia Oltra descartó este viernes dar un paso al lado. "No puede haber sentencia condenatoria porque no hay ninguna ilegalidad ni nada ilícito", dijo la vicepresidenta valenciana.
Compromís, en la misma línea, ha trasladado "el máximo apoyo, reconocimiento y cariño a su portavoz y vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra".
La coalición, además, ha insistido en "dejar patente" que el procedimiento en cuestión "parte de acciones de la extrema derecha, a las que lamentablemente está haciendo seguidismo a la derecha, en una deriva política inaceptable que tiene como único objetivo su desgaste personal y político". PP, Ciudadanos y Vox pidieron este viernes su dimisión.